Tras los atentados islamistas del 17-A, la sociedad catalana se ha hecho más permisiva con las armas. Antes la población veía un policía armado con un fusil por la calle y provocaba rechazo. Hoy, cinco años después, se admite y se ve como algo normal. Transmite a la ciudadanía sensación de seguridad. Así lo aseguran expertos y fuentes de los Mossos d’Esquadra, que han detectado un cambio sociológico tras la matanza del 17 de agosto de 2017, cuando Cataluña sufrió un doble atentado que acabó con la vida de 16 personas y dejó heridas a más de un centenar. Ya con el caso juzgado en la Audiencia Nacional, este miércoles se conmemora el aniversario de este suceso mientras las víctimas siguen denunciando el “sufrimiento silencioso” y el abandono al que se ven sometidos desde las administraciones.
A lo largo del día se celebrarán diversos actos en recuerdo a las víctimas en varias localidades catalanas. El programa se centrará en Barcelona, que sufrió el zarpazo de la violencia salafista aquel día de verano que nadie podrá olvidar. Durante el homenaje, unas 40 personas se han concentrado en las inmediaciones de La Rambla con carteles como ‘Reclamamos responsabilidades’ y ‘Queremos saber la verdad’, y han abucheado a las autoridades en distintos momentos de la ceremonia. Fuentes policiales aseguran que la protesta ha sido impulsada por grupos independentistas.
La sentencia, además de condenar a tres de los miembros de la célula terrorista a entre ocho y 53 años de prisión por su participación, reconoce a 350 personas como víctimas de los atentados por verse afectadas física y psicológicamente.
Sin embargo, muchas de ellas se enfrentan a la revictimización a través de la desinformación, ya que la gran mayoría no han sido contactadas para comunicarles el resultado de la sentencia, según denuncian las asociaciones de afectados por el terrorismo; y a las dificultades y piedras en el camino que suponen los trámites para ser reconocidos como víctimas y recibir una indemnización.
Todo empezó el 16 de agosto en Alcanar (Tarragona), donde una explosión en la casa en la que la célula preparaba los atentados y almacenaba explosivos precipitó la consecución de los actos terroristas, obligando a los implicados a ejecutar un plan a la desesperada.
Horas más tarde, en Barcelona, uno de los integrantes del grupo, Younes Abouyaaqoub, se puso al volante de una furgoneta conduciendo en zigzag para arrollar a los peatones desde la plaza Catalunya hasta la altura del Liceu. Logró acabar con la vida de 15 personas, entre ellas el chico al que le robó el coche para darse a la fuga.
Hacia las tres de la madrugada, otros cinco terroristas volvieron a causar el terror y atropellaron con un turismo a varias personas en Cambrils, causando un muerto y media decena de heridos, tras lo cual trataron de huir a pie por el paseo marítimo mientras mostraban chalecos con explosivos falsos.
Cuatro años después y tras un juicio que se alargó 32 sesiones, tres de los integrantes de la célula yihadista (Mohamed Houli, Driss Oukabir y Said Ben Iazza) fueron finalmente condenados a penas de 53, 46 y ocho años de cárcel por su colaboración, aunque se rebajó 10 años la pena de dos de ellos. Así, fueron declarados culpables por pertenencia a organización terrorista; tenencia, depósito y fabricación de sustancia o aparatos explosivos de carácter terrorista, entre otros tantos delitos.
Los atentados supusieron un trauma para la sociedad catalana. Cinco años después, muchas personas reconocen que cambiaron sus hábitos ante el miedo de que vuelva a producirse un ataque suicida como el que se produjo aquel día. El 17-A ha pasado a la triste historia contemporánea, igual que en su día ocurrió con el 11-M en Madrid.
