Salvo sorpresas, no parece que el pleno de un Tribunal Constitucional mermado, que tiene lugar este martes, vaya a deparar importantes decisiones de las muchas que el organismo de garantías debe adoptar. No sería de recibo que se vaya a dar tal circunstancia con una tercera parte de sus doce miembros con el mandato caducado.
La crisis que vive la Justicia de este país tiene uno de sus máximos exponentes en la situación que vive el Tribunal Constitucional. El organismo debe decidir sobre los recursos presentados a importantes leyes algunas de las cuales, como es la de plazos para la interrupción del embarazo, lleva en vigor once años. Se aprobó en la época en que era presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y desde todos los sectores de la sociedad, incluido el propio tribunal, se inste en la necesidad de un pronunciamiento que ya es urgente. Incluso el propio presidente del órgano, que ahora está en funciones porque es uno de los que deben ser sustituidos, Pedro José González Trevijano, prometió, a principios de año, la sentencia inmediata sobre este asunto.
González Trevijano es uno de los cuatro vocales cuyo mandato caducó en junio pasado. El gobierno de Mariano Rajoy lo propuso junto a Antonio Narváez. Parece lógico que no participen en las decisiones del órgano de garantías porque su designación procede de un ejecutivo que ha sido superado y que es contrario ideológicamente al que se encuentra en ejercicio.
Los otros dos magistrados que también se encuentran “en funciones”, fueron designados a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, el órgano cuyos vocales conservadores tiene paralizado el proceso de sustitución en una maniobra claramente inconstitucional. Se trata de Santiago Martínez Vares y Juan Antonio Xiol Rius. En total cuatro de los doce magistrados que componen el Tribunal Constitucional. Parece lógico que, dada la situación, no se pronuncien sobre temas “sensibles”.
Si contamos a los magistrados que están en funciones, la mayoría del pleno del TC es de tendencia conservadora lo que no concuerda con la realidad política del país. En el momento en que se proceda a la sustitución, la correlación de fuerzas cambiará y el pleno tendrá mayoría progresista. No es que tal circunstancia modifique mucho el sentido de las decisiones que se deben adoptar, ya que cada sentencia corre a cargo de un magistrado que puede ser de uno u otro signo, según el sistema de reparto. Pero los votos particulares, y la misma votación en pleno puede inclinar el sentido de las resoluciones.
Porque como ya se ha dicho, en juego están importantes leyes recurridas casi siempre por Vox y el PP.
Está la ley de la Eutanasia o la LOMLOE, la ley educativa también conocida como ley Celáa, porque fue la ex ministra de Educación la inspiradora de esta norma que rechazan los conservadores porque, según PP y Vox, “va en contra de los centros concertados, y la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos”.
La ley de la infancia y la adolescencia, denominada oficialmente “Ley Orgánica de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia” solo fue recurrida por Vox. Para este partido, la norma “vulnera la libertad ideológica y religiosa, el derecho de los padres a que sus hijos reciban formación religiosa y moral, el derecho a la intimidad, y el derecho a la tutela judicial efectiva”.
La reforma del poder judicial, el controvertido decreto ley de marzo pasado que limita los nombramientos del CGPJ en las instancias judiciales superiores, como son la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, mientras permanezca en funciones, fue recurrido por PP y Vox porque “vulnera el principio de independencia judicial o la reserva de la Constitución para regular el Consejo General del Poder Judicial”.
Y, por último, entre otras decisiones importantes, el Constitucional debe pronunciarse sobre los recursos de amparo presentados por los líderes independentistas catalanes por las condenas contra ellos decretadas por el Tribunal Supremo.
Son asuntos de trascendencia social. Los doce magistrados deben tener en cuenta no sólo la interpretación que hagan de la Carta Magna, sino también la realidad política y social que vive en país. No es lo mismo sentenciar sobre unos hechos, el referéndum del 1-O en Catalunya, que se llevaron a cabo en unas circunstancias diferentes a las que ahora se viven en el Principado. O sobre una ley de plazos en materia de aborto ampliamente superada por la realidad social del país.
Mientras el CGPJ decide, el próximo 22 de diciembre, si eleva sus propuestas de candidatos, si es que el sector conservador levanta el bloqueo institucional que mantiene en torno a su designación, parece que el Gobierno está decidido a proponer los magistrados que ocuparán las dos vacantes que le corresponden, las de González Trevijano y Narváez Rodríguez.
En torno a esta decisión también hay división de opiniones. Unos expertos dicen que el Gobierno no puede designar hasta que no lo haga el Consejo. Y creen que el Constitucional se opondrá. Otros, en cambio, señalan que existe un precedente histórico. Los primeros magistrados del Constitucional solo eran 10 porque faltaban los dos del CGPJ que todavía no se había constituido.
El Gobierno ya ha optado por sus candidatos sin contar con lo que haga el CGPJ. Por tanto, la mayoría del Constitucional es progresista. 7 vocales frente a 4.
Es la forma de neutralizar lo que se ha convertido en el bloqueo de un órgano del Estado a otro.
