Enrique Santiago, portavoz parlamentario de Justicia en Sumar, mandó un mensaje al actual Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y le recordó que “no tiene autoridad ética, ni legal para ejercer sus funciones”. Por eso, si el PP mantiene su bloqueo a su renovación, se sumó a que se “exploré una reforma que provoque el cese automático de vocales con mandato caducado”.
El CGPJ va a estar más tiempo que Franco
Una medida de “sentido común ante la actitud de estos magistrados, que con su negativa a renunciar parecen aspirar prácticamente a tener un puesto vitalicio”. “A este paso, van a tenerlos más tiempo que a Franco. Van prácticamente a su tercer mandato”, ha recordado el portavoz de Sumar en la Comisión de Justicia tras subrayar que el CGPJ lleva sin renovarse más de cinco años.
Por ello, en caso de persistir esta situación de parálisis, Enrique Santiago quiere que se estudie un cambio normativo que limite las funciones de la institución a las estrictamente constitucionales: nombramientos de altas instancias judiciales, régimen disciplinario, ascensos de carrera judicial y labor de inspección. Todas ellas, además, reducidas al máximo si expira su mandato.
A Justicia las competencias del CGPJ no constitucionales
El también portavoz de Izquierda Unida, IU y diputado de Sumar en el Congreso ha reivindicado que se transfieran competencias no reflejadas en el texto constitucional como son formación, régimen económico o retributivo o representación institucional a otros organismos como el Ministerio de Justicia, como se hace en el modelo francés o italiano.
Es más, ha defendido que carece de sentido que estas materias recaigan en miembros del CGPJ “que no tienen la responsabilidad de dejar el puesto e impiden la remodelación de una institución crucial”.
Asombrado ante la deriva de los vocales conservadores
El responsable del área de Justicia de Sumar en el Congreso ha mostrado “su asombro” a que los vocales conservadores (caducados) “estén cuestionando la legalidad de las comisiones de investigación del Congreso para detectar supuesto ‘lawfare’”, forzando que este asunto se aborde en el pleno del órgano de gobierno de los jueces del próximo jueves. “Cuando dichas comisiones están reguladas por el artículo 76 de la Carta Magna donde se pauta además el carácter obligatorio de comparecer”.
Enrique Santiago quiere pensar que “estos vocales del CGPJ entienden que en este país no hay nadie por encima de la ley y se supeditan a ella como el resto de españoles”, Por eso les reprocha que “confundan términos jurídicos de forma interesada con vistas a intentar desatender posibles citaciones, que no se han producido, y enredando de forma interesada a la opinión pública”.
Los jueces pueden ser llamados al Congreso
Santiago ha sentenciado que no existe ninguna ley orgánica del Poder Judicial que impida el llamamiento a un juez o cualquier funcionario citado por el Congreso.
“Es todo un despropósito por parte de unos vocales que están fuera del ordenamiento jurídico, que no han colaborado para cumplir el mandato constitucional ni contribuir al desbloqueo que ejerce el PP. Por el contrario, estos magistrados del CGPJ “son cooperadores necesarios del secuestro de los populares del órgano del gobierno de los jueces al no dimitir pese a su mandato caducado”.
También ha recordado que estos magistrados “deberían tener cuidado ante su deriva porque ya han presentado desde Sumar una querella por presunta prevaricación por su declaración institucional contra la amnistía”. Y ha exigido a los integrantes conservadores del CGPJ “que se limiten en su trabajo y no se dediquen a la política”.
Doble vara de medir a la hora de ofrecer amparo a jueces
Respecto al comunicado del presidente interino del Tribunal Supremo (TS), Francisco Marín Castán, rechazando los ataques de Junts contra varios magistrado, Santiago ha llamado a “diferenciar de forma más nítida las críticas de los ataques”.
“La crítica es lo normal en democracia (…) La independencia judicial no queda alterada por una crítica, aunque esta pueda ser grave”, ha argumentado el responsable del área de Justicia de Sumar en el Congreso, a la vez que ha recordado que cualquier magistrado “puede emprender acciones, como cualquier ciudadano, si considera menoscabada su honorabilidad”.
Enrique Santiago ha reclamado tanto al Tribunal Supremo como al CGPJ que deberían aclarar “por qué hay una doble vara de medir a la hora de amparar a jueces”, cuando mencionan el ataque expreso que recibió el juez José Ricardo de Prada, nada menos que del que fuera ministro del Interior con Mariano Rajoy, (PP), Jorge Fernández Díaz y que entonces el órgano de gobierno de los jueces y magistrados rechazó.
“Tendrían que explicarnos por qué son tan solícitos a dar amparo a jueces que son criticados por determinadas fuerzas políticas y dan patente de corso e impunidad cuando lo hace el PP y su entorno”, ha insistido Santiago para expresar también su incomprensión ante la falta de apertura de expedientes al juez decano de Sevilla por convocar una manifestación de jueces contra el Gobierno.
Déjenles de pagarles por una función que no cumplen; observaremos como se inician las dimisiones.
Con Moine. Dejar de pagar A TODOS, porque ese órgano no sirve para nada; ni hoy, ni hace cinco, ni hace veinte años. Escoria sin vergüenza.