El deterioro sistémico de las instituciones judiciales españolas

La derecha mediática no hace más que insistir en su argumentario: la fiscalía general del Estado vive un momento de gran deterioro debido al enfrentamiento de los fiscales conservadores con su jefe, Álvaro García Ortiz.

Parece como si la carrera fiscal fuese el centro de todos los males de la judicatura de este país. Y esa derecha se olvida de que la situación no es mejor en un Consejo General del Poder Judicial que lleva cinco años y medio caducado. De un Tribunal Supremo con el 25% de sus plazas sin cubrir, y con unas salas cuyas decisiones son cada vez mas cuestionadas, igual que ocurre con algunos instructores de la Audiencia Nacional que ya no se sabe bien para quien trabajan si para la sociedad en general o para el conservadurismo más rancio. Y, en general, de una justicia que sigue siendo desesperadamente lenta y que va a vivir, en los próximos meses, otra paralización en el funcionamiento de su administración porque los funcionarios no aceptan las propuestas retributivas ofrecidas por el ministerio y van a volver a movilizarse como hicieron al final de la pasada legislatura. Unas movilizaciones que a punto estuvieron de colapsar el funcionamiento de los juzgados. Si hablamos de deterioro, o hablamos de todos los estamentos o nos callamos porque si no lo que estamos haciendo es manipular.

El informe sobre la amnistía elaborado por la conservadora Asociación de Fiscales en el que señalan que la ley que se está debatiendo en el parlamento es inconstitucional porque viola la separación de poderes no se debatirá en el seno del Consejo Fiscal. Álvaro García Ortiz se niega y va más lejos. Ha enviado una carta al presidente de la cámara alta, Pedro Rollan, advirtiéndole de que el órgano consultivo de la carrera fiscal “carece de competencia para informar sobre proposiciones de ley que se hallen en tramitación en sede parlamentaria”. Rollan había pedido su dictamen en dos ocasiones.

La reacción de la Asociación de Fiscales, que cuenta con mayoría en el seno del Consejo Fiscal, no se ha hecho esperar. “No podemos compartir los argumentos expuestos por el fiscal general del Estado en las comunicaciones remitidas al presidente del Senado”, dicen los representantes conservadores, que atacan duramente a su jefe: “resulta inconcebible que el fiscal general del Estado estime que las peticiones formuladas por los vocales no merezcan respuesta y, desdeñosamente, nos replique con una copia de la respuesta enviada al Senado”.

El nuevo enfrentamiento, que no es el primero ni será el último, en el seno del ministerio público ha sido utilizado por la derecha mediática para resaltar el “deterioro” en que vive la institución. Se olvidan los medios conservadores que no es la primera vez que la fiscalía general del Estado está en entredicho. El fiscal general, José Manuel Maza, nombrado por el gobierno de Mariano Rajoy, fue reprobado por el Congreso por entorpecer la instrucción del caso Lezo en el que está implicado el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Maza nombró fiscal anticorrupción a Manuel Moix que tuvo que dimitir tras conocerse que compartía con sus tres hermanos una sociedad en Panamá bajo la que se camuflaba la propiedad de un chalé de lujo en la localidad madrileña de Collado-Villalba.

Habría que establecer, entonces, cierto paralelismo con lo que ha pasado, ahora, con el nombramiento de Dolores Delgado como fiscala de la sala de Lo Militar del Tribunal Supremo, finalmente anulado. Sólo que con un matiz: en el caso de Moix aparecen indicios de irregularidades económicas, la pertenencia a una sociedad radicada en un paraíso fiscal, y con Delgado todo obedece a un recurso presentado por un compañero, que optaba a la misma plaza, que fue admitido por la sala de Lo Contencioso Administrativo del alto tribunal.

Todos los fiscales generales que han sido nombrados en la transición han sido cuestionados por haber sido designados directamente por el poder ejecutivo. Es el viejo debate sobre la conveniencia de cambiar el método de nombramiento. Habría que recordar que los representantes de los fiscales en casi todo el mundo son personas de confianza del poder ejecutivo de turno. En Estados Unidos, el fiscal general tiene rango de secretario de Justicia y participa en las reuniones del gobierno. Pero, aquí en España, esta figura es motivo de controversia y, como ocurre ahora mismo, de descalificaciones que también sufrieron anteriores titulares. La diferencia actual estriba en que, ahora mismo, en el modelo del consejo fiscal participan nueve miembros de las asociaciones representativas de la carrera, seis de los cuales ejercen una oposición por motivos escasamente profesionales. La AF y la APIF son conservadoras y son próximas a los postulados del PP y de Vox y utilizan el organismo, que sólo tiene carácter consultivo y de asesoramiento, como caja de resonancia de sus críticas a su superior con la complicidad de los medios de la derecha.

Es algo parecido a lo que ocurre en el Consejo General del Poder Judicial. Esta sí que es una institución deteriorada por culpa del Partido Popular que, por ahora, sigue bloqueando su renovación. Y gracias a ello la mayoría sigue siendo conservadora que instrumentaliza su representatividad para sus propios fines sin contar con la opinión de la minoría conservadora.

Cinco años y medio que caducó y ni siquiera puede efectuar nombramientos tan importantes como es la cobertura de vacantes del Tribunal Supremo, que opera con un 25% menos de efectivos y con salas prácticamente inoperantes como es la de Lo Militar, y otras, como la de Lo Social con una sola sección donde el trabajo se acumula. El año pasado se dejaron de dictar mil sentencias, según datos del CGPJ.

Tampoco es que importe mucho a la ciudadanía porque lo que está claro es que las dos salas con mayor trascendencia social, la de Lo Contencioso Administrativo y la de Lo Penal, están adoptando decisiones controvertidas. La primera parece un núcleo de oposición contra las decisiones del Consejo de ministros mientras que la otra, cuenta con un presidente cada vez más polémico, Manuel Marchena, que un senador del Partido Popular llegó a calificar como el mejor presidente del Consejo General del Poder Judicial para controlar al Supremo “por la puerta de atrás”.

El deterioro puede acabar por ser mayor si, como todo parece indicar, los sindicatos de los funcionarios de la administración de justicia deciden retomar las movilizaciones que suspendieron por la convocatoria de elecciones de julio pasado. Las huelgas de los letrados de la administración de justicia y de los funcionarios supuso un retraso en los juzgados que, a estas alturas, no se ha podido superar. Si ahora vuelven los paros y las manifestaciones, el servicio público volverá a resentirse. Y todo por el agravio generado por la subida retributiva para los Leajs, jueces y fiscales, y la negativa del ministerio de Félix Bolaños a atender las demandas de los colectivos de los trabajadores que son los que realmente sacan el día a día en las instancias judiciales: desde los administrativos, conserjes, médicos forenses, técnicos del Instituto Nacional de Toxicología, hasta los miembros de los cuerpos de gestión procesal, administrativa y auxilio judicial.

Si hablamos de deterioro en la carrera fiscal deberemos mencionar, también el del resto de colectivos que conforman la administración de justicia. Porque si no estaremos manipulando.