El escándalo destapado por Ecologistas en Acción que evidencia la entrada sin control en 2019 de al menos 40.000 toneladas de residuos muy peligrosos procedentes de Montenegro en el vertedero de Nerva, en Huelva, que en el momento de su creación hace dos décadas sólo contemplaba la entrada de residuos procedentes de la comunidad andaluza, ha obligado al Gobierno de Pedro Sánchez a mover ficha para intentar regular de nuevo lo que parece a todas luces un coladero sin control alguno de grandes cantidades de residuos tóxicos procedentes de terceros países ajenos a la Unión Europea.
El Consejo de Ministros del pasado martes 19 aprobó, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), el denominado Plan Estatal de Inspección en materia de Traslados Transfronterizos de Residuos 2021-2026 (PEITTR), según lo acordado con el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Dirección General de la Guardia Civil. A través de una nota de prensa, el Gobierno asegura que, de este modo, “cumple con las obligaciones comunitarias establecidas en materia de traslado de residuos en el ámbito de sus competencias ejecutivas en esta materia”.
Controles con carácter retroactivo
La asociación conservacionista Ecologistas en Acción, que ve “con buenos ojos” el nuevo plan estatal, plantea también la necesidad de elaborar un “informe retrospectivo” de todo lo que no ha sido controlado e inspeccionado en el traslado de residuos peligrosos de otros países a centros de gestión de residuos en el territorio nacional desde la ratificación del Convenio de Basilea por el Estado español y, en particular, los traslados al vertedero de Nerva, incluyendo las 40.000 toneladas procedentes de Montenegro.
Ecologistas en Acción exige que se elabore un “informe retrospectivo” de todo lo que no ha sido controlado desde otros países a partir de la ratificación del Convenio de Basilea
A día de hoy, ninguna administración ha dado una respuesta clara sobre este peligroso traslado de estas sustancias extremadamente peligrosas procedentes del país balcánico. Mientras el Gobierno rechazaba varias solicitudes presentadas por la Junta de Andalucía, la Administración autonómica ha mantenido en todo momento un absoluto mutismo en torno a este polémico traslado desde Montenegro, a más de 3.000 kilómetros de distancia, con llegada al puerto de Sevilla y posterior traslado por carretera hasta Nerva, a unos 80 kilómetros de distancia de la capital andaluza. A nivel parlamentario, desde la oposición se ha reclamado transparencia en estos traslados de residuos peligrosos con preguntas de control tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlamento de Andalucía.
El Gobierno cree que el nuevo plan aprobado en Consejo de Ministros sirve para “crear un instrumento eficaz para fortalecer y garantizar el cumplimiento de la normativa sobre traslados de residuos mediante inspecciones más eficaces, así como garantizar la protección de la salud humana y del medio ambiente y favorecer la economía circular”.
Pese a todo, el ejecutivo de Pedro Sánchez no ha informado hasta el momento sobre qué ha ocurrido con sendos nuevos permisos solicitados a finales del pasado 2019 por la Junta de Andalucía a instancias de Ditecta, la empresa que gestiona el vertedero de Nerva, para recibir otras 70.000 toneladas procedentes también de Montenegro. Nadie sabe si en la actualidad estos residuos están ya sepultados en las colmatadas instalaciones del vertedero del municipio onubense, que ha vuelto a organizarse en movimientos ciudadanos como Nerva, Salud y Dignidad y a movilizarse para exigir el definitivo cierre de las instalaciones.
Ecologistas en Acción denuncia que “continúa el descontrol en los traslados transfronterizos de residuos peligrosos” porque “aún se desconoce si hubo autorización ilícita para trasladar 40.000 toneladas de residuos contaminados desde Montenegro a Nerva en 2019”. Además, esta organización solicitó en diciembre a la Junta de Andalucía un informe sobre los residuos recibidos en la última década en el Puerto de Sevilla con destino al vertedero de Nerva. Hasta la fecha, el silencio administrativo es la única respuesta obtenida al respecto. Según Ecologistas en Acción, “el Plan Estatal de Inspección en materia de Traslados Transfronterizos de Residuos 2021-2026 aprobado esta semana en Consejo de Ministros parece un claro indicador de que ha existido un vacío al respecto hasta la fecha”.
