El Juzgado de lo Social número 1 de Toledo ha declarado la improcedencia del despido de una dependienta de frutería que, a pesar de tener un contrato de media jornada, trabajaba a tiempo completo sin el correspondiente registro horario.
La trabajadora fue despedida por la empresa alegando faltas de asistencia sin la debida autorización o causa justificada. Sin embargo, el tribunal determinó que la empresa no presentó pruebas suficientes para respaldar dicha afirmación y consideró que el despido carecía de fundamento.
En su sentencia, el juez ordenó a la empresa la readmisión inmediata de la dependienta y el pago de 5.450,41 euros en concepto de diferencias salariales, además de un 10 % de intereses sobre esa cantidad.
El despacho que representó a la trabajadora en este caso, explicó que su cliente realizaba jornadas de trabajo de 40 horas o incluso más, a pesar de contar con un contrato de media jornada. Además, la empresa no proporcionó los registros de jornada parcial que exige la ley, según lo estipulado en el Estatuto de los Trabajadores.
«La falta de registro de las horas trabajadas y la no presentación de los registros de jornada parcial por parte de la empresa evidencian claramente que nos encontramos ante un despido improcedente», aseguran desde el despacho de la trabajadora.
La abogada también señaló que el despido fue resultado de una discusión acalorada entre la trabajadora y su superior, después de que esta última le ordenara abandonar su puesto de trabajo sin previo aviso ni motivo justificado.
Además de la declaración de improcedencia del despido, la sentencia reveló que la empresa no cumplía con el pago de los salarios mensuales estipulados en las nóminas. Esto evidencia las dificultades y las condiciones insoportables en las que se trabajaba en el mercado laboral.
El caso de la dependienta de frutería despedida injustamente pone de manifiesto la importancia de respetar los derechos laborales de los trabajadores y cumplir con las obligaciones establecidas en la legislación vigente. La sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Toledo no solo protege los derechos de esta trabajadora en particular, sino que también establece un precedente significativo para garantizar la justicia en el ámbito laboral.
