Los líderes de la Unión Europea (UE) han establecido una postura en respuesta a los crecientes números de migrantes en las fronteras europeas y a los casos de «instrumentalización» de estas personas. Esta postura permitiría a los Estados miembros de la UE apartarse de las normativas habituales de asilo y recepción del bloque.
Eve Geddie, directora de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas, expresó su preocupación al respecto: «Este acuerdo corre el riesgo de dejar a los solicitantes de asilo atrapados, detenidos o en condiciones miserables en las fronteras europeas. Privar de sus derechos a quienes buscan asilo es una respuesta peligrosa y desmedida a una situación que se podría abordar adecuadamente con las normas ya existentes».
El acuerdo también se presenta como un paso adicional en las negociaciones sobre una reforma integral del asilo en la UE. Geddie enfatizó la necesidad de que los derechos humanos no sean relegados en el proceso de negociación y espera que las instituciones de la UE prioricen la protección de estos derechos.
Las estipulaciones del acuerdo actual permitirían a los Estados miembros de la UE retrasar la inscripción de solicitantes de asilo, encaminar a más personas a través de procedimientos de asilo fronterizo de menor categoría y expandir la detención en las fronteras. En años recientes, Amnistía Internacional ha destacado abusos significativos contra los derechos humanos derivados de estas políticas, como la detención arbitraria y la negación de acceso al asilo en países como Polonia, Letonia y Lituania.
La implementación de la propuesta de regulación de crisis podría normalizar aún más el uso de disposiciones excepcionales en Europa, lo que comprometería la coherencia del sistema común de asilo europeo y no preveniría futuras situaciones de «crisis».
Amnistía Internacional hace un llamamiento a todas las instituciones de la UE a evitar la introducción de medidas adicionales que vulneren derechos fundamentales. Es vital que la idea de «instrumentalización» de migrantes, que implica acciones de terceros países para facilitar las llegadas a la UE, sea rechazada y no se utilice como justificación para más suspensiones de derechos.
Se espera que las negociaciones con el Parlamento Europeo sobre esta propuesta comiencen pronto, con la esperanza de llegar a un consenso antes de finalizar el año o a principios de 2024. Amnistía Internacional ha subrayado su preocupación sobre esta propuesta y ha instado a que se reconsidere su implementación.
