El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha comunicado a la organización de consumidores Facua que se incluyó «por error» en el articulado del anteproyecto de ley de creación de la autoridad administrativa independiente de defensa del cliente financiero la tasa de 250 euros por reclamar irregularidades de la banca la paguen los usuarios.
Así, el departamento dirigido por Nadia Calviño señala en su comunicación a la asociación que «los servicios a los usuarios son gratuitos«. «Es cierto que en el articulado de la norma se recoge por error que la tasa la pagan las entidades financieras y los clientes, si bien os informamos oficialmente de que se trata de un error, como se constata en la exposición de motivos del [ante]proyecto de Ley«, continúa. Desde Economía han confirmado que dicha tasa la pagarán únicamente las entidades financieras objeto de las reclamaciones. «Detectado el fallo«, añade, «se informará del mismo a los órganos consultivos a los que se envió el proyecto de Ley para que lo tengan en cuenta«.
Hace unos días, la asociación de consumidores había denunciado que la disposición adicional primera del mencionado anteproyecto recogía como «sujetos pasivos» de la tasa «a las entidades financieras» y a «los clientes«, lo que podía suponer un grave obstáculo para que los usuarios reclamasen ciertas prácticas abusivas ya que hubieran tenido que hacer frente a una cantidad adicional sólo para poder defender sus derechos.
Desde la asociación de consumidores habían ya señalado, además, que la inclusión en esta tasa como sujetos pasivos a los usuarios entraba en contradicción con el resto del texto normativo, que en numerosas ocasiones indicaba la gratuidad de este sistema alternativo de resolución de conflictos. Así, la exposición de motivos del anteproyecto de ley indica que «la resolución de las reclamaciones por la Autoridad tiene importantes ventajas para los clientes financieros, teniendo su resolución carácter gratuito para el cliente«.
Ahora, el Ministerio de Asuntos Económicos ha confirmado que se eliminará a los clientes de dicho articulado y que la tasa de 250 euros sólo deberán pagarla las entidades financieras.
Cabe destacar que la redacción de la nueva normativa se da en un contexto en el que, según la Memoria de Reclamaciones de 2021 del Banco de España, las reclamaciones de los ciudadanos por malas prácticas bancarias aumentaron un 61% con respecto a 2020, lo que se explica en un alza de los abusos del sector durante los últimos tiempos.
Alegaciones al anteproyecto de ley
Junto al rechazo de la imposición de la tasa de los 250 euros como medio para poder reclamar a las entidades bancarias, FACUA también había rechazado otra serie de medidas que consideran “inadecuadas” al vulnerar derechos de los usuarios y consumidores.
Entre los puntos más cuestionados del anteproyecto de ley se encuentran el plazo máximo de un año para reclamar ante la Autoridad Independiente, el hecho de que sólo sean vinculantes las resoluciones por cuestiones económicas de menos de 20.000 euros, y que se pueda sancionar a los usuarios si interponen una reclamación en las que se aprecie «temeridad» o «mala fe«.
En este sentido, el Ministerio de Economía dirigido por Calviño ha aceptado solo una de las reivindicaciones de la asociación consumidores rechazando, de momento, las restantes.
