El Pleno del Tribunal Constitucional decide, reunido de forma inusual con carácter de urgencia, si admite a trámite y adopta, con medidas “cautelarisimas”, el recurso presentado por el PP contra las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y del Tribunal Constitucional, presentadas por PSOE y Unidas Podemos, por las que se modificaría el sistema de nombramientos del CGPJ y del propio TC. Si el Tribunal aceptase la petición del PP, se suspendería de inmediato la tramitación de las citadas propuestas parlamentarias. Todo ello en un día en el que el Congreso las va a aprobar. Y todo hace pensar que el Constitucional decidirá suspender “cautelarisimamente” la reforma que el Congreso va a aprobar, precisamente este jueves.
El ponente de la decisión que adoptará el Constitucional es Enrique Arnaldo, magistrado de tendencia conservadora y muy cuestionado por sus vinculaciones con casos de corrupción. Habitual conferenciante de la fundación FAES, que preside el ex presidente del Gobierno José María Aznar, se ha mostrado, públicamente, contrario a la ley del aborto, la eutanasia, la ley de memoria histórica, el procés de independencia de Catalunya y la gestión del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Todo parece indicar que su propuesta está encaminada a aceptar la adopción de las medidas cautelarisimas que ha pedido el PP en una maniobra considerada “desesperada” por las fuentes jurídicas consultadas.
El caso es que, si el Tribunal Constitucional decide suspender, hasta que examine las cuestiones de fondo, las decisiones que va a adoptar el Congreso de los Diputados, se va a crear un conflicto institucional sin precedentes, mayor, aún, del existente en la actualidad.
El Partido Popular pide que se suspendan las enmiendas 61 y 62 presentadas por los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos. En ellas se elimina el quorum mínimo del Consejo General del Poder Judicial para elegir a los candidatos del Tribunal Constitucional pasando de la mayoría cualificada de tres quintos a la mayoría simple, y la potestad del TC para verificar el nombramiento de los nuevos magistrados. Si ello ocurre, todo el trabajo que ha hecho el Gobierno para desbloquear la situación actual de la justicia quedará obstaculizado por un organismo que cuenta con cuatro miembros en funciones porque su mandato ha caducado. Entre ellos el del propio presidente, González Trevijano.
Y todo ello en un momento en el que los conservadores del Consejo General del Poder judicial, los mismos que han bloqueado los nombramientos, han hecho públicos sus candidatos. Son César Tolosa y Pablo Lucas. Este último, considerado de corte progresista, no es bien visto por Moncloa por sus actuaciones como controlador del servicio de espionaje, CNI. Autorizó las escuchas a líderes independentistas lo que le desautoriza como magistrado de consenso. Sobre todo, en el sector catalanista. César Tolosa es el presidente de la sala de Lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. No es una persona mal vista por los progresistas que, sin embargo, rechazan a Lucas por considerar que no es su candidato. Proponen a José Manuel Bandrés, también magistrado del Supremo, que los conservadores vetan por considerarlo “afín al PSOE”.
La filtración de los candidatos de los vocales del grupo conservador del CGPJ obedece a una maniobra tendente a neutralizar la decisión del presidente del organismo, Rafael Mozo, de negarse a convocar el pleno por “no cumplir con las reglas de procedimiento que el propio pleno se dio en septiembre pasado y que establecen que la solicitud de convocatoria de un pleno para hacer estas designaciones debe incluir los nombres de dos candidatos y sus currículums”.
Los vocales conservadores, además, consideran que Mozo “está prevaricando” y han anunciado la presentación de una querella contra él si no convoca un pleno urgente para elegir a los candidatos.
La batalla está servida. Está claro que este asunto se les ha ido de las manos a los políticos. El enfrentamiento es de tal magnitud que, ahora mismo, la imagen de las instituciones se encuentra totalmente deteriorada. Si, como todo parece indicar, el Tribunal Constitucional decide paralizar la reforma pretendida por el Congreso de los Diputados, el enfrentamiento del poder judicial con el legislativo será muy grave. De incalculables consecuencias. Y nadie sabe como reaccionarán en Moncloa.
Lo que parece claro es que la derecha, en este país, no está dispuesta a ceder sus privilegios en materia judicial. Y los progresistas quieren acabar con este estado de cosas.
Pero como puede decir el sector conservador que el presidente del CGPJ esta prevaricando pero en que pais vivimos que unos prevaricadores convulsivos que llevan mas de tres años caducados, que devuelvan los debengos recibidos y sean espulsados de la carrera judicial.
Para poder opinar, lo mínimo exigible es saber escribir.
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devengo (devengos)
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Evidentemente, hablamos de los mayores responsables de que se respete la Constitución… A un PP que cree que puede de manera incansable obstaculizar la renovación de los Tribunales , como si fueran globos. Este tipo ocupa un lugar de relevancia , su llamamiento al incumplimiento de unas obligaciones, puede ser considerado un delito… Sin embargo, sí hay caminos para neutralizar a un golpista, no hay que dudar que se puede…Lo que sí se necesita es carácter y decisión. Hay que poner límite a estos personajes.
No estoy de acuerdo.
Los ciudadanos votaron en respuesta a un programa de partido.
No pactar con Podemos, ni con Bildo, ni con independentistas.
No indultar a secesionistas.
Ahora se está haciendo todo lo contrario.
¿Cómo unos individuos que no son electos directamente por los ciudadanos, y forman parte del Poder del Estado, pueden bloquear la voluntad de estos ciudadanos expresada, a través de sus votos, en el Parlamento?.
¿Cómo un Poder del Estado puede estar configurado por haber aprobado unas oposiciones para funcionario y usurpar la soberanía del pueblo español?
Los miembros del CGPJ y los de los Tribunales Superior de Justicia y los del Tribunal Constitucional deben ser electos directamente por los ciudadanos. Todo lo demás es usurpación de la soberanía nacional por parte de unos funcionarios del Estado.
Imaginemos que los miembros del Poder Ejecutivo o Legislativo se negaran a dimitir al acabar su mandato. Nadie negaría que ésto sería un Golpe de Estado; ¡ah!, pero si lo hace el Judicial es simplemente una anomalía; y llevan más de 4 años chupando de la teta, pues tienen unos salarios que no los salta ni un torero. Una pregunta: ¿No será ésto, lo de los salarios, uno de los factores de su negativa a cumplir la Constitución?. ¡Manda cara…, con la democracia española!