La dimisión de la vocal progresista del Consejo General del Poder Judicial Concepción Sáez ha abierto una crisis profunda en el órgano de gobierno de jueces y magistrados. Todos ellos tienen el mandato caducado desde hace cuatro años, pero Sáez ha dado un paso adelante y ahora sus compañeros progresistas se plantean seguir el mismo camino para forzar el desbloqueo. Recuérdese que el colapso viene ordenado por Génova, ya que Feijóo, al igual que en su día lo hizo Casado, se niega a acordar la renovación con Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno envió ayer un duro mensaje al líder del PP al acusarle de “degradar” las instituciones.
En el CGPJ se respira máxima tensión. Los vocales del sector progresista habían quedado este viernes para decidir si dimitían en bloque para forzar la renovación de la institución, pero al final han pospuesto la decisión al próximo martes. Según las fuentes del órgano de Gobierno citadas por Europa Press, la reunión de ayer fue una “primera aproximación”, ya que a ella solo han podido asistir cinco de los ocho vocales progresistas: Rafael Mozo, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Pilar Sepúlveda y Concepción Sáez. Faltaban Mar Cabrejas, Roser Bach y Enrique Lucas. Cabría pensar que los magistrados progresistas tienen más o menos consensuada una posición sobre un asunto tan grave como el bloqueo que viene padeciendo el CGPJ desde hace 4 años. Pero no. Ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo. Tal es así que de momento el único punto de coincidencia es que resulta “inaceptable” que el Poder Judicial siga sin renovarse. Pero cuando les llega la hora de hablar sobre la dimisión en bloque e irse a sus casas, el meollo de la cuestión, no hay consenso interno entre los ocho vocales. La fecha clave es el Pleno ordinario del próximo jueves, donde se abordará este asunto, ya con la presencia de los diez vocales conservadores. ¿Qué va a pasar? Nadie lo sabe.
Está claro que entre los magistrados progresistas hay importantes diferencias. Unos creen que la dimisión colectiva es la única salida; otros piensan que esa decisión solo contribuiría a agravar la situación de desgobierno de la Administración de Justicia.
Sáez, elegida a propuesta de IU, remitió hace unos días una carta comunicando su dimisión al considerar “insostenible” la situación del Poder Judicial en un escenario de “radical, y puede que ya irreversible, degradación de la institución”, informa TVE. De acuerdo al artículo 600.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, “para la válida constitución” del pleno del CGPJ es necesaria, “como mínimo, la presencia de diez vocales y el presidente”, de modo que si saliesen ocho, actualmente no se conseguiría esa mayoría necesaria.
El mandato del CGPJ expiró en diciembre de 2018 y está en funciones desde entonces. Durante estos cuatro años, el Gobierno ha intentado renovarlo tal y como establece la Constitución, pero no ha llegado nunca a un acuerdo fructífero con el principal partido de la oposición, el PP.
Actualmente, el Consejo está formado por 18 vocales, ocho progresistas –incluido Mozo– y 10 conservadores, dos menos de los que debería tener porque durante los cuatro años de interinidad del Consejo el vocal Rafael Fernández Valverde se jubiló y Victoria Cinto falleció.
A ello hay que sumar la salida del expresidente Carlos Lesmes, que dimitió ante el bloqueo en la renovación y la ausencia de negociaciones entre PP y PSOE, y fue sustituido por Mozo. Su salida forzó que ambos partidos se volvieran a sentar, pero finalmente, una vez más, las conversaciones fracasaron y ahora el CGPJ está abocado a agotar la legislatura.
Estas salidas se producen sin previsión de sustitución, porque el Congreso no contempla este escenario, habida cuenta de que entiende que no son ceses anticipados, por lo que esta situación solo puede empeorar con potenciales salidas por el camino, ya sea por jubilación u otros motivos, ya que a este Consejo aún le queda al menos año y medio hasta su renovación, como vaticinan las fuentes. De momento, Mozo tiene sobre la mesa la carta de renuncia que Sáez le envió el 13 de marzo y que tiene previsto abordar en el Pleno ordinario del próximo 30 de marzo para decidir si la acepta o la rechaza.
En la carta, Sáez plantea su renuncia como “ineludible” y explica que, “por un excesivo y quizá equivocado sentido de responsabilidad”, ha venido “aguantando el transcurrir de los meses y de los años, no sin inquietud ni incomodidad”, pero que “en este momento resulta difícil pronosticar cuándo y cómo se resolverá esa larga crisis que tanta deslegitimación está provocando sobre la imagen de nuestro sistema judicial”.
Que degradar las instituciones ni que niño muerto: A estos canallas solo se les puede meter en la cárcel por atentar contra su país, contra su gobierno. Un gobierno legítimo, con legítimas aspiraciones, por intentar defender sus conciudadanos… I estos “demócratas” usando su constitución como arma letal contra sus oponentes. No, no hay derecho que justifique tamaña felonía durante cuatro años.