El Partido Popular (PP) ha optado nuevamente por una estrategia que implica el uso de instituciones públicas para lanzar ataques políticos, esta vez apuntando directamente contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La acción central de este episodio se materializa en la presentación de una denuncia ante la Oficina de Conflicto de Intereses, basada en el rescate financiero otorgado a Air Europa. Una maniobra que cuestiona las intenciones detrás de tal acto, aparentemente diseñado para desacreditar al actual gobierno mediante la distorsión de hechos y la manipulación de entidades estatales para servir a fines políticos específicos.
La denuncia interpuesta por el PP, lejos de basarse en un fundamento jurídico robusto, es un intento por confundir a la opinión pública y erosionar la imagen del presidente Sánchez. La Oficina de Conflicto de Intereses, encargada de supervisar la integridad y el cumplimiento ético entre los altos cargos, se ve ahora involucrada en una disputa que transciende los límites de sus funciones tradicionales, siendo utilizada como un instrumento en una lucha de poder político.
La legislación vigente, específicamente el artículo 11, letra f, de la Ley 3/2015, clarifica las condiciones bajo las cuales se requiere la abstención de cargos públicos en decisiones que podrían presentar conflictos de interés. Estas condiciones no se cumplen en el caso aludido por el PP, dado que la persona implicada no ocupa ninguna posición de dirección, asesoramiento o administración en Air Europa, lo que invalida la premisa de la denuncia.
Falta de sustento legal de la acusación
Frente a la evidente falta de sustento legal de la acusación, se hace patente que el objetivo subyacente trasciende la preocupación por las posibles incompatibilidades o conflictos de interés. Se revela, en cambio, un intento por instrumentalizar mecanismos de supervisión ética y legal en beneficio de una agenda política partidista, marcando un preocupante precedente sobre el uso de instituciones públicas en disputas políticas.
Esta práctica no solo pone en riesgo la credibilidad y la imparcialidad de entidades estatales clave sino que también amenaza con socavar la confianza pública en las instituciones democráticas. La manipulación de organismos estatales con fines políticos constituye un desafío directo a los principios de transparencia, justicia e integridad que deben regir la gestión pública.
La necesidad de preservar la integridad de las instituciones públicas y evitar su politización emerge como un imperativo en el actual contexto político. Es esencial mantener una línea clara de separación entre la acción política y el funcionamiento objetivo y apolítico de las entidades gubernamentales, asegurando que sirvan al interés general y no a agendas partidistas específicas.
Estos si que estan investigando a Sanchez , para encontrar cualquier motivo para desprestigiarlo, lo que tenian que hacer eran apoyar medidas para la ciudadanía , claro… no les importa una mierda, mejor llenarse bien los bolsillos con dinero público.