El pleno del Tribunal Constitucional debatirá, la semana que viene, el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular contra algunos artículos de la ley orgánica 2/2010, la conocida como ley de plazos de interrupción voluntaria del embarazo que permite el aborto libre en las 14 primeras semanas de gestación, o en las primeras 22 semanas bajo ciertas condiciones.
El PP pide que se revise el articulo 12, que garantiza el derecho al aborto, el 13.4, que se refería a los menores de edad, y el 14 y 15 donde se determinan los plazos ya citados. En el propio TC se reconoce que el debate es estéril porque la ley fue modificada por el gobierno de Mariano Rajoy en lo que se refiere a la autorización paterna para las menores de 16 años, y recientemente, por la nueva normativa aprobada por el gobierno de coalición progresista.
Casi doce años después, al Constitucional no le queda más remedio que entrar en un asunto que ha quedado obsoleto. Pero no tiene más remedio que hacerlo puesto que dos diputados del PP y uno de Vox han solicitado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que amoneste a la instancia de garantías española por “dilaciones indebidas en un proceso judicial”. Y antes de que llegue la llamada de atención, mejor acabar con un asunto en el que poco hay que debatir.
El Partido Popular pidió medidas cautelares cuando presentó este recurso, pero el TC se las denegó. El PP se basó en el articulo 15 de la Constitución que reconoce que “todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral”. Y los juristas recuerdan que el Constitucional, cuando se planteó otro recurso, esta vez a la ley de 1985 elaborada por el gobierno de Felipe González, señaló que “el embrión, hasta el momento del nacimiento, no es considerado un ser humano”.
Pero es que, además, hay otro argumento de peso. Cuando tenía mayoría absoluta, el gobierno de Rajoy tuvo la mejor oportunidad para cambiar esta ley y no lo hizo. Se limitó a derogar el artículo que se refiere a la libertad de una menor de 16 años para abortar sin el consentimiento paterno. Una prerrogativa, por cierto, que se ha vuelto a introducir en la nueva norma elaborada por el gobierno de Pedro Sánchez.
El otro punto cuestionado se refiere a los plazos establecidos en la ley de 2010. Los juristas creen que el Constitucional se pronunciará a favor de este sistema de plazos. Y, a partir de ahí, se podrá debatir sobre otras cuestiones como son la objeción de conciencia, la prestación pública o la tan traída y llevada información previa. Esa que es la que ha generado el enfrentamiento con la Junta de Castilla y León por la elaboración de un protocolo en el que se obliga a las gestantes a escuchar los latidos del feto y a hacerse una ecografía en 4D.
Y es ahí donde se pueden producir las novedades mas interesantes de esta sentencia. El TC tiene mayoría de magistrados de tendencia progresista por lo que lo más probable es que, en el texto en el que se elevará el oportuno pronunciamiento, se abordará este asunto.
Si, como todo parece indicar, el Constitucional rechaza las pretensiones de la derecha en lo que a información previa se refiere, quedará desacreditado el famoso protocolo. Habrá que ver, entonces, cómo reacciona Vox, ya que ha sido su dirigente en Castilla y León, el vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, el principal promotor público de la idea de la obligación de la escucha de los latidos y de la ecografía en 4D.
De ahí el interés en una sentencia que, por otra parte, no tiene mayor recorrido ya que los puntos recurridos por el PP han sido superados por las sucesivas reformas legislativas.
Aun así, el Constitucional quiere liquidar este asunto que ha suscitado gran escándalo, no sólo en este país sino en Europa, por el retraso en haber sido abordado. Un retraso que difícilmente se entiende cuando la anterior composición del tribunal era de mayoría conservadora y podía haberse tramitado favorablemente a las pretensiones de los populares.
Los juristas creen que la insistencia en mantener el recurso obedece a un gesto de cara a la galería “es una representación ante sus electores de que están haciendo algo, aunque pudieron haberlo hecho cuando gobernaban”. Las fuentes consultadas señalan, además, que Mariano Rajoy no quiso enfrentarse al ala más conservadora de su partido y por eso mantuvo el recurso.
Todas estas claves llevan a pensar que, incluso, algún magistrado de tendencia conservadora, votará a favor de rechazar el recurso presentado por el Partido Popular en 2010. Si no fuera por la obligación contraída jurídicamente por la instancia, el asunto no tendría mayor recorrido que un rechazo contundente. Pero, ya se sabe que, en lo que a justicia se refiere, las decisiones deben ir acompañadas de fundamentos jurídicos consistentes.
A pasar página sobre este asunto y a centrarse en la eutanasia y en la ley Celaá, oficialmente conocida como la LOMLOE. Dos huesos mucho mas duros de roer que la obsoleta ley de plazos.
