Había una prueba pericial que jamás se practicó. El ADN del semen encontrado en las bragas de una víctima de violación no se correspondía con el de los condenados. Los peritos que habían efectuado el análisis no podían ir al juicio el día que fueron convocados. La Audiencia de Barcelona entendió que la cosa no era muy relevante y pasó de llamarles otra vez.
Al final, Ahmed Tommouhi y otro hombre más fueron condenados a casi 40 años de presidio. Tommouhi pasó 15 años en la cárcel. Su compañero, desgraciadamente, no pudo salir en libertad porque murió en el centro penitenciario. Ahora, el Tribunal Supremo les absuelve de esas múltiples violaciones de las que se les acusó y que nunca llegaron a cometer. Es la mezquindad de una justicia que cuando comete este tipo de errores y no los puede remediar a tiempo pierde autoridad moral.
Afortunadamente, el caso del actor Luis Lorenzo y su pareja sentimental, Arantxa Palomino, se ha podido resolver a tiempo. Acusados de haber envenenado a su tía para cobrar la herencia, una nueva autopsia revela la inexistencia de tal envenenamiento. Lorenzo, que fue acribillado en un juicio paralelo mediático hace unos meses, va a pedir, ahora, el archivo de la causa. Y es que en este país hay periodistas que no tienen escrúpulos en sentenciar públicamente sin tener en cuenta que la Constitución reconoce el derecho a la presunción de inocencia.
De Lorenzo y de su mujer se ha dicho de todo. Incluso el padre de Arantxa la acusó de maltratar a la tía de su marido, María Isabel Suárez, 85 años de edad cuando falleció, y de que “lo único que les importa es el dinero”. Esas manifestaciones salieron publicadas en varios medios de comunicación. La campaña de desprestigio contra el actor fue contundente. Los periodistas no mostraron simpatía alguna hacia su persona y prácticamente le imputaron malos tratos a la anciana y acusaciones de haberla envenenado con camdio y manganeso. El informe forense descarta la existencia de estos metales en el cuerpo de Isabel. También se recoge otras aseveraciones de estos expertos sobre el primer análisis del cuerpo de María Isabel Suárez. Se afirma que la primera prueba forense que incriminó a la pareja determinó valores de las sustancias tóxicas halladas en la sangre de la fallecida usando referencias correspondientes a un adulto vivo. La primera autopsia se llevó a cabo por iniciativa del hermano de la víctima. Esta última por encargo del juzgado. A efectos judiciales es la válida.
La instructora del caso ya había advertido que las pruebas acusatorias habían ido decayendo. Se habían tornado en inconsistentes. Tanto que había retirado a los investigados las medidas cautelares como tener que firmar cada quince días en una comisaría o juzgado. Ahora, lo más probable es que la jueza acabe por archivar la causa. Pero la reputación de Luis Lorenzo, una persona que vive de una actividad pública como es la interpretación, será muy difícil de recuperar.
Más difícil va a ser restablecer la vida del compañero de Ahmed Tommouhi, que desafortunadamente murió en la cárcel sin poder demostrar su inocencia. Mientras que a Ahmed ya nadie le va a devolver esos 15 años que pasó en prisión. Se desconoce si va a pedir una indemnización al ministerio de Justicia a la que tiene derecho. Pero las indemnizaciones del Estado a las víctimas de errores judiciales son muy restrictivas.
Y si no que se lo digan a Dolores Vázquez, condenada por el asesinato de Rocío Wanninkhof, un asesinato que quedó demostrado que no cometió cuando se detuvo al verdadero asesino. Vázquez pidió la indemnización y se ha encontrado con una sentencia del Tribunal Supremo que dice que no tiene derecho a ella, a pesar de haber estado 519 días en la cárcel, por que “este tipo de indemnizaciones quedan restringidas en todos los casos de inexistencia objetiva del hecho imputado”. Es decir, que los casos en los que no se producen los hechos, como es el del asesinato de Rocío Wanninkhof por parte de Dolores Vázquez, no serán beneficiarios de indemnización. Una doctrina que figura en los anales de los despropósitos judiciales de este país.
Todavía se desconocen los términos exactos de la sentencia absolutoria de Ahmed Tommouhi y su compañero pero de lo que ha trascendido se relata cómo la Audiencia de Barcelona rechazó tener en cuenta el análisis de la ropa que contenía restos de semen al tener dudas sobre cómo se realizaron las pruebas en dichas prendas: “se ignora si la ropa pertenecía a la víctima, si era la que llevaba en el momento de los hechos o si a la misma tuvo acceso el otro individuo que estaba con el procesado”, dijo el tribunal barcelonés en 1992. La sala de Lo Penal reprocha la actitud de la Audiencia de Barcelona. El informe pericial “pasó desapercibido” para el tribunal. Lo que se debería haber hecho es suspender el juicio y llamar a declarar a los autores de la pericia nuevamente. Citarles “no era difícil porque pertenecían a la policía científica”, argumentan los jueces del Supremo quienes concluyen que “no tiene sentido mantener la vigencia y validez de la sentencia en aras del principio de seguridad jurídica cuando es tan evidente que se hace en detrimento de la justicia material”.
Desde que en junio de 2019 el Tribunal Constitucional sentenció que una persona absuelta en una causa judicial tiene que ser indemnizada por el periodo de tiempo en que permaneció en prisión preventiva, el ministerio de Justicia ha tenido que abonar más de 887.000 euros a 70 presos que fueron encarcelados provisionalmente por tráfico de drogas, blanqueo de capitales y violaciones y que finalmente fueron absueltos o vieron como su causa se archivaba según datos publicados por ElDiario.es. Entre ellos, algunos de los procesados por imputárseles delitos de terrorismo islámico que, al final, fueron absueltos.
Son los desatinos de la justicia que tienen difícil solución porque cuando se rectifica ya es demasiado tarde para unos cuantos.
Está clara la postura, cuando uno es juez no puede ser parte, porque eso contamina todo argumentario. Pero quiero que penseis que no se trata de la defensa en cualquiera de las posturas o las partes en la articulación de un juicio, del que todos suponemos un ejercicio de justicia. Bien…?
Pués ahora imaginad el nivel de inquina y de maldad con la que actúa la parte fiscal en estos juicios que, por sí mismos, son un acto criminal y delictivo.
Es fácil, no?