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El bochornoso espectáculo de amago de dimisión de Vicente Guilarte al frente del CGPJ

No habrá renovación del Consejo General del Poder Judicial. Vicente Guilarte puede empezar a hacer las maletas. Siente que, en tales condiciones, ya no tiene nada que aportar

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análisis

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Menos mal que el presidente “sustituto del sustituto” del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, reconoce que está ocupando el cargo “por longevo” como consecuencia de un régimen de gerontocracia que “no es el mejor pero que es el que hay”. Y amaga con irse tal y como hizo uno de sus antecesores, Carlos Lesmes. Ya debería haberse marchado. Es más, es que ni siquiera debería haber aceptado hacerse cargo de la presidencia de un organismo caduco, en funciones, y tan politizado que sólo sirve para que los vocales nombrados, en su día, por el Partido Popular, obedezcan las consignas de Génova capitalizando al órgano de gobierno de los jueces en favor de las tesis de la derecha judicial.

Vicente Guilarte dice que se irá si no se llega a un acuerdo para la renovación del CGPJ y culpa a los partidos políticos de esta situación. Son incapaces de acabar con este estado de cosas: “los políticos han provocado una degradación vicaria de nuestra profesión. Son ellos quienes alientan esta situación, quienes se degradan”. El sustituto del sustituto se olvida, no se sabe si de forma deliberada, de que esta situación la ha provocado el mismo partido que le propuso para entrar en el Consejo gracias a sus vínculos con la familia de Mariano Rajoy y sus relaciones profesionales con el colegio de Registradores de la Propiedad del que el expresidente del gobierno es un influyente miembro. Más le valdría retornar a su cátedra de Derecho Administrativo en Valladolid y, de paso, llevarse consigo a los ocho vocales conservadores que están dando el lamentable espectáculo de un CGPJ politizado y correa de transmisión de las consignas de Génova y de la derecha judicial.

Esta parece haberse convertido en la única alternativa que tienen los actuales vocales que van camino de ocupar irregularmente un organismo del que debieron de salir hace casi seis años. Una dimisión masiva es la única salida ya que no parece que vaya a haber un acuerdo para la renovación. La reunión, que debía haberse celebrado el lunes 12 de febrero entre el ministro de Justicia, en representación del PSOE, Félix Bolaños, y el dirigente del PP, Esteban González Pons, se aplazó debido a una “enfermedad” de éste. Pero de los contactos informales que están manteniendo los grupos técnicos de ambas formaciones se desprende mucho pesimismo. El Partido Popular insiste en su idea de que no van a pactar una renovación “exprés” sin que, simultáneamente, se acuerde la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial para que sean los jueces los que elijan directamente a los miembros de su órgano de gobierno.

Pero aún hay más. La controversia surgida en torno a las actuaciones que se están llevando a cabo en el seno de la fiscalía general del Estado, y la situación de un Tribunal Constitucional en el que la mayoría progresista impone sus dictámenes han traído como consecuencia que la derecha reivindique un cambio en las leyes que regulan estas instituciones. Quieren reformar el modelo de elección de los jueces de la corte de garantías y de la designación del fiscal general del Estado, y chantajean con la renovación del CGPJ para forzar un cambio en este sentido.

Y cual ha sido la sorpresa del comisario, Didier Reynders, al encontrarse con estas novedades. La Comisión Europea reducía sus pretensiones a la elección de los vocales del Consejo mediante la actual fórmula parlamentaria para, posteriormente, consensuar una reforma del modelo judicial que no iría más allá que la de un mayor peso de los jueces y magistrados a la hora de designar a los miembros de su órgano de gobierno y, todo lo más, un nuevo modelo de nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo. Los socialistas están dispuestos a reformular el sistema de elección del CGPJ para dar más peso a los magistrados, pero manteniendo el sistema de elección a través de la votación de diputados y senadores. Asimismo, estarían dispuestos a asumir la idea del concurso de méritos para seleccionar  los destinos de las instancias judiciales superiores: Supremo, tribunales territoriales superiores de justicia y audiencias provinciales, la famosa propuesta de Vicente Guilarte, lo único positivo que ha hecho durante su mandato.

Pero el PP ha llegado a las reuniones con nuevas exigencias. Quieren cambios legislativos y eso requiere tiempo y negociaciones con los socios parlamentarios del gobierno progresista que no están por la labor, según se desprende de las manifestaciones efectuadas últimamente. Esta actitud ha descolocado al comisario Reynders que tiene de todo menos tiempo. El plazo estipulado para llegar a un acuerdo concluye en abril porque para entonces Reynders empezará su campaña para la secretaría general del Consejo de Europa a la que aspira y, muy probablemente, dejará la comisaría de cuyas funciones se hará cargo  la vicepresidenta Vera Jourová ya que apenas hay tiempo para designar a un nuevo miembro del colegio de comisarios ya que esta institución ejercerá sus funciones de forma provisional a partir del próximo mes de junio, una vez se hayan celebrado las elecciones parlamentarias por lo que no tiene sentido una sustitución formal del comisario de Justicia.

Reynders sigue mostrándose optimista en torno al acuerdo de renovación del CGPJ español. Pero casi todo el mundo considera exagerado este optimismo. El acuerdo está cada vez más difícil. Y sobre todo mientras dure esa guerra en la que están empeñados los dos partidos mayoritarios en el parlamento por la ley de amnistía. Y esa guerra no va a terminar hasta que las instancias jurídicas europeas se pronuncien sobre la legalidad de la iniciativa, algo que es muy difícil que llegue en el transcurso del año.

Así pues, no habrá renovación del Consejo General del Poder Judicial. Vicente Guilarte puede empezar a hacer las maletas. Siente que, en tales condiciones, ya no tiene nada que aportar. El presidente del CGPJ no se ha puesto una fecha tope, pero entiende que, a principios de julio, una vez pasadas las elecciones europeas, debería estar todo resuelto. O sea, su marcha si quiere irse dignamente.

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1 COMENTARIO

  1. El consejo general del poder judicial es un organismo antidemocrático y anticonstitucional, baste leer el primero de los artículos de la carta. No sé para que sirven ni porqué siguen cobrando cinco años después de que su propia disciplina observe caducado su mandato. Pero coincide esta información con la única lectura posible aún coincidiendo y conciliando, comulgando con este absurdo. No es de sentido aceptar este desafío democrático sin tomar las medidas oportunas, la cosa es de esta gravedad.

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