El aristócrata procesado y sus negocios con el PP

El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, ha decidido convertir las diligencias previas del “Caso Mascarillas” en procedimiento abreviado. Y, al mismo tiempo, propone el procesamiento de Alberto Luceño y Luis Medina por haber cometido delitos de estafa y falsedad documental al vender al Ayuntamiento de Madrid material sanitario de muy baja calidad a precios inflados durante la pandemia provocada por la COVID 19 y, con ello, haberse llevado “elevadas comisiones”.

Alberto Luceño dijo, en declaraciones durante la investigación judicial, que había recurrido a “gente cercana al alcalde José Luis Martínez Almeida”, entre otros a un primo suyo. Luis Medina es un empresario muy conocido en el mundo del famoseo por ser hijo de Naty Abascal y del duque de Feria. Se dice que mantiene muy buena relación con dirigentes del Partido Popular. El partido ha salido indemne de la causa a pesar de que existen sospechas de que conocían el alcance de esta operación de venta de material sanitario que el juez considera fraudulenta.

Según dice en el auto de conversión de procedimiento abreviado, el juez cree que Medina y Luceño ocultaron al Ayuntamiento su «nula experiencia en temas de material sanitario» y también «que habían inflado el precio de los contratos» de mascarillas, un 60 por ciento, de los guantes un 81%, y de los test en un 71%, «a causa de las elevadas comisiones que se llevaron».

El juez manifiesta en su auto que, “en el peor momento de la pandemia, cuando había miles de muertos por causa del coronavirus”, los ya procesados “urdieron un plan para obtener el mayor beneficio económico posible” a costa del Ayuntamiento. Un plan que consistía en la intermediación para la compra de grandes cantidades de material sanitario —mascarillas, guantes y test— de una empresa malaya”. En total se embolsaron 6 millones de euros.

Del Ayuntamiento critica su “laxitud en los controles de la contratación” pero, por lo demás, exculpa al consistorio de toda responsabilidad penal a pesar de que la responsable del departamento de compras, Elena Collado, declaró en calidad de testigo. El fiscal quería que lo hiciese como imputada de un delito de malversación y otro de prevaricación. El juez se negó. Se ha limitado a acusar a los dos principales protagonistas de esta historia.

Por lo tanto, de los asuntos judiciales que rodearon sucesos en Madrid durante el estado de alarma, que resultaron sospechosos por existir alguna irregularidad, sólo queda este de las mascarillas vendidas al Ayuntamiento y, tal vez el más importante, las responsabilidades que se pueden derivar de los llamados “protocolos de la vergüenza”, los correos electrónicos que firmaron altos cargos de la consejería de sanidad de la CAM de Isabel Díaz Ayuso el 18 de marzo de 2020 mediante los cuales se impedía el traslado a los hospitales de miles de ancianos enfermos en residencias muchos de los cuales fallecieron de la manera mas vergonzosa que puede tener un ser humano.

Como vergonzosa es la acción de Luceño y Medina. Dos empresarios que se enriquecieron a costa del sufrimiento de cientos de miles de madrileños que no pudieron protegerse adecuadamente de la pandemia. Pero no es de extrañar. Medina se llevó de esa operación más de un millón de euros con los que se compró un velero para navegar por el Mediterráneo que, posteriormente, fue embargado. El se encargó de contactar con el Ayuntamiento para “vender” la operación. Luceño se encargaría de ejecutarla.

¿Con quién contactó Medina en el Ayuntamiento para proponer la compra de ese material sanitario de muy baja calidad? No ha quedado claro del todo. Durante la fase de instrucción se han dicho muchas cosas. Entre otras, que si medió un primo del alcalde, José Luis Martínez Almeida, que si Almeida dio ordenes expresas a la encargada del servicio de compras, Elena Collado, cuya participación no ha quedado esclarecida… Muchos interrogantes en los que el juez no ha querido entrar. Veremos qué ocurre durante el juicio.

Lo que sí parece comprobado, según el juez, es que Medina utilizó “sus influencias”. Se mueve muy bien por los mundos del famoseo, la empresa y la alta política. Conoce los despachos de Génova. Hacienda sospecha que cuando estalló el “Caso Mascarillas” recibió un chivatazo que le permitió llevarse todo su dinero al extranjero. Su cuenta corriente, según el juzgado, tiene un saldo de 250 euros.

Medina se ha dedicado, durante casi toda su vida, al mundo de la moda. Es administrador de varias empresas, entre ellas Sextante Trade Desk que se dedica a la intermediación del comercio de objetos diversos. También se le relaciona con varias sociedades y holdings como Azulalia Essential S.L, Gekko Partners S.L -como administrador único de ambas- y Nabain S.L., donde dejó de ser administrador único en 2018, cargo en el que ahora figura su madre, Natividad Abascal Romero-Toro, el nombre real de su madre Naty Abascal. Todas ellas dedicadas a la industria de la moda. De hecho, Medina ha trabajado como modelo siguiendo los pasos de su madre.

Extraña la rapidez con que se ha llevado a cabo la instrucción que sólo ha durado un año. Muchos interrogantes han quedado sin resolver y hay quien teme que lo que se pretende es cerrar este feo asunto sin profundizar demasiado. No vaya a ser que de tanto hurgar salgan demasiadas cosas comprometedoras. Sobre todo, con el PP de Madrid y con su ayuntamiento.