Son 22 los miembros que por el momento han firmado una declaración en el seno de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre la condena a la represión del Estado español contra el independentismo catalán.
Los firmantes representan a partidos de distintas ideologías, pertenecientes a 13 países diferentes, reclaman la retirada de las euroórdenes contra los exiliados y la apertura de una «negociación política activa» que garantice una resolución pacífica y dialogada del conflicto entre Cataluña y España.
La resolución subraya que es necesario hablar de todo, sin ninguna omisión, afectando también al tema de debate la autodeterminación y la amnistía.
Recuerdan además la resolución que ya fue aprobada por este órgano donde se señalaba la necesidad de cerrar la judicialización de las cuestiones políticas y profundizar en la vía política para la resolución de este conflicto.
Texto de la resolución
La resolución se titula: «El acoso contra los líderes políticos independentistas catalanes y los independentistas debe acabar» y dice así:
«Nosotros, los abajo firmantes, declaramos lo siguiente:
Estamos profundamente preocupados por la represión en curso desde 2017 contra los partidarios de la independencia.
El presidente catalán Puigdemont (eurodiputado electo) fue detenido recientemente en Italia, en el aeropuerto de Alghero, tras una orden de detención europea.
La estrategia judicial del Tribunal Supremo de España pone en peligro principios de solidaridad entre los miembros del espacio de la Unión Europea y vulnera los derechos humanos fundamentales. Ha fallado en Alemania, Bélgica, Escocia y, con suerte, en Italia.
La Asamblea Parlamentaria reconoció anteriormente que no se debe abusar de la extradición o el levantamiento irregular de inmunidades para silenciar iniciativas perturbadoras.
Además, debemos esforzarnos por proteger y promover el discurso no violento, por perturbador que sea, en la medida en que la criminalización solo exacerba la herida existente en detrimento de nuestros valores.
Por tanto, las instituciones europeas no deberían seguir evitando este debate, incluso sobre la autodeterminación, y deberían utilizar los medios disponibles para asegurar la representación parlamentaria.
Hacemos un llamado a las autoridades españolas para que retiren de inmediato las órdenes de detención europeas existentes y las órdenes de extradición contra todos los políticos catalanes en el exilio.
Animamos a que se lleve a cabo una amnistía para todas aquellas negociaciones políticas activas y hostigadas judicialmente, donde se encuentre una solución segura para cumplir con las aspiraciones de los catalanes, en línea con las recomendaciones elaboradas el pasado mes de junio por la Asamblea.»
