3-Los gigantescos emporios que comercializan petróleo, gas y minerales. Mercados de futuros, opacidad y desregulación en Estados Unidos. Connivencia entre el poder político y el económico:
Los gigantescos emporios que comercializan petróleo, gas y minerales:
El mismo carácter monopolístico que observamos en los mercados de las materias primas alimentarias, los productos agroquímicos, las semillas y las patentes de semillas transgénicas, lo podemos ver en las multinacionales del comercio de hidrocarburos y metales. Se trata de empresas sin la más mínima visibilidad que trabajan en la sombra y con poquísimas normas que regulen sus prácticas, en ocasiones delictivas. Por sí solas, tienen la capacidad de alterar los precios y de sumir en el caos a un país. Estas son las cinco principales.
Glencore:
Glencore, que originalmente se llamaba Marc Rich+ Co AG, fue fundada en 1974 por Marc Rich, un legendario comerciante de materias primas belga-estadounidense-español, que se inició en este complejo mundo en la empresa Phillip Brothers y que se movió siempre al filo de la ley o directamente fuera de ella. En 1994, Rich vendió a sus empleados su participación en la empresa, que cambió de nombre pasando a conocerse como Glencore. La empresa tiene su sede en la ciudad suiza de Baar y comercializa petróleo, aluminio, carbón, cobalto, cobre, ferrocromo, hierro, níquel, zinc y otras materias primas y minerales. Según la revista Forbes, su volumen de ingresos durante el pasado 2022 ascendió a 255.984 millones de dólares, un 25,6% más que en 2021. La compañía da empleo a cerca de 145.000 personas en 80 filiales en los cinco continentes.
Si alguien piensa que es una exageración decir que Marc Rich operó toda su vida como si los negocios fueran una tierra sin ley, le recomiendo que revise la totalidad de cargos imputados al empresario a lo largo de su vida. En 1983 fue acusado por la Fiscalía de Nueva York de 65 delitos que en caso de condena le hubieran supuesto una sentencia de 300 años. Entre las acusaciones estaba la de evasión fiscal y la de hacer negocios con Irán durante la crisis de los rehenes, entre el 4 de noviembre de 1979 y el 20 de enero de 1981. En el último instante, Rich voló a Suiza, que le acogió y defendió porque su empresa tenía su sede en el cantón de Zug. Rich permaneció varios años como uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI en todo el mundo, pero supo tejer una extensa red de amigos que le ayudaron a eludir la acción de la Justicia. Entre las personalidades con las que habitualmente trataba se encuentran Henry Kissinger, secretario de Estado estadounidense durante los mandatos de Nixon y Ford, el rey de España, Juan Carlos I, y todos los primeros ministros de Israel desde 1974. Rich también tenía amplios contactos en la Sudáfrica del apartheid. Esa influencia, superior incluso al alcance diplomático de la mayor parte de los países, se extendía a la Unión Soviética porque la empresa fue la primera intermediaria de Moscú para vender petróleo, gas y minerales en un tiempo en el que la economía soviética necesitaba divisas de forma imperiosa. Rich recibió el indulto del presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, el 20 de enero de 2001, en su último día de mandato. Hay que decir que la primera esposa de Rich, Denise Eisenverk, donó al Partido Demócrata 1,2 millones de dólares. También aportó 450.000 dólares a la Biblioteca Clinton, además de financiar la campaña al Senado de Hillary Clinton, en 2001. Así funcionan las cosas en las altas esferas.
Marc Rich hizo negocios con dictadores tan dispares como Gadafi, Pinochet, Kim Il Sung, Jomeini, Fidel Castro, Ferdinand Marcos, el presidente serbio, Slobodan Milosevic, y Sani Abacha, el sanguinario dictador de Nigeria. Hablábamos antes de la extraordinaria influencia geopolítica de estos empresarios. Valga como muestra lo que sucedió en 1983, cuando Jamaica se quedó sin dinero efectivo durante la crisis de deuda que asoló América Latina a comienzos de los años ochenta del pasado siglo XX. Ese dinero era necesario para pagar los 300.000 barriles mensuales de petróleo que Jamaica consumía y, con el fin de evitar desórdenes sociales, Hugh Hart, ministro de Energía, entró en contacto con Marc Rich, que entregó el petróleo en 24 horas. Glencore está implicada en toda clase de violaciones de derechos humanos y laborales, especialmente en África y América Latina, pero también en lugares como Alemania, Australia, Canadá, Italia o Noruega. La corrupción ha sido práctica habitual en esta empresa, tal como admitió Paul Wyler, ex alto ejecutivo de Glencore, ante el periodista español Javier Blas, especialista en materias primas de Bloomberg y antes del Financial Times, cuando explicó que en los años noventa viajaba habitualmente a Londres con 500.000 libras para pagar sobornos. En un memorando de información (un acuerdo judicial en el que el investigado admite delitos ante la fiscalía) de mayo de 2022, Glencore reconoce que tenía cajeros en sus sedes de Baar, en Suiza, y Londres y que ambos funcionaron hasta 2011 y 2016, respectivamente. La empresa reconoce que sus empleados utilizaban el dinero extraído con el fin de pagar sobornos. Glencore admitió también que habían pagado sobornos hasta 2018. Según el Financial Times, “Glencore es uno de los grandes ganadores de la agitación de los mercados de las materias primas a causa de la guerra de Ucrania”.
Una investigación del programa Panorama de la BBC, emitida el 16 de abril de 2012, mostraba como Glencore se beneficiaba del trabajo infantil en una concesión minera que posee en la República Democrática del Congo. La filmación encubierta reveló que niños de apenas 10 años trabajaban en la mina de cobre de Tilwezembe. La mina había sido cerrada en 2008, pero la concesión aún pertenecía a Glencore. Aunque el presidente ejecutivo de Glencore, Ivan Glasenberg, salió a desmentir las acusaciones declarando que la empresa “no obtenía provecho del trabajo infantil en ningún lugar del mundo”, documentos obtenidos por el programa mostraban que parte del cobre extraído de la mina había sido enviado desde la planta procesadora a una empresa fundidora de Glencore en el vecino Zambia. Los mineros que trabajan en Tilwexembe declararon a la BBC que al menos 60 de sus compañeros habían muerto en esa mina en 2011, lo que la convertía en una de las más peligrosas del mundo. Un adolescente de 16 años señaló que los accidentes eran habituales y las muertes por derrumbe, rutinarias. Panorama grabó a mineros descendiendo para extraer cobre a pozos de 50 metros de profundidad, sin medidas de seguridad ni equipos para respirar. El programa también encontró evidencias de desechos acídicos que terminaron en un río cercano a la refinería de cobre de Glencore, ubicada en Luilu.
Estas prácticas no son exclusivas de Glencore. En un estudio de 2015, Amnistía Internacional analizaba 100 informes presentados por más de 1.300 empresas estadounidenses como Apple, Boeing o Tiffany&Co, en los que el 80% de las corporaciones declaraban desconocer la procedencia de los minerales que usaban en la fabricación de sus productos, mientras que solo el 4% de las empresas admitieron utilizar el coltán que procedía del Congo. En el mismo estudio, se documentó la compra de cobalto en áreas en las que es común el trabajo infantil. El mineral se vende a Congo Dongfang Mining (CDM), empresa propiedad del gigante chino del comercio de minerales Zhejiang Huayou Cobalt Ltd (Huayou Cobalt). Los documentos de inversores analizados por Amnistía Internacional demuestran que Huayou Cobalt y su filial CDM procesan cobalto para su posterior venta a tres fabricantes de baterías que son suministradores de Apple, Microsoft, Samsung, Sony, Daimler y Volkswagen. Ninguna de las 16 empresas que figuraban como clientes de los fabricantes de baterías a los que Huayou Cobalt suministraba cobalto fueron capaces de explicar de forma precisa a Amnistía Internacional de donde procedía el cobalto que utilizaban. “Los riesgos para la salud y la seguridad convierten la minería en una de las peores formas de trabajo infantil. Unas empresas cuyas ganancias globales ascienden a 125.000 millones de dólares no pueden afirmar con credibilidad que les resulta imposible comprobar de dónde proceden los minerales esenciales para sus productos”, declaró Mark Dummett, director de Empresas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional. Las declaraciones de Responsabilidad Social Corporativa de las empresas se convierten en papel mojado en el momento en que deciden no llevar a cabo labores de control y de exigencia ética a sus proveedores en países del Tercer Mundo. Esta falta de transparencia es la que hace que hablemos de un capitalismo injusto que permite que las empresas se aprovechen de la ausencia de derechos humanos en determinadas regiones del planeta, generando aún más pobreza y desigualdad.
Trafigura Group Pte Ltd:
Trafigura fue fundada en 1993 en Singapur, donde mantiene su sede, aunque opera desde sus oficinas centrales de la ciudad suiza de Ginebra. Esta empresa se dedica a la comercialización de petróleo, metales, minerales y gas, y dispone de delegaciones en 48 países. Trafigura publica anualmente sus cuentas, algo infrecuente en este sector, lo cual no significa que no sea una empresa extremadamente opaca en otros aspectos. Sus increíbles ingresos en 2022 fueron de 318.476 millones de dólares, lo que supuso un aumento del 38% respecto a 2021. El Washington Post informó hace unos meses de que la empresa paga un tipo impositivo bajísimo, el 12%, que contrasta con entre el 20 y el 25% que pagan los bancos de inversión de Wall Street. La matriz de la empresa, en la que trabajan más de 13.000 empleados, es una fundación con sede en el paraíso fiscal de Panamá. En diciembre de 2018, fiscales brasileños de la ciudad de Brasilia acusaron a las empresas Trafigura, Vitol y Glencore, de participar en la red de sobornos “Lava Jato”, un esquema de corrupción que afecta a la mayor empresa estatal de Brasil, Petrobras, y que es considerado el caso más grave de la historia del país. Los pagos se habrían hecho a empleados de Petrobras a cambio de concesiones de negocio.
Trafigura también fue responsable de un vertido tóxico en Costa de Marfil cuando, el 2 de julio de 2006, el carguero Probo Koala, con bandera de Panamá y de propiedad griega, entró en el puerto de Ámsterdam con 500 toneladas de productos químicos derivados del lavado cáustico de nafta de coquificación, un tipo de gasolina no refinada. Las autoridades de Ámsterdam se hicieron eco de las quejas de la población ante el insoportable hedor y la aparición de náuseas, jaquecas y mareos. Trafigura rechazó la oferta de una empresa de gestión de residuos que se ocuparía de la carga de forma segura a cambio de 620.000 dólares. Días después, Trafigura firmó un contrato con una empresa de gestión de residuos de Costa de Marfil llamada Compagnie Tommy. En el contrato no se hacía mención del tratamiento seguro de los residuos, de manera que el 16 de agosto de 2006 los productos químicos llegaron al vertedero de Akouédo, en la ciudad marfileña de Abiyán, desde donde fueron distribuidos a 18 puntos diferentes de la ciudad. La operación tuvo un coste ridículo para Trafigura, de apenas 17.000 dólares. Desde las 24 horas posteriores al vertido, los habitantes de Abiyán comenzaron a sufrir náuseas, vómitos, dolor de cabeza, dolor abdominal, hemorragia nasal, e irritación de piel y ojos. Por esta emergencia fueron atendidas alrededor de 100.000 personas y se produjeron entre 15 y 17 muertes. Imaginemos cuál hubiera sido el trato de la prensa hacia una catástrofe humanitaria de estas características y su repercusión mundial si se hubiese producido en Madrid, París o Londres y no en un país del Tercer Mundo. Cuando la policía de Holanda trató de investigar el caso, Trafigura solicitó a Compagnie Tommy una factura falsa por valor de 100.000 dólares. En febrero de 2007, Trafigura accedió a pagar 200 millones de dólares en virtud de un acuerdo que le otorgaba inmunidad procesal general. En Reino Unido se presentó otra demanda en nombre de 30.000 víctimas, que se cerró con otro acuerdo de 30 millones de libras esterlinas (unas 1.000 libras por demandante), sin que Trafigura admitiera responsabilidad por el vertido. Un tribunal holandés declaró en 2008 a Trafigura culpable de exportación ilegal desde Holanda de los residuos que terminaron en Abiyán, y multó a la empresa con un millón de euros, pero no la procesó por el vertido en Costa de Marfil.
Vitol Group:
El grupo Vitol Group, fundado en Rotterdam en 1966 y con sede en Ginebra, obtuvo en 2022 nada menos que 505.000 millones de dólares de ingresos procedentes de la venta de petróleo, carbón, gas natural, etanol, metanol y diversos tipos de aceites industriales, según adelantó el Financial Times a finales de marzo. Este gigante vende cada día alrededor de 7,5 millones de barriles de petróleo (es la empresa líder en ventas) y fleta cada año más de 6.200 barcos cargueros de materias primas. El grupo Vitol no opera en bolsa y por ello no está sometido a las exigencias de transparencia de otras empresas, lo que dificulta su control y el seguimiento de sus operaciones. La empresa dispone de oficinas en 40 países y no aporta información de su número de empleados. Valga como ejemplo del enorme alcance del poder de Vitol, pese al completo anonimato en el que se desenvuelve la empresa, lo que sucedió en 2011, cuando los rebeldes libios que derrocaron y asesinaron a Gadafi agotaron su gasolina. Ian Taylor, entonces presidente de Vitol, negoció personalmente la entrega. Los rebeldes necesitaban diésel y gasolina para los vehículos militares y fueloil pesado para las centrales eléctricas que ya controlaban. Como no disponían de efectivo, pagaron el petróleo refinado con su propio crudo, operación que finalizó cuando el gobierno bombardeó uno de sus oleoductos. Lo mismo sucedió a comienzos de los años noventa, cuando Cuba, tras el colapso y desaparición de la Unión Soviética, su principal suministrador de combustible, necesitó de forma urgente petróleo, que solo llegó tras la intervención personal de Taylor.
Como es habitual, este tipo de empresas no escatiman a la hora de contratar a expolíticos que puedan abrir las pocas puertas cerradas para ellas. Es el caso de sir Alan Duncan, exministro de Asuntos Exteriores británico para Europa y América, que trabaja para Vitol en calidad de director de desarrollo comercial desde enero de 2020. Duncan fue comerciante de petróleo al inicio de su carrera y tenía trato frecuente con Taylor desde cuarenta años antes de su muerte, en 2020. Taylor se distinguió también por ser un gran donante del Partido Conservador británico, y Duncan llevó a cabo una intensa campaña con el fin de que el Gobierno de David Cameron le nombrase caballero del Imperio Británico, recomendación que fue denegada por el comité de ética de la Orden del Imperio Británico, después de examinar los casos de corrupción que afectaban a Vitol. La empresa admitió haber pagado sobornos nada menos que hasta 2020. Vitol estuvo involucrada en un caso de corrupción en torno al programa “Petróleo por Alimentos” de la ONU, y reconoció haber sobornado a funcionarios de Irak en tiempos de Saddam Hussein con el fin de obtener acceso al petróleo iraquí, pagando para ello alrededor de 13 millones de dólares. En diciembre de 2020, Reuters informó del acuerdo al que la empresa había llegado con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, después de admitir que también pagó sobornos a funcionarios de Brasil, Ecuador y Méjico para obtener contratos. La filial estadounidense de Vitol acordó el pago de 135 millones al Departamento de Justicia, de los cuales las autoridades de Brasil recibirán 45 millones. También devolverá 28,7 millones de dólares a la Commodity Futures Trading Commission (CFTC, por sus siglas en inglés), el regulador estadounidense del mercado de derivados y futuros, por ganancias obtenidas ilícitamente y en concepto de multas.
Mercuria Energy Group Ltd:
El gigante multinacional Mercuria fue fundado en 2004 por dos ex comerciantes de materias primas procedentes de Goldman Sachs y tiene sedes en Ginebra y en la ciudad chipriota de Lárnaca. La empresa opera en 50 países en los que emplea, pese a sus increíbles ingresos, que ascendieron en 2022 a 174.000 millones de dólares, solamente a 1.300 personas. Mercuria comercializa petróleo, carbón, gas, biodiésel, metales y productos alimentarios. Cuando la empresa diversificó su negocio entrando en el mercado de los cereales, comenzó a contratar a ejecutivos procedentes de bancos como Barclays, Goldman Sachs y Morgan Stanley, y también de competidores directos como Dreyfus. En 2014, la empresa adquirió la división de materias primas de JP Morgan, algunos de cuyos trabajadores también pasaron a engrosar las filas de Mercuria.
Gunvor Group Ltd:
Gunvor ingresó en 2022 nada menos que 150.000 millones de euros. Según su propia web, la empresa se fundó en el año 2000 y, como en el caso de Mercuria, llama la atención su exiguo número de empleados, tan solo 1.500, con relación a su volumen de negocio. La sede de Gunvor está en Ginebra, Suiza, y su negocio se centra en la comercialización de petróleo y sus derivados y gas natural. Sus dos fundadores son Gennady Timchenko, un oligarca ruso muy vinculado a Putin que según Forbes es la sexta persona más rica de Rusia, con una fortuna estimada en más de 10.000 millones de dólares; y el sueco Torbjörn Törnqvist, actual presidente de la empresa. Törnqvist posee el 61% de las acciones de Gunvor. Una parte de ellas procede del 44% del paquete accionarial que estaba en manos de Timchenko y que adquirió un día antes de que Estados Unidos sancionara al oligarca ruso por la invasión de Crimea, en 2014. Gunvor está siendo investigada en Estados Unidos y Ecuador por blanqueo de capitales, soborno y manipulación de los mercados de productos básicos, actividades por las que la empresa ya fue condenada en Costa de Marfil y República del Congo en 2019.
Todas estas empresas, al igual que las que comercializan con materias primas, tienen en común que prosperan en escenarios de escasez, incertidumbre y catástrofe. Solo tres meses después de la invasión de Ucrania, el Washington Post señaló con acierto que “la volatilidad de los precios puede ser mala para los ciudadanos, pero es buena para la agroindustria, los inversores, los especuladores de cereales y los comerciantes”. Protegidas por la opacidad, su tamaño y la falta de regulación y control por parte de las autoridades, estas empresas pueden enriquecerse de manera lícita porque controlan todos los eslabones de la cadena de suministro de petróleo, gas, minerales, metales y alimentos, por lo que pueden influir de manera decisiva en los precios simplemente restringiendo el suministro de una o varias materias primas. No solo son dueños de los silos de almacenamiento de materias primas indispensables, sino también de ferrocarriles y barcos, y además poseen los datos y las conexiones precisas para acceder a todos los mercados del planeta. Y un factor fundamental para entender muchas cosas: sus ejecutivos saben perfectamente que si no tienen exposición pública tampoco tendrán una reputación a proteger.
Mercados de futuros, opacidad y desregulación en Estados Unidos. Connivencia entre el poder político y el económico:
Los llamados mercados de futuros son aquellos en los que se negocian contratos de compraventa de productos a largo plazo, acordando un precio para una cantidad concreta, a recibir en una fecha también pactada. Estos contratos aseguran un precio libre de las alteraciones causadas por crisis económicas, guerras, problemas meteorológicos como sequías e inundaciones o cualquier otro evento. Los mercados de futuros nacieron con el fin de disminuir los riesgos asociados a estas variables. El Chicago Board of Trade (CBOT), es el mercado de materias primas y de futuros más antiguo del mundo. Fue creado en 1848 como el espacio idóneo para que los agricultores del Medio Oeste estadounidense negociasen entre ellos un precio justo para sus productos. Aunque nació como mercado de productos agrícolas como el maíz, el trigo, la avena o la soja, posteriormente comenzó a ofrecer oro y plata, hidrocarburos y bonos del Tesoro estadounidense. En 2007, el CBOT se fusionó con el Chicago Mercantil Exchange, dando lugar al CME Group, que también controla el índice bursátil Dow Jones y el mercado de futuros de Kansas City, el primero del mundo para la negociación del trigo. En el CME Group también están integrados el New York Mercantile Exchange, la bolsa de materias primas de Nueva York, y el Commodity Exchange Inc. (COMEX), el principal mercado de opciones y futuros para negociar metales preciosos e industriales como oro, plata, cobre, paladio, platino y aluminio, además del acero. El Commodity Exchange Inc. (COMEX) opera desde Manhattan, ejecutando diariamente más de 400.000 contratos, lo que lo convierte en el mercado de metales más importante del mundo. En el CME Group de Chicago se negocian a diario más de 15 millones de contratos, de los cuales una décima parte son agrícolas.
El mercado de derivados es el espacio en el que se compran y venden productos financieros derivados del valor de otro activo subyacente, como acciones, bonos, materias primas o monedas. El valor del derivado depende del valor del activo al que está vinculado. En el año 2000, concretamente el 21 de diciembre, se aprobó la Commodity Futures Modernization Act, que permitió que los productos financieros derivados se negociasen en multitud de mercados sin apenas restricciones legales ni regulaciones de ninguna clase que limitasen su tamaño, la cantidad en circulación y su efecto en la economía. La agencia encargada de regular el mercado de futuros y opciones en Estados Unidos es la Commodity Futures Trading Commission (CFTC, por sus siglas en inglés). Este organismo había sido creado en 1974 mediante la Commodity Futures Trading Commission Act con el fin de proteger a los inversores. La aprobación de la Commodity Futures Modernization Act en el año 2000 facilitó la exención de la supervisión por parte de la CFTC de todos los derivados alimentarios y energéticos sin excepción, lo que produjo una escalada de las prácticas especulativas. Los futuros agrícolas continuaron regulados, pero no sucedió lo mismo con los “swaps”, que son contratos financieros que permiten a los inversores una cierta cobertura contra las fluctuaciones del valor de los activos subyacentes.
Quiero insistir en la importancia decisiva de la desregulación como factor independiente de generación de crisis sistémicas y de desigualdad económica. En el informe de la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera del Congreso de Estados Unidos (una comisión del Congreso estadounidense cuyo objetivo fue investigar las causas y factores que dieron lugar a la crisis financiera de 2008), publicado el 25 de febrero de 2011, se concluye que “la falta de regulación en el mercado de derivados debido a su dimensión y a la aprobación de la Commodity Futures Modernization Act en el año 2000, fue un punto de inflexión clave para desencadenar la crisis financiera”. Incluso alguien como Warren Buffet, considerado uno de los inversores más importantes del mundo y director ejecutivo de Berkshire Hathaway, una sociedad tenedora de acciones de grandes empresas y multinacionales, considerada la sexta mayor empresa de Estados Unidos, había criticado duramente el mercado de derivados en 2008, definiendo a estos instrumentos financieros como “bombas de relojería, tanto para las partes que los negocian como para el conjunto del sistema económico”. A todo esto hay que sumar la decisión, en 2004, de la Securities and Exchange Commission (SEC), de flexibilizar las normas que impedían a la banca de inversión utilizar más apalancamiento (uso de capital propio o deuda para invertir) en los mercados de derivados agrícolas.
Desde comienzos de la década de los noventa del pasado siglo XX, la Chicago Board of Trade había aumentado de forma constante la exposición a la especulación en todas las operaciones en sus distintas plataformas y bolsas. Durante más de 30 años, existieron límites fijados en 600 contratos por producto básico y agente, establecidos por la CFTC, que aumentaron en 2005 a 22.000 para el maíz, 10.000 para la soja y 6.500 para el trigo. Como era de esperar, este desmesurado incremento produjo un auge del mercado de las materias primas debido a la entrada en el sector de los fondos y bancos de inversión, lo cual desembocó en el llamado “superciclo” de las materias primas entre 2002 y 2008, que supuso un aumento en los precios del petróleo, los metales y los productos agrícolas, implementado además a causa del incremento de la demanda de China, la creciente industrialización de los países emergentes y los problemas climáticos. Los límites en la tenencia de contratos se habían mantenido durante décadas porque garantizaban la estabilidad del mercado al impedir una concentración excesiva en manos de unos pocos agentes, que a partir de 2005 podrían especular libremente con todo tipo de movimientos. Algo parecido ocurre desde mediados de 2021, es decir, es muy anterior a la guerra de Ucrania: los precios suben o bajan más allá de lo que puedan explicar las leyes de la oferta y la demanda y otros factores porque lo que predomina en este sector es la especulación. Toda especulación es susceptible de crear una burbuja, con enormes riesgos para los inversores y todo el sistema económico. El problema es que, en este caso, el producto con el que se especula es el mismo que llega a nuestras mesas y debería estar protegido de estas prácticas.
Michael W. Masters, fundador y director del fondo de cobertura Masters Capital Management LLC, dejó bastante claro el 20 de mayo de 2008, en su comparecencia ante el Subcomité Permanente de Investigaciones del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado estadounidense, que los inversores institucionales, los grandes fondos y los especuladores contribuían al incremento de los precios de las materias primas, muy especialmente en el caso del petróleo, a través de la compra de contratos de futuros. Masters denunció que la especulación de los fondos de inversión en el mercado de futuros creaba una demanda artificial que a su vez aumentaba los precios de las materias primas con prácticas diferentes y más agresivas respecto a los especuladores tradicionales porque estos agentes, en lugar de invertir en productos concretos, lo hacen en los mercados de futuros de esos productos. Como consecuencia de esta inversión desmesurada en futuros, que pasó de 13.000 millones de dólares en 2003 a nada menos que 260.000 millones en marzo de 2008 y 317.000 a finales de ese año, los precios de los 25 productos básicos más comprados y vendidos en los mercados internacionales aumentaron en promedio un 183%. Según la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), los precios negociados en los mercados de futuros son los que sirven de referencia para fijar los precios de los productos alimentarios que compran las familias, por lo que impulsar al alza el valor de los futuros tiene un impacto en el precio final de los alimentos.
Masters también llamó la atención sobre cosas que todos sabemos: los reguladores no cumplen con su función, no solo porque se han flexibilizado al extremo las leyes de control hacia los grandes fondos y multinacionales, sino porque en ellos trabajan antiguos cargos provenientes de los fondos, bancos y empresas que invierten en los mercados de las materias primas. Las estrategias de negocio de los especuladores equivalen a un acaparamiento virtual a través del mercado de futuros porque el único objetivo es la rentabilidad y, para lograrla, disponen de muchos instrumentos financieros propios de la economía especulativa, que han sido concebidos de manera específica para generar beneficios reales a partir de prácticas que en ningún caso deberían existir en la economía. Como comentábamos en los casos del fraude del aluminio y el cobre, la especulación se lleva a cabo contando con el aval de un producto básico que, efectivamente, existe, pero que en realidad no se desea comprar, sino especular con él. En su libro “El hambre”, publicado en 2015, el periodista y escritor argentino Martín Caparrós explica cómo “en la Bolsa de Chicago se negocia cada año una cantidad de trigo igual a cincuenta veces la producción mundial de trigo”.
Los principales entes reguladores de Estados Unidos, como antes comentábamos, habían sido creados durante el New Deal con el fin de limitar la exposición de la economía productiva y la banca tradicional a las actividades de riesgo de la banca de inversión, que ya estaba desplegando estrategias especulativas que suponían un riesgo importante para el conjunto del sistema y de la sociedad, como bien se demostró durante la década posterior al crac de 1929. En 1933 se instituyó el Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC, por sus siglas en inglés), el organismo que garantizaba los depósitos en bancos y cajas de ahorro. El mismo año, se aprueba la Securities Act, que tuvo como objetivo garantizar información transparente para los inversores y también estableció leyes contra actividades fraudulentas en los mercados de valores. Decisiva fue una disposición de esta ley por la cual se creaba, en 1934, la Securities and Exchange Commission (SEC, por sus siglas en inglés), el ente encargado de supervisar e inspeccionar los mercados de valores en los Estados Unidos, así como la actividad que se desarrolla en ellos y a los agentes que intervienen en los intercambios de valores en bolsa.
La Securities Exchange Act, también aprobada en 1934, estableció la normativa de funcionamiento de los mercados secundarios de títulos y el papel de los intermediarios que operaban en esos mercados.
La Commodity Exchange Act, creada en 1936, regulaba los mercados de futuros y opciones de las materias primas básicas, lo que incluía la totalidad de los cereales, además del algodón, la mantequilla, los huevos y las patatas. Como parte de su gigantesco plan de reforma de la economía con el fin de encorsetar las actividades de la economía especulativa, Roosevelt pidió al Congreso la elaboración de leyes para la regulación de valores y futuros de las materias primas. Pero para sorpresa del presidente, eran los comités de agricultura del Congreso y no los bancarios los que tenían competencia regulatoria sobre los diferentes mercados en los que se negociaban los contratos de futuros. Durante las sesiones para elaborar estas leyes, los congresistas tuvieron plena constancia de las prácticas especulativas a gran escala que se estaban produciendo en los mercados de los productos básicos, a las que llegaron a describir como “orgías especulativas”. Entre los eventos catastróficos de aquellos años está el colapso de los precios del trigo y el maíz en 1933 en la Bolsa de Comercio de Chicago, y también el derrumbe del precio del algodón en 1935. El escenario de inestabilidad que causaba la desregulación fue lo que convenció a la propia industria de la necesidad de aprobar la Commodity Exchange Act. Esta ley fue reemplazada en 1974 por la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), aprobada en octubre por la Administración Ford, que se creó para supervisar los derivados financieros basados en materias primas, principalmente los futuros. Hasta 1981, esta ley prohibió las llamadas “opciones de productos básicos”, un tipo de contrato especulativo que otorga al inversor el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo a un precio determinado. Pero la disposición aprobada en 1974 no daba respuesta a problemas crecientes que tenían que ver con la creación masiva de productos financieros muy sofisticados que se beneficiarían de la cada vez mayor interconexión de los mercados bursátiles mundiales, algo imposible de imaginar para los reguladores en los años treinta del siglo XX.
La Bankruptcy Act, aprobada en 1938, conocida como ley Chandler, estableció los criterios por los que los bancos de inversión no podían participar en la compra y posterior reconfiguración de empresas en situación de quiebra, con el fin de evitar conflictos de intereses.
En definitiva, el New Deal estableció toda una serie de leyes con carácter federal que supervisaban todos los aspectos de la economía con normas preventivas, regulatorias e intervencionistas y sancionadoras si fuera necesario. Este marco jurídico se vio reforzado en las décadas posteriores por la necesidad de supervisar los nuevos productos financieros creados por las entidades bancarias. Un ejemplo fue el de la aprobación de la Ley Williams Act, en 1968. Esta ley estableció las reglas que regularían las OPAS (oferta pública de adquisición). Se aprobó como respuesta a una importante oleada de opas hostiles de inversores que utilizaban artificios financieros procedentes de la banca de inversión con el fin de adquirir una compañía. La ley recibe su nombre del senador por Nueva Jersey, Harrison A. Williams. En 1975, mediante las Securities Acts Amendment, también se modificaron varias normas de la Securities Act y la Securities Exchange Act, que facultaron a la SEC para establecer un mercado único de bolsa y un conjunto de normas regulatorias.
Pero todo empezó a cambiar poco antes de la llegada de Ronald Reagan y su agresiva política económica encaminada a acabar con toda intervención del Estado en la economía. En 1980, durante la Administración Carter, se aprobó la Depositary Institution Regulation and Money Control Act, una ley que permitió a los bancos acceder a prácticas que hasta entonces les estaban prohibidas. Esta disposición provocó la creación de productos financieros específicamente diseñados para eludir las normativas vigentes y tuvo como consecuencia una concentración bancaria sin precedentes en Estados Unidos, con la fusión de alrededor de 4.300 entidades en la década de los ochenta y más de 6.000 en la década de los noventa. Fue entonces cuando los bancos comenzaron a ofrecer a sus clientes los “derivados”, algo que hasta entonces nunca se hacía con particulares. También comenzó a producirse el fenómeno de la titulización, que fue uno de los factores que dieron origen a la crisis de 2008. Cuando un banco estadounidense concedía una hipoteca “subprime”, la contabilizaba en sus balances y asumía el posible impago depositando una cantidad de dinero en concepto de fianza en la Reserva Federal. El alto riesgo, el tamaño y las reservas depositadas por cada entidad determinan el número de hipotecas que puede conceder, de manera que, cuando sobrepasaban el número de hipotecas que podían adjudicar, las traspasaban a otros bancos o fondos. La entidad que asumía esa hipoteca se llevaba los beneficios y se responsabilizaba de los riesgos. El negocio residía en que la entidad que traspasaba la hipoteca se quedaba con las comisiones y podía continuar otorgando más hipotecas “subprime”.
Y así llegamos a 1982, en plena ola neoliberal de la Administración Reagan, cuando la SEC aprobó la Shelf Registration (SR), conocida formalmente como la Rule 415. Mediante esta norma, se reducía de 20 a 2 días el proceso de registro y emisión en bolsa, es decir, el período hasta que la emisión se hacía efectiva, y, por otro lado, las empresas cotizadas en bolsa disponían de un plazo de dos años para sacar al mercado esa emisión. Esta diferencia de plazo evitaba que la emisión se produjera en momentos desfavorables, y aunque la ley establecía como objetivo “disminuir el riesgo de mercado y aprovechar las ventanas de oportunidad” otorgadas por la flexibilidad de plazos, la sola aprobación de la norma y su puesta en marcha hizo imposible de todo punto supervisar la cantidad y la calidad de la información de las nuevas emisiones de títulos. La Rule 415 atacó frontalmente el “principio de plena divulgación”, recogido en la Securities Exchange Act de 1934, que buscaba garantizar a los inversores una completa transparencia acerca de los títulos que salían al mercado.
También en 1982 se aprobó la Depository Institutions Act, conocida como ley Garn St Germain Act, promulgada por el Congreso el 15 de octubre. Esta ley permitió a los bancos dar crédito a tasas ajustables, con avales mínimos y con nula seguridad, y eliminó otras restricciones sobre los préstamos, como la de adelantar un dinero a la entidad para obtener una vivienda. Este tipo de medidas supusieron un incentivo a las prácticas de riesgo porque los bancos entendieron rápidamente que prestar dinero a clientes no del todo solventes era una operación que se podía hacer a un interés significativamente mayor que cuando se prestaba a un cliente fiable, mientras que la Federal Home Loan Bank Act, aprobada en 1932, había establecido restricciones específicas en las tasas de interés sobre depósitos y préstamos concedidos a particulares. A finales de la década de los ochenta, la desregulación bancaria provocó una crisis que se saldó con la pérdida de 130.000 millones por parte de los ciudadanos estadounidenses. En realidad, la ley Garn-St Germain afectó más a las cajas de ahorro estadounidenses, que a partir de entonces se dedicaron, entre otras actividades, a especular con los ahorros de sus clientes.
La principal fuente de financiación de las cajas de ahorros y préstamos seguían siendo los depósitos de los pequeños ahorradores, que estaban respaldados por el gobierno a través del Federal Savings and Loan Insurance Corporation (FSLIC, por sus siglas en inglés), cuyo papel era similar al que ejercía la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) para los depósitos de los bancos comerciales. Si las cajas no eran capaces de asumir sus obligaciones, sería la FSLIC la encargada de hacer los pagos. La ley Garn St Germain Act tuvo tal impacto en la estructura financiera de las cajas de ahorro que, entre los años 1982 y 1985, el total de sus activos aumentó un 56%, pasando de 686.000 a 1.068.000 millones de dólares, cifra que suponía más del doble del crecimiento experimentado por los bancos tradicionales, que ascendía a un 24%. Hasta entonces, la mayor parte de los beneficios de las cajas procedía de la negociación de los bonos hipotecarios, pero la aplicación extremadamente laxa de la Ley Garn St Germain Act les permitió aumentar el perfil de riesgo de las nuevas inversiones. Fue así como comenzaron a adquirir productos específicamente creados por la banca de inversión, como los bonos basura, los productos derivados y las titulaciones hipotecarias, todos ellos ajenos a las prácticas tradicionales de las cajas estadounidenses. La tenencia de titulaciones por parte de las entidades de ahorro se multiplicó por 2,25 en el período 1984-1988, pasando de 85.300 a 192.800 millones de dólares. Este aumento de los títulos especulativos en manos de las cajas enriqueció a los bancos de inversión, que realizaban labores de intermediación en los mercados primario y secundario y que favorecieron e incentivaron ambos negocios participando con posiciones propias en la gran oleada de fusiones de los años ochenta y noventa.
El credo neoliberal considera improbables los eventos desastrosos en virtud de su sacrosanta idea de la eficiencia de un mercado con capacidad de autorregularse y de corregir cualquier circunstancia que pueda poner en riesgo el sistema, pero esa estabilidad está tan lejos de ser real ahora como lo estaba en los años ochenta del pasado siglo XX: la ausencia de regulación provocó un aumento de las prácticas de riesgo que no solo costó 130.000 millones de dólares de pérdidas a los ciudadanos de Estados Unidos, sino que llevó a la desaparición de un tercio de las 3.234 asociaciones de ahorro y préstamo del país entre 1986 y 1995.
La Rule 144A fue otra enmienda a la Securities Act de 1933, que se aprobó en 1990. Su contenido eximía de registrar en la SEC las emisiones de títulos por encima de medio millón de dólares destinadas a inversores privados. Se trataba de colocaciones realizadas a inversores profesionales llamados Compradores Institucionales Cualificados (QIB, por sus siglas en inglés) que, por lo general, eran grandes inversores institucionales con al menos 100 millones de dólares en activos invertibles. A la vez, la Rule 144A suprimió la exigencia de un mínimo de 2 a 3 años en los que los QIB debían mantener esos títulos antes de ponerlos a la venta en los mercados secundarios, medida que evitaba la especulación a muy corto plazo. Desde la SEC, se insistió en que la nueva norma atraería a un mayor número de inversores extranjeros hacia los mercados de capitales estadounidenses, pero lo que ocurrió fue que la novedad legislativa resultó tener un gran atractivo para las empresas emisoras nacionales y los inversores extranjeros porque las primeras podían emitir títulos sin someterse al control regulador de la SEC, mientras que los segundos no tenían necesidad de adaptar su sistema contable al de Estados Unidos.
Así fue como esta norma se convirtió en otro nicho exento de regulación que disminuyó aún más la capacidad de control de la SEC sobre una enorme cantidad de productos financieros que se vendieron en operaciones privadas y opacas de las que el organismo ni siquiera tenía constancia. Los problemas a los que se enfrentaban los organismos reguladores se agravaron aún más a comienzos de los años ochenta con la aparición masiva de productos financieros extremadamente complejos y sofisticados. Un producto financiero es un producto creado para su venta a grandes inversores en forma de acciones, bonos bancarios, opciones de divisas, obligaciones, fondos de inversión, derivados, etcétera. No existe ninguna forma de patente que proteja a los productos financieros. Un producto financiero rentable puede ser creado por un banco sin el menor coste económico y bien puede ser copiado al día siguiente por otro banco en cualquier rincón del planeta. Ahora bien, lo rentable puede estar reñido con lo ético, como nos muestra la realidad más reciente. Pese a la solemne y grandilocuente retórica de la banca privada cuando nos habla de responsabilidad y seguridad, no existe autoridad mundial alguna que haga un seguimiento exhaustivo acerca de los productos financieros creados y que ejerza una labor de control sobre los mismos. Al contrario, los productos financieros aparecen en el mercado, produciendo en ocasiones efectos desastrosos en pequeñas empresas y particulares que los adquieren, sin que se produzca una penalización para sus creadores.
En definitiva, la eliminación de las normas de control y transparencia y la avalancha de productos financieros especulativos creados por los bancos de inversión a partir de 1980 hicieron que los organismos reguladores que existían se vieran desbordados, como reconoció públicamente en 2001 Arthur Levitt, presidente del regulador de las bolsas y mercados de Estados Unidos, la Securities and Exchange Commission (SEC), entre 1993 y 2001, que en su libro “Oído en la calle” destacó la labor de lobby que practican los bancos de negocios y las auditoras, afirmó que la SEC no contaba con los medios necesarios para regular los excesos de la banca de inversión y la economía especulativa y llegó a la conclusión de que todas estas actividades “resultan deprimentes para cualquiera que crea en la democracia”. Levitt también declaró que los artificios contables constituían una amenaza desde mucho antes del estallido del caso Enron y explicó que los analistas mejor pagados no lo eran por su excelencia intelectual, sino por los negocios de la banca de inversión que eran capaces de llevar a sus empresas.
Podemos corroborar esta alianza sagrada entre ideología e intereses si observamos los nombramientos de algunos cargos que indistintamente pasaron de la banca de inversión a la política y viceversa. Entre 1981 y 1985, Donald Reagan, que había sido presidente del banco de inversión Merril Lynch entre 1971 y 1980 y vicepresidente de la Bolsa de Nueva York, fue nombrado por el presidente Reagan secretario del Tesoro estadounidense.
Su sucesor al frente del Tesoro fue el diplomático James Baker (1985-1988), quien luego se desempeñó como secretario de Estado de Bush padre entre 1989 y 1992. Tras su paso por la política, Baker fue contratado por la empresa Enron, que protagonizó el mayor fraude de la historia de la bolsa en Estados Unidos, lo que llevó a la compañía a la desaparición, arrastrando consigo a la auditora Arthur Andersen, miembro del selecto grupo de las llamadas “Big Five”. Baker también trabajó en la firma financiera Carlyle, vinculada a los negocios de la familia Bush.
Nicholas Brady, secretario del Tesoro entre 1988 y 1993, había sido presidente del banco de inversión Dillon Read&Co., para después formar parte del consejo de administración del fondo de inversión Franklin Templeton Investment Funds. Desde el año 2000, también es miembro de Choptank Partners, Inc., una firma de inversión, y desde enero de 2004 es miembro de la junta directiva de la empresa petrolera Weatherford International Ltd.
El primer secretario del Tesoro nombrado por Clinton fue Lloyd Bentsen (1993-1994), que había fundado su propia gestora de activos financieros. Robert E. Rubin (1995-1999), segundo hombre de Clinton en el Tesoro, procedía de Goldman Sachs y su nombre llegó a barajarse como vicepresidente en la candidatura de Al Gore en el año 2000. Poco antes, en 1999, Rubin había comenzado a trabajar en Citigroup, entonces el banco más grande del mundo, del que llegó a ser presidente y cobró alrededor de 115 millones de dólares hasta 2009, sin incluir las stock options que haya podido recibir, según informaciones reveladas por The Wall Street Journal.
Algo similar podemos decir respecto a los nombramientos en órganos tan importantes como el Banco Mundial. En 1981, Ronald Reagan propuso a Alden Winship Clausen como presidente del Banco Mundial y consiguió su nombramiento. Clausen había sido presidente del Bank of America, uno de los cuatro grandes bancos privados de Estados Unidos, junto a JP Morgan, Citibank y Wells Fargo. Ese mismo año y ya durante la presidencia de Clausen, el Banco Mundial lanzó el Informe Berg, que a partir de un análisis de la crisis del África Subsahariana exponía las políticas a aplicar en los años siguientes en todo el mundo. El Banco Mundial atribuía la crisis a la intervención estatal, al proteccionismo, al abandono tecnológico del sector agrario, y a las estrategias de desarrollo “de corte nacionalista” de los estados postcoloniales africanos. De forma deliberada, el informe omitía los factores estructurales que condicionaban el desarrollo de las economías subsaharianas, entre las que estaban la explotación de los enormes recursos petrolíferos y minerales por parte de empresas occidentales. No existía autocrítica alguna por parte de la institución, pese a que el Banco Mundial había proporcionado un porcentaje considerable de la financiación externa y la asistencia técnica recibida por el África Subsahariana durante las dos décadas anteriores.
En definitiva, como fiel representante del credo neoliberal, Alden Winship Clausen se encargó de dejar claro que el papel del Banco no sería tanto financiar proyectos concretos, como impulsar “medidas de ajuste”, es decir: medidas encaminadas a liberalizar los mercados, eliminar el proteccionismo y desregular la economía. Desde el Banco Mundial también se defendían políticas monetarias restrictivas, que incluían fuertes subidas de los tipos de interés, contención salarial y “paquetes de austeridad” adoptados con el fin de reducir el gasto público. El Banco ha promovido tradicionalmente las devaluaciones de moneda de los países prestatarios, medida que encarece las importaciones y hace más competitivas las exportaciones. De esta forma, el país receptor de fondos del Banco Mundial garantiza la devolución del préstamo porque obtiene divisas mediante la mejora de la balanza de pagos.
El Informe Berg tampoco tenía en cuenta las particularidades de cada región del mundo y, consecuentemente, no establecía diferencias sustanciales en las recetas a aplicar, que serían las mismas en lugares tan dispares como América Latina, África o Europa. Este tipo de “informes” interesados nunca son inocentes. Aunque muchas de sus críticas eran acertadas, su finalidad no era técnica, sino ideológica, con el fin de imponer el modelo neoliberal en todos los ámbitos económicos. Como consecuencia de las políticas del Banco que alentaron a los países pobres y a los Países en Desarrollo (PED) a endeudarse, la deuda externa del África Subsahariana pasó de 6.000 millones de dólares en 1970 a 165.000 millones en 2004, según fuentes del propio Banco Mundial. En el caso de América Latina y el Caribe, la deuda externa pasó de 16.000 millones de dólares en 1970 a 442.000 millones en 2004. En el caso de la región de Asia del Este y del Pacífico, la deuda externa, que en 1970 se situaba en 5.000 millones de dólares, pasó a ser de 262.000 millones en 2004. Europa del Este y Asia Central vieron como su deuda externa se incrementaba de los 3.000 millones de dólares de 1970 a los 310.000 millones en 2004. Por su parte, la región de África del Norte y Oriente Medio tenía una deuda externa en 1970 de 4.000 millones de dólares, que se situó en 2004 en 126.000 millones. La deuda externa del área de Asia del Sur estaba en 1970 en 12.000 millones de dólares, cantidad que se situó en 2004 en 156.000 millones.
Es imposible explicar todo lo que ha pasado en los últimos 24 años sin mencionar lo que sucedió en 1999, cuando Bill Clinton derogó la Ley Glass-Steagall, que separaba las actividades de la banca comercial de las de la banca de inversión, siempre consideradas más arriesgadas. La Ley Glass-Steagall fue aprobada en tiempos de Roosevelt para evitar un nuevo crac bursátil similar al de 1929. En la derogación de la Ley Glass-Steagall jugó un papel fundamental Sanford I. Weill, exdirector general y expresidente de Citibank, Travelers Group y American Express, que hizo lo imposible por eliminarla con el fin de conseguir la fusión entre Citibank y Travelers Group para dar lugar al grupo Citigroup, que se convirtió en el banco más grande del planeta. La clave estribaba en que Travelers Group era una compañía de seguros que había comprado dos bancos de inversión, Smith Barney y Shearson Lehman, y la Ley Glass-Steagall establecía que los bancos como el Citibank no podían realizar actividades de seguros ni de banca de inversión. Fue Phil Gramm, senador tejano y presidente del Comité del Senado para la Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos, el gran promotor de varias medidas desreguladoras, de las cuales la Ley Gramm-Leach-Bliley, de 1999, fue la más importante porque revocaba la Ley Glass-Steagall y, lo que era más significativo, legalizaba con efecto retroactivo la fusión Citibank-Travelers.
Esta sucesión de cambios provocó un crecimiento desmesurado de la actividad de la banca de inversión, así como un aumento sin precedentes de su protagonismo en áreas de la economía hasta entonces ajenas a sus prácticas. La desregulación del mercado de derivados en Estados Unidos es la que facilitó la entrada a gran escala de inversores especuladores cuya única intención es ganar dinero, no proporcionar alimentos o materias primas a los ciudadanos. Uno de los bancos de inversión que accedió a ese mercado fue Goldman Sachs, que lo hizo en 2003 para convertirse en pionero al proporcionar un índice que permitía a los inversores seguir en tiempo real los cambios en el margen de precio, incluidos los que se producían en los productos agrícolas. Este movimiento recordaba al protagonizado por la entidad en 1991, cuando creó el Goldman Sachs Commodity Index (GSCI, por sus siglas en inglés), para invertir directamente en el precio de las materias primas como si fueran acciones que cotizan en bolsa, del que hablábamos al comienzo de este artículo.
En 2008, las inversiones de este tipo de bancos de inversión y de fondos se habían multiplicado ya por veinticinco respecto a 2003. Incluso los técnicos del Banco Mundial piensan que fluctuaciones tan súbitas como las que hoy se producen en los índices de los precios tienen su origen en la especulación.
Como había ocurrido en otras áreas de la economía productiva, todo funcionó con cierta normalidad y con leyes previsibles de oferta y demanda hasta que alguien decidió, en aras de la libertad de mercado, que los productos agrícolas podían ser comprados y vendidos antes incluso de que fueran recolectados. Cuando los grandes inversores no vieron límite legal a sus actividades, cantidades ingentes de dinero que viajaban de uno a otro lugar del mundo provocaron una subida de precios que para ellos constituía la esencia misma del negocio, sin importar las consecuencias en forma de hambre o escasez que pudiesen afectar a otras personas. No es extraño que el balance de negocios de 2009 de Goldman Sachs, en plena recesión económica mundial, señalase unos beneficios procedentes de la especulación con materias primas de 5.000 millones de euros, lo que suponía la tercera parte de las ganancias netas del grupo. Un año antes, el 7 de mayo de 2008, los socialistas europeos denunciaron ante el Parlamento Europeo que algunos bancos de la Unión Europea ofrecían fondos de inversión referenciados a los precios de los alimentos, prometiendo altas rentabilidades que contribuirían en última instancia a su aumento. Entidades como el banco belga KBC llevaban a cabo agresivas campañas de propaganda y se aprovechaban del encarecimiento de algunos productos básicos con el fin de asegurar intereses del 14%, que se obtendrían con la especulación de algunas materias primas como el trigo, el maíz, la soja, el azúcar, el cacao y el café.
Como antes comentábamos, en 2003 las inversiones en materias primas alimentarias eran de unos 13.000 millones de dólares, cifra que llegó a 317.000 millones a finales de 2008 porque a partir de 2005, gracias a la eliminación de los límites de contratos que un solo agente podía vender, el aumento de la participación en los mercados alimentarios de toda clase de agentes financieros como los fondos y los bancos de inversión fue exponencial. No hemos aprendido nada de la hecatombe que dio lugar a la crisis de 2008 o, mejor dicho, no importa si hemos aprendido o no la lección porque sigue sin existir regulación y porque los actores que han protagonizado el asalto a los mercados de las materias primas tal vez sean ya inatacables debido a su tamaño y su capacidad de influir en el mercado.
