Según se podía leer en la Orden SND/261/2020, publicada el 20 de marzo en el Boletín Oficial del Estado, el Ministerio de Justicia volvía a ser la autoridad máxima en todo el territorio nacional para gestionar en esta ocasión la crisis por la pandemia del COVID-19 en los juzgados de toda España.
“El Ministro de Justicia podrá constituir una Comisión de coordinación de la situación de crisis en orden a poder articular consensuadamente las medidas necesarias para el mantenimiento de los servicios esenciales en lo referente a la actividad profesional desarrollada por los miembros de los cuerpos de funcionarios a los que se refiere la presente orden y dar cumplimiento a las recomendaciones dictadas por el Ministerio de Sanidad”, añadía la orden.
Sin embargo, en la noche del mismo día en que se publicaba la Orden del Ministro de Sanidad, el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, negaba la evidencia y manifestaba en un comunicado que de ningún modo sus competencias constitucionales y legales habían sido disminuidas, recortadas o asumidas por el Ministro de Justicia.
“Dicha encomienda no interfiere en modo alguno en las competencias que constitucional y legalmente tiene atribuidas el Consejo General del Poder Judicial como órgano de gobierno de jueces y magistrados, competencias que, como es sabido, han venido siendo ejercidas por este órgano constitucional desde el inicio de la situación de emergencia provocada por el COVID-19, como se puso de manifiesto en el comunicado emitido por esta Comisión Permanente en el día de ayer, al que nos remitimos”, afirmaba la Comisión Permanente del CGPJ en su comunicado.
Al parecer, según fuentes cercanas al órgano de gobierno de los jueces, el error de interpretación de Lesmes negando lo que era evidente, se debió a la precipitación.
En la Comisión Permanente nadie se leyó la Orden del Ministro de Sanidad, y llegaron a la conclusión de que en ella “no se decía nada ni del Consejo General del Poder Judicial ni de la Fiscalía General del Estado”, cuando era evidente que sí que se decía.
Para que no cupiera ninguna duda de que la autoridad competente para la gestión en los juzgados del estado de alarma es ahora el Ministro de Justicia y no el CGPJ, se decía expresamente en la Orden dictada hace tres días por el Ministro de Sanidad que: “sin perjuicio de las consultas que puedan formularse al Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, una y otra institución acudirán a las reuniones de la Comisión a través del representante que estas designen, por considerarse necesario para poder coordinar adecuadamente las decisiones que se tomen en el ámbito de la Administración de Justicia en relación con los distintos colectivos implicados”.
