La situación en la que viven miles de menores, tanto en la Comunidad de Madrid, como en toda España, es una cuestión desconocida para la mayoría de la opinión pública. Conocer qué está sucediendo en el ámbito de la infancia y de los menores es fundamental para poder denunciar determinadas prácticas, para abrir un debate sobre si es ético que una situación de protección pueda ser abordada desde la perspectiva del negocio privado y qué garantías se dan en los procesos administrativos en los que se arranca a los menores de su entorno familiar, en algunos casos, sin abordar los problemas de esas familias para garantizar que el menor pueda vivir en su hogar.
De todo ello hablamos con María Campo, que pertenece al Colectivo Madres y Maestras, y a la Organización Aprodeme.org.
La entrevista puede verla pulsando aquí.
Datos en España
Para que podamos hacernos una idea aproximada, en España, en el año 2020, el número total de menores que fueron atendidos por el Sistema Público de Protección a la Infancia fue de 49.171. Si accedemos a la página web del Observatorio de la infancia, los últimos datos disponibles datan de esta fecha.
En toda España, en 2020 había 1.219 centros de menores, que se diferencian en centros ordinarios y centros para menores de edad con problemas de conducta (104 en total en 2020).
Cataluña es la comunidad autónoma donde mayor número de menores viven en estos centros. Alberga el 24,99% de los acogimientos residenciales a nivel estatal. Por detrás va Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana.
Los menores pueden acudir a estos centros por distintos motivos y por diferentes vías. No en todos los casos es necesario que lo dictamine un juez, y en expedientes por desamparo, son las comunidades autónomas las que determinan, a través de los técnicos, si un menor está en situación de desamparo y requiere de tutela por parte de la Administración. Los menores, en estos casos, pasarán a vivir en un centro de menores o en acogimiento familiar.
En el año 2020 se registraron 11.750 altas en centros de menores. La inmensa mayoría responden a expedientes de desamparo (11.750).
Según señalaba Almudena Olaguible, para RTVE, «numerosos estudios alertan sobre los efectos negativos que la institucionalización tiene sobre los niños y niñas, y nuestra legislación prima el acogimiento familiar sobre el residencial, pero no siempre se puede disponer de una familia adecuada para ellos, por lo que son derivados a un recurso residencial».
El principal problema, según nos explican los expertos, es que la teoría señala una serie de recomendaciones, que en la práctica no se cumplen. Por ejemplo: se supone que las situaciones de de medidas de protección, que se supone que se toman para proteger al menor, deberían tener un carácter temporal, mientras se ayuda a las familias a mejorar la situación del entorno. Pero en el plano real, la mayoría de las situaciones deviene crónica, las familias se sienten desatendidas, y al menor se le expone a situaciones que pueden llegar a ser más nocivas en comparación a las que se pretendía evitar.
El Gobierno se acaba de marcar como objetivo que, desde 2026, no haya ningún niño menor de 6 años en un centro de menores.
Los centros de menores: un negocio para entidades privadas y asociaciones
El funcionamiento en la gestión de estos centros depende de las Comunidades Autónomas. Para cumplir con la función suelen apoyarse en entidades privadas y asociaciones con las que se firman convenios para que lleven a cabo las distintas labores. Existen distintos tipos de centros: de titularidad y gestión pública; de titularidad pública y gestión privada; de titularidad privada que gestiona mediante convenio. El 80% de los centros están gestionados por entidades privadas, según los datos del Observatorio de la Infancia en 2020. Y esto pone de manifiesto un hecho del que hablamos en la entrevista con María Campo: existe negocio y beneficios económicos. Y este es uno de los puntos que nos debería hacer estar alerta.
Riesgos para los menores en los centros
Los casos sobre abuso o explotación sexual de menores tutelados y tuteladas que se están denunciando en distintos centros de diferentes comunidades autónomas, pone de manifiesto la falta de control y de cuidado de estos jóvenes a los que se supone que se arrancaba de su entorno familiar para estar más protegidos. Sin embargo, como recogía RTVE, «el sistema está fallando».
Llama la atención que no haya datos al respecto para poder evaluar lo que está sucediendo. Se desconoce la magnitud de la problemática, pero es una realidad, según apuntan los expertos consultados por la Radio Televisión Pública Española, que afecta a todas las Comunidades Autónomas. Un estudio de UNICEF en 2017 apuntó a que había detectado casos de explotación sexual en siete de las nueve comunidades que formaron parte de la investigación en España.
En las últimas dos semanas hemos conocido tres casos de agresiones sexuales cometidos por menores contra otros menores en Cataluña, señala el Independiente. Los datos de comisión de delitos por parte de menores aumentan y la opinión pública comienza a preguntarse de qué manera se pueden abordar estas cuestiones a nivel social. ¿Hay que castigar más o prevenir mejor?
Malos tratos denunciados por el Defensor del Pueblo
Precisamente hoy se ha conocido que el Defensor del Pueblo ha denunciado que en el Centro Educativo La Zarza, en Abanilla (Murcia) se usan con más frecuencia las «contenciones físicas» en las adolescentes.
Al centro acudieron el pasado mes de febrero, en una inspección sin previo aviso, dos personas técnicas del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, una psicóloga y una médica, acompañadas del equipo vocal del Consejo Asesor del MNP, experto en materia de igualdad de género.
