En respuesta a las denuncias presentadas por FACUA-Consumidores en Acción, el Ministerio de Consumo ha instaurado su primer proceso sancionador. La compañía bajo escrutinio es DQG Norte, AIE, la entidad organizadora del popular Reggaeton Beach Festival, que se celebra en varias ciudades de España.
FACUA llevó a cabo la denuncia ante las instancias autonómicas de protección al consumidor contra la empresa en cuestión, alegando que se estaba impidiendo el acceso a los locales del festival con alimentos y bebidas.
Ministerio de Consumo
Dado que las irregularidades afectan a distintas regiones, el Ministerio dirigido por Alberto Garzón ha asumido la competencia sancionadora otorgada mediante una reciente modificación de la ley general de defensa de los consumidores y usuarios. Esta reforma, que fue implementada en respuesta a las solicitudes presentadas por FACUA al inicio de la legislatura, brinda al Ministerio la autoridad para tomar medidas en casos de esta naturaleza.
La empresa sujeta al proceso sancionador ha impuesto una cláusula obligatoria que prohíbe expresamente la entrada al recinto del festival con alimentos o bebidas adquiridos fuera, permitiéndose el registro de los asistentes y, en ciertas circunstancias, la negación de acceso por esta razón.
No obstante, en cada uno de los festivales organizados se especifica que está permitida la entrada con ciertos tipos de alimentos y bebidas, como botellas de agua pequeñas, piezas de fruta, sándwiches o snacks empaquetados. Además, se establece en otra sección que no se admitirán bocadillos ni alimentos caseros envueltos en papel de aluminio o film transparente.
Sistema de pago mediante pulseras «cashless,»
El Ministerio de Consumo también se encuentra investigando otra práctica denunciada por FACUA en el Reggaeton Beach Festival: la imposición de un sistema de pago mediante pulseras «cashless», excluyendo el uso de dinero en efectivo. Además, se ha notado que la devolución y reembolso de cantidades restantes no se efectúan por montos inferiores a 2 euros, debido a costos de gestión de 1,5 euros. Estas acciones, según un comunicado emitido por Consumo, podrían constituir infracciones al ser consideradas como cláusulas abusivas.
Sanciones
Las sanciones previstas para tales infracciones pueden ser calificadas como graves o muy graves, y su penalización puede oscilar entre 10.001 y 100.000 euros en el caso de las primeras, y entre 100.001 y 1.000.000 de euros en el caso de las segundas.
En situaciones en las que las ganancias ilícitas obtenidas por las prácticas infractoras superen las sumas mencionadas anteriormente, las sanciones impuestas podrían aumentar hasta cuatro o seis veces el beneficio ilícito, en el caso de infracciones graves, y hasta seis u ocho veces en el caso de infracciones muy graves. Este recordatorio fue destacado por el Ministerio en su declaración oficial.
