En el año 2016, gobernando el Partido Popular con Mariano Rajoy en la presidencia del país, el diario Voz Pópuli informó de que Hacienda reclamaba a Ferrovial 246 millones de euros por impuestos debidos entre los años 2002 y 2011. La compañía respondía que había aplazado los pagos hasta que hubiesen finalizado los procesos judiciales abiertos al respecto. La multinacional española explicó que había “recurrido varios impuestos reclamados por las autoridades fiscales españolas”, valorados en esa cantidad. Ferrovial aclaró que, aunque disponía de los argumentos necesarios para oponerse a las reclamaciones del Gobierno, aceptaba provisionar la cantidad total, aunque los pagos se irían haciendo según fuesen finalizando los procesos judiciales que previsiblemente durarían entre ocho y diez años. Hoy, todas esas cuitas en los tribunales han podido influir en la decisión de la empresa de abandonar el país para instalarse definitivamente en los Países Bajos, un cisma que ha provocado el enfado monumental de Pedro Sánchez.
El paraíso fiscal de Ayuso
Una vez más, la hemeroteca viene a rebatir el argumentario que estos días ha puesto en marcha la maquinaria de propaganda del Partido Popular, empeñada en echar la culpa a la política fiscal de Sánchez de que las grandes empresas de nuestro país estén pensando en buscar destinos más relajados con los impuestos. Así, la propia Isabel Díaz Ayuso, esta misma semana, ha culpado al presidente de que Ferrovial abandone España porque está sufriendo una carga tributaria demasiado elevada. “Prefiere una España sin empresas antes que dar marcha atrás en su política fiscal, que nos va a arruinar”, criticó la líder conservadora madrileña, decidida a convertir Madrid en un paraíso fiscal y España misma en el caso de que algún día llegue a la Moncloa. La realidad es que cuando gobernaba el PP, Ferrovial tuvo unos inmensos embrollos judiciales, con recursos y contrarrecursos, a cuenta del pago de impuestos.
El Gobierno investiga si es legal la operación
De momento, Sánchez tiene claro que Ferrovial se va de España única y exclusivamente porque sus directivos quieren ahorrarse unos millones en impuestos. Así las cosas, ha dado orden a Hacienda de que revise todos los expedientes y determine si la marcha de la compañía a tierras holandesas “corresponde con la legalidad”. Ayer mismo lo anunció el propio Sánchez durante una comparecencia desde Dinamarca.
A preguntas de la prensa, el jefe del Ejecutivo afirmó que van a “seguir la situación” y a “ver exactamente que el anuncio que se ha hecho por parte de esta compañía” cumple con la ley tributaria actualmente en vigor.
Además, el líder socialista ha lanzado “una reflexión más general” sobre el “muy importante” papel de los empresarios en la sociedad y su “enorme responsabilidad social”. “Creo que en España hay ejemplos extraordinariamente positivos, de grandes empresarios comprometidos con su país. Desde luego, tras este anuncio creo que no es el caso del señor Del Pino”, ha sentenciado, en alusión al principal responsable de Ferrovial, informa La Sexta.
El presidente ha puesto así voz al malestar que existe en el Gobierno ante el anuncio de la compañía, que desde Moncloa atribuyen a “motivos personales”. Consideran que, con este traslado, la familia de Del Pino busca pagar menos impuestos, a la par que tachan de ridículo el argumento de que no hay seguridad jurídica en España, país donde, recuerdan, la empresa “ha ganado mucho dinero”.
Las fuentes consultadas reprochan que Ferrovial avisó mal y con poco tiempo sobre su traslado y aseveran que “así no actúan las empresas serias”.
