El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha considerado hoy por 12 votos a 7 que el fiscal de Sala jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Álvaro García Ortiz, reúne los requisitos legales exigidos para ser nombrado fiscal general del Estado, cargo para el que fue propuesto el pasado martes por el Consejo de Ministros.
El órgano de gobierno de los jueces ha cumplido así el trámite de audiencia establecido en los artículos 124.4 de la Constitución Española y 560.4 y 599.1.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Además, el artículo 29.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que el fiscal general del Estado será nombrado por el rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente el Consejo General del Poder Judicial, eligiéndolo entre juristas de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión.
Álvaro García Ortiz se licenció en Derecho por la Universidad de Valladolid y, según la certificación remitida por la Fiscalía General del Estado, tiene acreditados más de 23 años de servicios prestados en la Carrera Fiscal, en la que ingresó en abril de 1999, fecha en la que fue destinado a la Fiscalía de Mahón (Menorca).
En 2002 se incorporó a la Fiscalía de Área de Santiago de Compostela y desde 2004 ejerció como fiscal especialista en Medioambiente de la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y fiscal coordinador especial de incendios de esa Comunidad Autónoma. Un año más tarde asumió como fiscal las Diligencias Previas 960/2002 del Juzgado nº 1 de Corcubión (caso Prestige).
Nombrado en 2007 fiscal delegado de Medioambiente de la Fiscalía de A Coruña, ocupó ese mismo puesto -con especialidad en medioambiente, ordenación del territorio, patrimonio histórico e incendios forestales- para toda la Comunidad Autónoma de Galicia desde abril de 2009 hasta su nombramiento en marzo de 2020 como fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.
Garcia Ortiz fue presidente-portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) de 2013 a 2017 y vocal electivo del Consejo Fiscal en el periodo 2018-2022.
“A la vista de la documentación recibida, cabe concluir que se cumplen en el candidato referido los requisitos exigidos por la legislación invocada”, señala el acuerdo adoptado según la propuesta presentada por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.
El acuerdo ha sido aprobado con los votos a favor del presidente del órgano de gobierno de los jueces y de los vocales Roser Bach, Mar Cabrejas, Álvaro Cuesta, Vicente Guilarte, Enrique Lucas, Clara Martínez de Careaga, Juan Martínez Moya, Rafael Mozo, Wenceslao Olea, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda.
Han votado en contra los vocales José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, José María Macías, Gerardo Martínez Tristán y Carmen Llombart, que han anunciado la formulación de un voto particular.
