Europa acaba de de zanjar la batalla entre taxistas y empresas VTC, un conflicto que viene de lejos y que ha dado lugar a diversas movilizaciones en el sector. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado este jueves que limitar el número de licencias de vehículos de turismo con conductor (VTC) en función de las que se otorguen a los servicios de taxi es contraria al derecho de la Unión Europea. De esta forma, considera que otorgar una licencia de VTC por cada 30 de taxi es contrario al derecho a la libertad de establecimiento.
“La exigencia de una autorización específica adicional y la limitación del número de licencias constituyen, ambas, restricciones al ejercicio de la libertad de establecimiento, pues la primera limita efectivamente el acceso al mercado a todo recién llegado y la segunda limita el número de prestadores de servicios de VTC establecidos en el AMB”, aseguran en un comunicado.
Restricciones controladas
Con todo, el alto tribunal europeo sí considera que puede resultar necesario exigir la obtención de una licencia adicional a la prevista a nivel nacional para asegurar la buena gestión del transporte, del tráfico y del espacio público y de la protección del medio ambiente.
En estos casos, el TJUE considera que las regulaciones del transporte sí que pueden establecer restricciones para proteger dichos “intereses generales”. Sin embargo, deja claro que debe existir una “proporcionalidad”, y es aquí donde ha indicado que falla la ratio de una licencia de VTC por cada 30 permisos para taxis.
El alto tribunal de Luxemburgo señala que “es posible adoptar medidas menos restrictivas para limitar el posible impacto de la flota de los VTC en el transporte, el tráfico y el espacio público en el área metropolitana de Barcelona”, poniendo como ejemplo “medidas de organización de los servicios de VTC, limitaciones de estos servicios durante determinadas franjas horarias o incluso restricciones de circulación en determinados espacios”.
No hay ayuda ilegal al taxi
Por otro lado, la sentencia descarta que haya ayuda pública ilegal hacia los taxis. “El Tribunal de Justicia, en primer lugar, considera que las dos medidas establecidas por la normativa nacional no parecen conferir ayudas de Estado a las empresas que prestan servicios de taxi”, señala, recalcando que no parece que haya “fondos estatales” implicados.
