El Congreso de los Diputados aprobó ayer el trámite definitivo del impuesto especial a la banca y el de las grandes fortunas. Ahora tendrá que pasar por el Senado para su aprobación definitiva y su entrada en vigor el 1 de enero de 2023.
El impuesto a las entidades bancarias está basado en el modelo aplicado en Francia en el año 2011, en plena crisis financiera global. La nueva tasa, que estará en vigor hasta 2024, espera recaudar 1.500 millones de euros al año.
Esa cantidad está calculada sobre tres parámetros: ingresos de la banca por márgenes, intereses y comisiones bancarias. Afectará a los bancos que ingresen más de 800 millones de euros en intereses y comisiones, es decir, el 80% del sector financiero español.
El nuevo impuesto gravará al 4,8% el margen de intereses y las comisiones que cobran los bancos a los usuarios. Sin embargo, los beneficios de las entidades financieras quedan fuera, algo sorprendente dado que sí se aplica en otros países de la Unión Europea.
Nunca un impuesto fue más justo que este. Los bancos se han beneficiado del dinero público en múltiples ocasiones sin que hayan aportado demasiado a la sociedad, más allá de determinadas acciones sociales que no son otra cosa que una herramienta de blanqueo de imagen.
El sector financiero español se benefició de un rescate que ya ha tenido un coste de más de 100.000 millones de euros, cifra a la que hay que sumar los 35.000 millones de deuda de la Sareb que tuvo que asumir el Estado en enero de este año.
De ese rescate se han beneficiado directa o indirectamente todas las entidades y, sin embargo, ahora se oponen a un impuesto que les va a suponer, como mucho, 3.000 millones en dos años.
Para hacernos una idea, esa cantidad supone menos de la mitad de los beneficios obtenidos por Banco Santander en los primeros 9 meses o una cifra inferior al 20% de las ganancias obtenidas por los principales bancos en ese mismo periodo de 2022.
Por otro lado, las entidades financieras tienen otros privilegios como, por ejemplo, la exención de pagar el IVA en la mayor parte de su actividad y la carencia de fiscalidad en sus transacciones.
Sin embargo, la banca ya ha lanzado sus correspondientes amenazas para seguir manteniendo sus privilegios. Ana Patricia Botín afirmó en una reciente entrevista en el Financial Times que «los impuestos más altos deberían ser iguales para todas las empresas y… los gobiernos tienen que averiguar cuál es el nivel correcto de impuestos que realmente permite un crecimiento y una inversión sostenibles […] Necesitamos… un crecimiento sostenible, un crecimiento no inflacionario, y los bancos son fundamentales en esa ecuación».
Además, la presidenta del Santander lanzó una amenaza velada al gobierno al señalar, citando datos de la Asociación Española de Banca, que si se obligara a las entidades financieras a pagar 3.000 millones por este impuesto, iban a reducir en 50.000 millones de euros su capacidad para la concesión de préstamos.
Hacer pagar a los bancos este impuesto para que las consecuencias de esta crisis no recaigan sobre las clases medias y trabajadoras es absolutamente justo, como también lo es que el gobierno, si hay resistencia, juegos contables, imputación del impuesto a los clientes o reducción del crédito, sobre todo a las pymes, aplique una inspección a fondo de cómo están realmente las entidades financieras españolas. Tal vez se llevarían alguna sorpresa.
El impuesto a los ricos
La misma justicia es aplicable al impuesto a las grandes fortunas. Lo que las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, sobre todo Madrid y Andalucía, han hecho respecto a gravar los grandes patrimonios y mantener los privilegios de los ricos hizo reaccionar al gobierno de Pedro Sánchez.
A pesar de la propaganda, la manipulación y los bulos de personajes como Isabel Díaz Ayuso, este nuevo impuesto se aplicará sólo a las personas que tengan un patrimonio superior a los 3 millones de euros, es decir, 23.000 personas en toda España. Un 0,1% del total de contribuyentes.
El Ejecutivo ha calculado en 3.000 millones de euros la recaudación que se logrará en los ejercicios 2023 y 2024. Esa cantidad de dinero será utilizada en políticas de apoyo a las familias y los hogares más vulnerables.
Por tanto, los ricos también tienen que aportar. No es de recibo que vuelva a ocurrir lo que sucedió en la crisis de 2008 en la que se incrementaron los niveles de riqueza mientras las familias de clase media y trabajadora veía cómo eran desahuciadas, se quedaban sin empleo o se reducían sus salarios a un escenario más propio del tercer mundo que de la cuarta economía de la Unión Europea.
