El fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, ha hecho por segunda vez, un escrito muy contundente contra las decisiones del juez Manuel García-Castellón, donde reitera que en la causa de Tsunami Democràtic no hay indicios del delito de terrorismo, como ya manifestó el pasado noviembre, y tampoco nuevas diligencias para elevar la causa al Tribunal Supremo, al inculpar aforados como Carles Puigdemont y el diputado de ERC Ruben Wagensberg, que se ha marchado a Suiza por temor a ser detenido.
Declara injustificada e inmotivada, el fiscal sobre la decisión del juez de elevar la causa de Tsunami en el Supremo y califica las acciones del magistrado de incongruentes», El fiscal no se ha mordido la lengua y sostiene: Hasta la fecha, el instructor ha llevado a cabo diligencias que no incididen ni aportan nuevos datos sobre la inculpación de los dos aforados, siendo muy significativo en cuanto al expresidente catalán Puigdemont, a quien ni siquiera la propia Guardia Civil le hacía atribución de los hechos objeto de la investigación.
Ha añadido además que las diligencias se centraron a investigar, o acreditar, las consecuencias de los desórdenes públicos llevados a cabo en Catalunya el 2019 por diversos colectivos y personas, pero no ha incidido ninguna de las diligencias acordadas en la responsabilidad supuesta de los aforados. Además, insiste el fiscal, ha extendido la práctica de diligencias a acreditar hechos que ni siquiera se recogen en los informes de la Guardia Civil, llevando a cabo una amplitud del objeto del procedimiento que carecen de justificación.
En este escrito, el fiscal Carballo da la razón a los recursos presentados por los abogados de los investigados Marta Molina y Josep Lluís Alay, en que no hay indicios para imputar a ninguno de los doce encausados el delito de terrorismo, ni tampoco elevarlo al Supremo. El fiscal comparte con las defensas que el titular del juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional ha ampliado los hechos imputables y confunde las acciones de Tsunami con las de los CDR. Se trata de entidades o acciones muy diferentes.
El fiscal le recuerda al magistrado que cuando resolvió imputar el delito de terrorismo a Puigdemont, Wagensberg, la secretaria general de ERC,Marta Rovira, y otras nueve personas más, el 6 de noviembre pasado, afirmó que era prematuro elevar la causa al Supremo, y dos semanas después lo hizo. Acción que el fiscal califica de flagrante contradicción de las resoluciones del magistrado.
Vean la opinión del Juez jubilado del Supremo Martin Pallín sobre García Castellón, acusándolo de prevaricador.
El fiscal le recrimina que tendría que haber esperado la respuesta de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional a los recursos del fiscal y las defensas sobre la acusación de terrorismo antes de elevar la causa al Supremo. Y lo acusa de prolongar artificiosamente la instrucción por no haber elevado el recurso del ministerio fiscal a la sala, sino que dio traslado a las partes de la acusación particular y popular que se personaron en noviembre, con la activación de la causa. Actualmente, la Audiencia Nacional y el Supremo tienen que dirimir a la vez sobre el fondo de los delitos de Tsunami, y el criterio del tribunal Supremo es el que prevalece.
¿Qué piensan ustedes estimados lectores? ¿Consideran correcta la actuación de García-Castellón? ¿Se puede pensar que actúa, no a instancias del PP, pero si con la misma ideología para tratar de torpedear la ley de Amnistía?
Lo más peligroso no es la deriva voluntaria, generalizada en la judicatura, de entrar a hacer política en lugar de justicia (es la judicatura la que ha roto la separación de poderes, no al revés); no, lo más peligroso es esa ciudadanía de derechas, que, sabiendo que Puigdemont no es terrorista, aplaude la posibilidad de que un juez prevaricador le condene por terrorismo. Democracia no es que puedas meter en la cárcel a la gente que te cae mal. Democracia es, precisamente, que no puedas hacerlo.