La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) denuncia que las solicitudes de asilo continúan batiendo récords, que el acceso al sistema no sale de su atasco, que las concesiones de protección cada vez son menores y que las ONG que llevan a cabo labores de búsqueda y rescate en el mar Mediterráneo siguen siendo criminalizadas.
El CEAR no ha detectado mejoras desde que el PSOE gobierna
El CEAR no ha detectado mejoras tangibles en la situación desde que los socialistas llegaran al Gobierno.
Ante esta situación, la organización insta a que se actúe inmediatamente. «El contexto actual requiere la adopción de un pacto de Estado en nuestro país, así como la consecución de un Sistema Europeo Común de Asilo garantista con los derechos de las personas solicitantes de asilo y refugiadas y coherente con los compromisos internacionales en la materia», indica en el documento.
CEAR ha presentado hoy su informe anual sobre ‘La situación de las personas refugiadas en España y Europa’, en el que manifiesta los preocupantes desajustes del sistema nacional de asilo y las dificultades de acceso al mismo. Las más de 46.000 solicitudes de asilo presentadas en los primeros 5 meses de este año, según datos de Interior, y los más de 100.000 expedientes acumulados en los últimos años pendientes de resolución suponen la prueba más evidente de que es necesario un refuerzo firme y urgente del sistema de asilo para dar respuestas estables a la realidad que se vive en nuestro país, que se encuentra entre los primeros de Europa en número de solicitudes.
Además, ha recordado que en 2018 solo se aceptaron 1 de cada 4 solicitudes de asilo, muy por debajo de la media europea (38%) y se mantuvieron largos periodos de espera para formalizar las mismas, lo que en algunas provincias supone más de un año.
CEAR, entidad que cumple este año su 40 aniversario, valora positivamente la iniciativa del Gobierno de la puesta en marcha de recursos y centros para dar una mejor recepción y acogida a las personas que llegan a las costas españolas, así como los importantes gestos iniciales que supusieron la aceptación de las embarcaciones de rescate rechazadas por Italia y Malta. Sin embargo, lamenta que meses después, desde el mismo Gobierno, se hayan puesto obstáculos a barcos de ONG que han impedido su labor de rescate en el Mediterráneo durante meses.
De una forma menos visible, también se han establecido en nuestro país otro tipo de obstáculos muy preocupantes: la imposición de visados de tránsito a personas de origen palestino (lo que resulta contradictorio ya que es una de las nacionalidades con un reconocimiento de protección más altos de nuestro país), y personas camerunesas. Además, se ha continuado con esta exigencia a las personas de origen sirio, en vigor desde el inicio del conflicto en 2011.
