4-Grandes inversores encareciendo los productos básicos. Explotación y abuso del mundo desarrollado hacia los países pobres:
Grandes inversores encareciendo los productos básicos:
En 2004 había 7 fondos de inversión focalizados en los mercados relacionados con la alimentación y la agricultura, cifra que hoy se sitúa en más de 300. Uno de los casos más llamativos es el de los llamados fondos soberanos, que nacieron para canalizar el capital proveniente de la comercialización de recursos naturales por parte de los países ricos en ellos. La idea era invertir ese dinero con el fin de obtener intereses con los que financiar servicios de todo tipo para la sociedad. Estos son los diez fondos soberanos más grandes del mundo (volumen de activos en miles de millones de dólares):
1-Norway Government Pension Fund Global (fondo soberano de Noruega) – 1.186,67 USD.
2-China Investment Corporation (fondo soberano de China) – 940,6 USD.
3-Abu Dhabi Investment Authority (fondo soberano de Emiratos Árabes Unidos) – 579,62 USD.
4-Kuwait Investment Authority (fondo soberano de Kuwait) – 533,65 USD.
5-Hong Kong Monetary Authority Investment Portfolio (fondo soberano del gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong) – 528,05 USD.
6-GIC Private Limited (fondo soberano de Singapur) – 453,2 USD.
7-SAFE Investment Company (fondo soberano de China para operar en Hong Kong) – 417,84 USD.
8-Temasek Holdings (empresa pública que gestiona un fondo de inversión en nombre del Gobierno de Singapur) – 375,38 USD.
9-Public Investment Fund (fondo soberano de Arabia Saudí) – 360 USD.
10- Qatar Investment Authority (fondo soberano de Qatar) – 300 USD.
Existen alrededor de 80 fondos soberanos en el mundo, de los cuales 42 están invirtiendo de forma masiva en los sectores de agricultura y alimentación, y lo hacen en todos los ámbitos, tanto en tierras de cultivo, como en grandes granjas dedicadas al ganado o en granjas verticales de cerdos en China. Los fondos soberanos tienen alrededor de entre 250.000 y 300.000 millones de dólares invertidos en el área agroalimentaria. Son cantidades extraordinarias a las que habría que sumar las aportadas por el resto de actores de la economía especulativa. Estas colosales inversiones se hacen en sectores estratégicos muy sensibles para la mayor parte de los países, fundamentalmente africanos, porque lo que está en juego es su alimentación. Los grandes fondos soberanos actúan sin obstáculos aprovechando la desregulación, y para conseguir sus objetivos de acaparar alimentos no reparan en incurrir en delitos de violaciones de los derechos humanos o laborales, así como de contaminar el medio ambiente. Esto no nos puede extrañar si tenemos en cuenta que varios de los fondos soberanos pertenecen a países en los que no hay democracia. Únicamente Noruega está comprometida a retirar sus inversiones de empresas vinculadas a violaciones de los derechos humanos y delitos contra el medio ambiente.
Fondos soberanos como el de Qatar, el Qatar Investment Authority, que posee más de 4´4 millones de hectáreas en Australia, a través de la empresa de ganadería Paraway Pastoral Company, propiedad a su vez del fondo de capital privado de Sídney, Macquarie Pastoral Fund, garantizan el abastecimiento de toda clase de productos alimenticios a este pequeño Estado de Oriente Medio. El fondo soberano de Qatar, por medio de su división agrícola, Hassad Foods, también suministra al país alimentos por medio de la empresa de alimentos orgánicos canadiense, Sunrise Foods, que opera en Turquía, Holanda, Rusia, Ucrania y Estados Unidos. El Qatar Investment Authority, además, posee tierras de cultivo productivas en Argentina, Brasil y Uruguay. La red de contactos políticos que Qatar ha logrado tejer a lo largo de los últimos años con el fin de lavar la deteriorada imagen del país en cuanto al respeto por los derechos humanos también ha dado su fruto en otros ámbitos: el país mantiene inversiones en el gigante Glencore, del que posee un 8,34% de las acciones, y se aseguró un acuerdo exclusivo de abastecimiento con esta multinacional en caso de emergencia, algo que también hizo con la turca Tiryaki Group. Lo cierto es que, cuando desde estos países nos hablan de soberanía alimentaria, no lo hacen priorizando los intereses de las naciones con menos recursos, sino garantizándose los recursos allá donde estén para su propio provecho.
A la actividad ingente de los fondos soberanos hay que sumar la de los llamados fondos de capital privado, unos vehículos de inversión que no están registrados en los mercados de bolsas y valores ni sujetos, por tanto, a normas de transparencia. Estos instrumentos financieros suelen estar localizados en paraísos fiscales, manejan alrededor de 4 billones de dólares, menos de la mitad de los 10 billones con los que operan los fondos soberanos (datos de 2021), y sus prácticas de negocio son extremadamente agresivas porque solo buscan el retorno económico al precio que sea. Los fondos de capital privado no tienen relación con las comunidades locales de los lugares en los que operan, a diferencia de los agricultores de cada región, ni vínculo alguno con la agricultura. Según la página web Preqin, una plataforma con sede en Londres dedicada al análisis de mercado y datos de inversiones alternativas (todas aquellas que no se hagan en bonos o acciones), al menos hasta 2020 un total de 300 fondos de capital privado mantenían inversiones en el sector de la alimentación y la agricultura. Una parte de ellos invertía de forma específica en tierras agrícolas a través de 200 administradoras de fondos. También hay fondos de capital privado operando en el sector de la distribución y servicio de productos alimentarios. Los datos extraídos de Preqin de todo tipo de fondos tanto en tierras de cultivo como en actividades agrícolas revelan que estas instituciones disponen de una inversión de al menos 300.000 millones de dólares en los mercados agroalimentarios, cantidad similar a la invertida por los fondos soberanos. La mayor parte de las inversiones se concentra en África (56 fondos operan con 105.000 millones de dólares); en segundo lugar, se encuentra la región de Norteamérica (130 fondos operan con 104.000 millones de dólares); la región de Asia Oriental está en el tercer lugar (111 fondos operan con 41.000 millones de dólares); Europa se sitúa en el cuarto lugar (30 fondos operan con 24.000 millones de dólares);en el quinto lugar está América Latina (59 fondos operan con 16.000 millones de dólares); y el bloque de Asia Occidental/Norte de África ocupa el sexto lugar (18 fondos operan con 3.000 millones de dólares). Como podemos ver, la mayor parte de las inversiones se concentran en el Sur global, con especial importancia en África.
El dinero depositado en los fondos de capital privado permanece inmovilizado entre 5 y 15 años y las instituciones que canalizan su capital a este tipo de instrumento financiero suelen ser bancos, grandes aseguradoras y otros tipos de fondos, además de particulares de alto patrimonio. Al menos el 48% del dinero de los fondos de capital privado procede de los fondos de pensiones de los trabajadores, en la inmensa mayoría de los casos sin el conocimiento de estos, debido a la ausencia de transparencia que predomina en la economía especulativa. Nos cuesta admitir la verdad: la mayor parte de los órganos reguladores, además de destinar pocos recursos a las actividades de control, solo imponen multas que, pese a ser cuantiosas, son perfectamente asumibles para las grandes multinacionales, y rara vez suponen una cifra superior a los ingresos de un año fiscal. Aunque la multa impuesta por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en agosto de 2014, al Bank of America por engañar a sus clientes al venderles hipotecas “subprime” fue de 16.650 millones de dólares, una cifra equivalente a los beneficios de la entidad durante los tres años anteriores a esta sanción, solo en 2015 el banco obtuvo una rentabilidad similar a esta cuantía, mientras que en el año 2017 el banco ganó más de 18.000 millones de dólares. Para los grandes bancos y multinacionales, estas cifras no solo son asumibles, sino que se prevén en sus balances igual que los gastos destinados a impuestos.
En 2010, Estados Unidos promulgó una ley que exigía que las firmas de capital privado que administraran cantidades superiores a 150 millones de dólares estuvieran registradas en el regulador de bolsas y mercados, Securities and Exchange Commission (SEC), pero esta institución, como ha ocurrido en otras ocasiones, ha interpretado las normas de manera extremadamente laxa. Tampoco la Unión Europea puede considerarse un ejemplo en este sentido, mientras que otro de los centros neoliberales del planeta, el Reino Unido, dejó claro, mientras negociaba su salida de Europa, que uno de sus objetivos en el ámbito económico era eliminar aún más la regulación. Áreas económicas enormes y muy pobladas como India o Brasil tampoco abundan en controles. Muchas actividades de los fondos de capital privado, debido a la opacidad, no son registradas en ningún organismo con la capacidad de fiscalizarlas, lo que da lugar a artificios de toda clase con el fin de evadir impuestos. A esto debemos sumar que las sedes y subsedes operan en paraísos fiscales, de manera que la “riqueza creada”, a la que tanto se apela con el fin de legitimar estas prácticas, suele viajar a las mismas manos. La mayor parte de los conflictos en los que participan los reguladores se resuelven con acuerdos de pagos, pero no con un cambio regulatorio que evite la repetición de las malas prácticas.
Con frecuencia, y de nuevo en la más absoluta opacidad, algunos fondos de capital privado operan con dinero de instituciones públicas o semipúblicas de ayuda al desarrollo, recibidos al interés más bajo. Es el caso de NHC Capital, un súper fondo de capital privado de Nueva York que participó en las privatizaciones de empresas estatales de las antiguas repúblicas soviéticas. NHC Capital atrajo enormes inversiones hacia tierras cultivables de Rusia y Ucrania y todas estas operaciones fueron canalizadas a través de paraísos fiscales. Pero esta actividad que escapa a los organismos reguladores y además sirve para evadir impuestos no pareció ser un obstáculo para que una entidad semipública como el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (EBRD), formada por 67 miembros, entre ellos dos instituciones multilaterales, la Unión Europea y el Banco Europeo de Inversiones, le concediera una generosa financiación. NHC Capital recibió en su sede de Chipre un préstamo de 140 millones de dólares procedente del EBRD, que se distribuyó entre 2009 y 2014. Además, el EBRD adquirió en mayo de 2013 una participación directa de uno de los fondos de tierras agrícolas de NHC Capital. NHC Capital llegó a acumular más de 700.000 hectáreas de tierras cultivables entre Rusia y Ucrania semanas antes del comienzo de la invasión, pero parte de sus actividades se habían interrumpido en 2014 de forma parcial por una moratoria en la venta de tierras agrícolas decretada por el Ministerio de Agricultura de Ucrania. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el propio Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo presionaron a Ucrania con el fin de cambiar la legislación, y lo hicieron utilizando un paquete de ayuda para el COVID procedente del Fondo Monetario Internacional. El cambio definitivo llegó a causa de una visita de la secretaria de Comercio de Estados Unidos, que puso sobre la mesa la anulación de la moratoria como condición imprescindible para que Ucrania recibiera dos préstamos de Estados Unidos por valor de 1.000 millones de dólares.
Explotación y abuso del mundo desarrollado hacia los países pobres:
Incluso siendo la agricultura una actividad dependiente de condiciones meteorológicas o de otras cuestiones impredecibles como los incendios, sería absurdo ignorar las decisiones políticas que nos han conducido a la situación actual. Las políticas impulsadas desde el FMI, el Banco Mundial y, posteriormente, la Organización Mundial del Comercio (OMC) han obligado a los países pobres y a muchos desarrollados a disminuir su inversión en producción alimentaria y también su apoyo a los campesinos y pequeños agricultores, que son quienes proveen el 80% de los alimentos del mundo. Los expertos coinciden en señalar que las crisis alimentarias del período 2008-2011 no son excepcionales y continuarán produciéndose porque las mismas condiciones que han dado lugar a estos episodios siguen vigentes o se agravarán. El proceso del hambre en muchos rincones del mundo comenzó por la destrucción de las pequeñas granjas y plantaciones de agricultura familiar. A medida que han ido aumentando las exigencias de competitividad y los estándares impuestos a los agricultores, se redujeron también las ayudas a los pequeños campesinos, lo cual ha convertido en menos viable toda agricultura que no sea la ejercida por los grandes productores.
A cambio de moratorias en el pago de la deuda o de su reestructuración, el Fondo Monetario Internacional impone a los países en desarrollo (PED) ajustes estructurales que implican lo mismo en todas partes: reducción de inversión en educación y sanidad, liberalización de la economía, privatización de servicios públicos y disminución e incluso eliminación de subvenciones a la agricultura, a los alimentos básicos y a las familias más necesitadas. Ante semejante escenario, muchos países en desarrollo se ven obligados a priorizar cultivos más rentables en los mercados internacionales porque difícilmente pueden vender la producción propia a una población empobrecida, tampoco pueden exportar esos productos y porque de forma encarecida necesitan divisas con las que financiar los servicios del Estado. Esto explica que países como Perú o Kenia hayan apostado por cultivar flores en áreas que antes dedicaban al cultivo de productos alimentarios básicos para su población, o que los fértiles suelos brasileños, tradicionalmente dedicados a diversas actividades de agricultura, se dediquen hoy de forma masiva a la producción de soja. Haití cultiva naranjos en áreas que en el pasado destinaba a la producción de alubias, uno de los alimentos básicos de los haitianos.
El caso del propio Haití es revelador. El país caribeño producía en los años setenta varios tipos de cereales y la sola producción de arroz bastaba para alimentar a su población. En la actualidad, Haití importa el 60% de sus alimentos, la explicación no estriba solo en la eficiencia de la agricultura local, sino en que las importaciones de arroz estaban gravadas con una tasa del 30%. El país sufrió dos durísimos planes de ajuste estructural diseñados por el Fondo Monetario Internacional en 1995 y 2003 que, entre otras muchas cuestiones, tuvieron un efecto decisivo en la importación del arroz procedente de Estados Unidos. Ya en 1986, tras el derrocamiento del dictador, Jean-Claude Duvalier, el país había levantado algunas restricciones aduaneras. Entre 1985 y 2004, las importaciones de arroz pasaron de 15.000 a 350.000 toneladas, mientras que la producción de los agricultores haitianos pasaba de 124.000 a 73.000 toneladas. Hoy, el gobierno de Haití gasta el 80% de sus ingresos en comprar alimentos, mientras los pequeños campesinos arroceros que han abandonado la agricultura llevan años emigrando de forma masiva a Puerto Príncipe para engrosar los ejércitos de la miseria que pueblan sus barrios de chabolas. En abril de 2008, año y medio antes del terremoto que en 2010 devastó el país, estos campesinos lideraron las llamadas revueltas del hambre, que ocasionaron varios muertos y cientos de heridos y provocaron la caída del Gobierno haitiano. Lo mismo ocurrió en Zambia y también en Ghana, donde en 2003 el Parlamento decidió volver a introducir una tarifa aduanera del 25% para el arroz importado. El Fondo Monetario Internacional reaccionó obligando al Gobierno ghanés a anular la ley amenazando con suspender sus préstamos.
Volviendo a Haití, este país caribeño es el ejemplo perfecto de la política imperialista estadounidense en el plano económico. En febrero de 1991, el sacerdote salesiano y paladín de los pobres, Jean Bertrand Arístide, inició su mandato como primer presidente electo en la historia del país. Obtuvo el 67% de los votos y fue derrocado el 30 de septiembre del mismo año mediante un golpe de Estado encabezado por el general Raúl Cedras y apoyado por la cúpula militar y los miembros de la élite económica haitiana. La Organización de Estados Americanos (OEA) condenó el golpe y decretó un embargo sobre Haití. La comunidad internacional logró que el caso fuera tratado en las Naciones Unidas donde, en junio de 1993, se aprobó una resolución en la que se conminaba a Haití a restaurar la democracia. En 1995, bajo la tutela de Washington y del FMI (el FMI obligó al país a aceptar un crédito como condición para la vuelta de Arístide), el Gobierno del repuesto presidente redujo drásticamente los aranceles de varios productos alimenticios. De esta manera, los impuestos sobre el comercio del arroz pasaron del 35% al 3%. El presidente de Estados Unidos entre 1993 y 2001, Bill Clinton, tuvo un papel fundamental en la gravísima crisis alimentaria de Haití en esos años. Entre 1979 y 1992, Clinton había sido gobernador del estado de Arkansas, que es hoy el primer productor de arroz del país, aunque entonces no lo era. Las políticas de la Administración Clinton fueron decisivas para aumentar la producción del arroz de Arkansas y con el fin de conseguir nuevos mercados para los productores del estado. Las subvenciones de Clinton al arroz estadounidense, unidas al plan de ajuste del FMI supusieron un incremento del 150% de la importación de arroz en Haití entre 1994 y 2003. La mayor parte de ese arroz provenía de Estados Unidos y se vendía en Haití a un precio inferior al precio de producción del arroz haitiano. Incluso hoy, el arroz estadounidense es más accesible para el haitiano que el arroz propio y, sorprendentemente, las zonas de producción del arroz haitiano son las que sufren las mayores tasas de desnutrición del país.
Esto es lo que ocurre cuando se prioriza el interés de los mercados en detrimento del desarrollo del ser humano. Los mismos criterios de explotación aplicados al arroz los podemos ver en otros productos. La ONG, Intermón OXFAN, denunció en 2016 la entrada en Haití de 550 toneladas de cacahuete como parte de una donación del Gobierno estadounidense. La entrega se encuadraba en el programa “Stocks for Foods”, que comenzó en 2007 y que transfería algunos productos agrícolas sobrantes en el inventario del Gobierno de Estados Unidos a programas de alimentación para los territorios más pobres del país y también del extranjero. Gracias a las medidas “Farm Bill”, destinadas a mejorar la producción agrícola estadounidense, que fueron aprobadas por el presidente Barack Obama en 2014, los agricultores estadounidenses reciben subvenciones a cambio de plantar mayores cantidades. Así es como se generó el exceso de la producción de cacahuete estadounidense en 2015, que acabó convirtiéndose en una donación para Haití. El problema es que el cultivo de cacahuete es la principal fuente de ingresos para cientos de pequeños agricultores que lo plantan y lo venden en las regiones del centro y el norte de Haití. La historia del arroz y del cacahuete en Haití es la historia de la intervención estadounidense en el país. Ya en 1983, el Gobierno de Jean-Claude Duvalier había sacrificado 1,2 millones de cerdos siguiendo las recomendaciones de la USAID, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, desde la cual se alegó que los animales padecían la peste porcina africana, una enfermedad contagiosa. Con el fin de subsanar la pérdida de los animales, Duvalier importó 300.000 cerdos procedentes de Estados Unidos. La mayor parte de ellos no se adaptó al duro clima del país caribeño y murió. Los cerdos representaban la principal fuente de ingresos para los pequeños campesinos, de manera que muchos se arruinaron y se produjo una primera oleada de familias que huyeron del campo a la capital para integrarse en los barrios de chabolas de Puerto Príncipe.
Malawi, un pequeño país africano sin salida al mar situado entre Zambia y Mozambique, también sufrió con dureza las durísimas políticas impuestas desde el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Siguiendo indicaciones del Banco con el fin de reestructurar su deuda, Malawi privatizó en 1999 el sistema público de comercialización agrícola, un conjunto de procedimientos que permitía almacenar grano para hacer frente a períodos de sequía. También se suprimieron los planes de subvenciones a los fertilizantes y semillas dedicados a los pequeños agricultores. Cuando llegaron los más que previsibles tiempos de penuria, derivados de la combinación de varios factores como la sequía, las inundaciones y las malas cosechas, el país no disponía ya de herramientas efectivas para hacerles frente. En 2002, Aleke Banda, ministro de Agricultura de Malawi, declaró que el FMI había estimulado al Gobierno a vender al menos una parte de la provisión de alimentos del año 2000 con el fin de reducir la deuda. Desde el FMI se dijo que la institución tan solo aprobó una recomendación de la Comisión Europea para que Malawi disminuyera su excedente de granos. Sea como fuere, Malawi solo logró incrementar la producción de maíz al reintroducir los subsidios agrícolas, una vez cancelada la deuda bajo la supervisión del FMI.
A mediados del año 2005, el gobierno de Malawi implementó una política de subsidios a las semillas y los fertilizantes en respuesta a la sequía que afectó al país entre 2004 y 2005. El plan contemplaba la distribución de vales canjeables por fertilizantes (un máximo de 2 por explotación) y vales canjeables por semillas que permitían a los pequeños agricultores adquirir ambos productos a un 25 % de su precio en el mercado. Para llevar a cabo estas ayudas, el país hizo una inversión relativamente pequeña de 58 millones de dólares en 2005, 65 millones en 2006 y 80 millones en 2007. El programa tuvo tanto éxito que mejoró de forma espectacular el nivel de seguridad alimentaria de Malawi, los pequeños agricultores superaron en esos tres años el volumen de cosechas registrado en el período 2001-2005, e incluso en 2007 exportaron a Zimbabue 300.000 toneladas procedentes del excedente de maíz, superior al millón de toneladas, contribuyendo así a la seguridad alimentaria regional mediante el Programa Mundial de Alimentos de la ONU.
La experiencia de Malawi demuestra la importancia de invertir en cultivos alimentarios producidos por pequeños agricultores como primer paso hacia un crecimiento económico sostenido. Los informes de la FAO de 2009 decían que los agricultores representaban el 78% de los trabajadores del país y que la correcta gestión del sector agrícola proporcionaría no solo seguridad alimentaria, sino el único ingreso para la mitad de la población de Malawi. El número de malauís en riesgo de padecer hambre pasó de 5 millones a finales de 2005 a poco más de 500.000 a finales de 2007. La FAO constató que el excedente de maíz redujo el hambre, tuvo un impacto importante en la economía de las familias al reducir las enfermedades y provocar un aumento de la tasa de niños escolarizados e influyó finalmente en la estabilidad política del país. Los excedentes en la agricultura de Malawi protegieron a su población del incremento de la inflación que provocó graves disturbios sociales en Burkina Faso, Camerún, Guinea, Kenia, Mauritania, Mozambique o Senegal.
También fue revelador el caso de Mali, cuya deuda ascendía en 2005 a más de 1.600 millones de dólares. A finales de año, el Fondo Monetario Internacional canceló la deuda del país. Por supuesto, la cancelación se supeditó a la adopción de medidas de ajuste impuestas desde el Fondo. Una de las medidas “sugeridas” al Gobierno de Mali fue la de acabar con el precio subsidiado del algodón, una industria de la cual vivían unos 3,5 millones de personas en un país de poco más de 13 millones de habitantes. Así, el algodón no subsidiado de Mali se vio obligado a competir en los mercados internacionales con los algodones subsidiados y producidos en Estados Unidos y la Unión Europea. En apenas unos años, la deuda de Mali ha vuelto a crecer, los campesinos del país se han empobrecido y no tienen ni la menor oportunidad de competir con los productos algodoneros de la Unión Europea y Estados Unidos.
El listado de especulaciones con los alimentos es realmente inacabable: durante la subida del precio de la soja que tuvo lugar en Indonesia, el cuarto país más poblado del mundo, a comienzos de 2008, la compañía PT Cargill Indonesia, filial de la estadounidense Cargill en el país, acaparó 13.000 toneladas de soja en sus almacenes de Surabaya con el fin de aumentar los precios, lo que efectivamente ocurrió. Recordemos que, en 1992, la producción de soja de Indonesia era suficiente para abastecer al país. Poco después, Indonesia abrió las puertas a los alimentos de importación. Como consecuencia de ello, la soja barata procedente de Estados Unidos inundó el mercado indonesio, arrasando la producción nacional. La soja es un producto de primera necesidad en Indonesia y el 60% de la que se consume hoy en el país es importada. En enero de 2008, la especulación con soja en Estados Unidos alcanzó cifras récord y el precio de los productos hechos con esta legumbre llegó a doblarse en Indonesia, con catastróficas consecuencias para la población local. La expansión mundial de la soja está vinculada a los intereses de las grandes multinacionales porque su cultivo exige enormes inversiones en productos y maquinaria producidos por grandes empresas, que en su mayoría son estadounidenses.
El 1 de enero de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés), que vincula a Estados Unidos, Canadá y Méjico. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, por sus siglas en español), una Agencia de la ONU para promover el crecimiento económico y social en la región, en 2018, veinticinco años después de la entrada en vigor del NAFTA había 52 millones de pobres en Méjico, uno de los peores datos de la región. Aunque todavía no disponemos de las cifras de 2022, la agencia calcula un aumento en más de 6 millones de pobres durante el pasado año. Según la doctora en políticas públicas y miembro del Consejo de Evaluación de la Ciudad de Méjico, Araceli Damián, las cifras de CEPAL sobre la pobreza en Méjico están basadas en los datos de Coneval, el Consejo Nacional de la Política de Desarrollo de Méjico, el organismo estatal que mide la pobreza en el país y que publica sus informes cada dos años. Araceli Damián declara que “mientras la CEPAL habla de 52 millones de pobres en Méjico en 2018, la realidad es que aquí ya teníamos 90 millones de pobres, o sea, alrededor del 73 por ciento de una población de 132 millones”; y añade “casi todos los impuestos los paga la exigua clase media”. Damián también señala los salarios bajos y jornadas laborales muy largas como causas estructurales de la pobreza, y llama la atención sobre los terribles índices de pobreza infantil, que en Méjico afectan a la mitad de los menores, de los cuales 4 millones viven en condiciones de pobreza extrema.
En realidad, el NAFTA fue una continuación de las políticas iniciadas en Méjico en los años ochenta del pasado siglo XX, cuando, en un contexto en el que el país era especialmente vulnerable debido a la crisis de deuda de América Latina y la recesión mundial, sus dirigentes aplicaron medidas económicas impuestas desde Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional tendentes a desregular la producción industrial nacional, permitir la entrada de capital extranjero y modificar los diferentes regímenes de propiedad. Como consecuencia de estas políticas, aproximadamente el 70% del sistema financiero de Méjico pasó a ser de propiedad extranjera.
La vida de Méjico gira en torno al maíz, el principal producto agrícola del país en cuanto a volumen, valor de la producción, número de productores y superficie sembrada. El maíz ya formaba parte de la dieta mejicana, junto al frijol y al chile, antes de la llegada de los españoles. Se calcula que unos dos millones de empleos netos desaparecieron de la agricultura mejicana cuando el maíz estadounidense subsidiado acabó con los pequeños agricultores tras la entrada en vigor del Tratado. Antes del NAFTA, millones de mejicanos con problemas económicos se dedicaban al cultivo de maíz a pequeña escala y podían comercializarlo en la venta al por menor o utilizarlo para consumo propio en un claro ejemplo de economía de subsistencia. En 1995, un año después de la entrada en vigor del Tratado, las exportaciones estadounidenses de maíz a Méjico ascendían a 391 millones de dólares. Veinte años después, en 2015, los productores de maíz estadounidenses vendieron maíz a Méjico por valor de 2.400 millones de dólares, de acuerdo con los datos del Departamento de Agricultura estadounidense. El 99% de la producción de maíz de algunos estados como Kansas se exportan a Méjico. En el estado de Iowa, según la Cámara de Comercio de Estados Unidos, más de 53.000 empleos dependen de la agricultura y el comercio con Méjico.
Si alguien tiene dudas de a quien ha beneficiado el NAFTA, solo tiene que leer la carta que 130 empresas de Estados Unidos enviaron al presidente Trump cuando inició su escalada verbal contra Méjico hablando de la construcción de un muro entre los dos países. En la misiva, las empresas-incluyendo a Cargill-destacaban los enormes beneficios derivados del NAFTA para los agricultores estadounidenses. Es increíble que un país como Méjico, que ha sido históricamente exportador de maíz, esté ahora importando maíz estadounidense, siendo este el producto más exportado por Estados Unidos a Méjico. De acuerdo con el Departamento de Agricultura estadounidense, en 2016 Estados Unidos exportó cerca de 18.000 millones de dólares en productos agrícolas a Méjico, el tercer mercado más grande para este tipo de exportaciones. Desde el mismo organismo se dice que Méjico no es solo el principal comprador del maíz estadounidense, sino que además importa más productos lácteos, avícolas y trigo de Estados Unidos que ningún otro país; y es uno de los más importantes importadores de cerdo, soja y vacas de origen estadounidense.
El desvío de enormes cantidades de maíz estadounidense para la producción de agrocombustibles también supuso un extraordinario aumento de precio para los mejicanos. El maíz es una materia prima utilizada para producir etanol, biocombustible que se mezcla con la gasolina para reducir las emisiones de carbono. Cuando sube el precio del petróleo, los costos de producción de la gasolina también aumentan, lo que hace que el etanol sea un sustituto más atractivo para los consumidores y empresas. A medida que aumenta la demanda de etanol, aumenta también la demanda de maíz para su producción, lo que lleva a un aumento de su precio. Además, cuando el precio del petróleo es alto, existe un incentivo para destinar más tierras agrícolas al cultivo de maíz destinado a la producción de etanol. Esto reduce la disponibilidad de tierras para otros cultivos alimentarios, lo que puede llevar a un aumento en los precios de los alimentos, incluido el maíz utilizado para consumo humano y animal. Pero el maíz no es el único producto que se ha visto afectado por el NAFTA: casi el 80% por ciento del arroz que se consume en Méjico es importado, lo mismo ocurre con el 65% por ciento del trigo, el 40% de la carne de cerdo, el 16% de la carne de aves y más del 16% de la leche, según datos del Gobierno de Méjico de 2016.
Los Tratados de Libre Comercio, se negocian en muchas ocasiones entre naciones muy diferentes entre sí en producto interior bruto y nivel de renta de los ciudadanos. Por esta razón es frecuente que, aunque algunas condiciones del Tratado puedan favorecer de forma parcial al país más pobre, este haya sido diseñado para priorizar y fortalecer los intereses económicos del país más fuerte y de sus empresas. Así, la elaboración del NAFTA benefició a Estados Unidos tomando como referencia la teoría de las ventajas comparativas, según la cual los países producen bienes que les suponen un coste relativo más bajo respecto al resto del mundo. Desde los parámetros de producción establecidos por los diseñadores del Tratado, se estimaba que la actividad del 85% de los productores con terrenos de menos de cinco hectáreas no sería competitiva, de manera que 4,7 millones de hectáreas deberían ser reconvertidas a otro cultivo y se dejarían de producir 7,1 millones de toneladas de maíz en esa superficie. La pequeña producción campesina de maíz debería desaparecer, a pesar de que suponía más de la mitad de la producción nacional mejicana destinada a autoconsumo. Esta norma, de por sí, sería enormemente beneficiosa para Estados Unidos porque las explotaciones agrarias estadounidenses son las mayores del mundo, con una media de 176 hectáreas por explotación. El Gobierno mejicano acordó la liberalización del maíz en el NAFTA sin tener en cuenta ninguna de las necesidades reales de su población y de su campesinado.
Es evidente que el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y Méjico fue un factor independiente para la subida del precio del maíz para los mejicanos, para la destrucción de puestos de trabajo en la agricultura nacional y para el aumento de la importación de cereales de todo tipo desde Estados Unidos. El aumento de la importación de maíz estadounidense no se debía a la falta de producción mejicana o a que los precios del maíz nacional fueran superiores al precio del maíz importado, al contrario: durante varios años, el precio del maíz de Estados Unidos fue más alto que el del maíz mejicano. Lo que sucedió fue que hasta 1990 no estaba permitido alimentar con maíz al ganado porque se consideraba un alimento básico para la población mejicana. Esta prohibición se eliminó por completo tras la entrada en vigor del NAFTA. Como consecuencia de ello, desde 1996 el sector ganadero es el principal consumidor de las importaciones de maíz procedentes de Estados Unidos. La política de asignación de cupos negociados en el NAFTA carga con los costos del ajuste en el comercio del maíz sobre los campesinos, en beneficio de las grandes multinacionales estadounidenses. Pero una de las claves para entender cómo la especulación con alimentos juega de nuevo un papel fundamental para el incremento de los precios se encuentra en Washington, donde el Gobierno estadounidense promueve políticas de apoyo a las exportaciones agropecuarias a través de la Commodity Credit Corporation, un programa a partir del cual los exportadores de maíz obtienen créditos blandos a largo plazo. Fue así como la exportación de granos se convirtió en un negocio financiero especulativo. Los agricultores mejicanos no son los únicos perjudicados por el tratado y por la especulación con alimentos: en Canadá, la industrialización de la agricultura provocó la desaparición de muchas pequeñas unidades de producción, el aumento de la renta de la tierra y que muchos latifundios pasasen a ser propiedad de las grandes multinacionales.
Hay varios estudios que muestran las enormes distorsiones en el mercado de los alimentos provocadas por los grandes flujos de capitales especulativos que viajan de uno a otro lado del planeta. Esta volatilidad hace que sea imposible pronosticar el precio de las materias primas, algo que aumentará aún más la especulación sobre las mismas y hará inservible cualquier modelo de predicción, porque sus leyes no tienen nada que ver con una fijación de precios en función de la oferta y la demanda real del mercado. Es interesante examinar con detenimiento lo que ocurrió en 2008 en países como China o India, que prohibieron la comercialización del arroz en el mercado de futuros, uno de los motivos por los que el precio de este cereal se ha mantenido estable en los dos países. Según el relator de la ONU sobre el derecho a la alimentación, Olivier de Schutter, “Cuando llegan las informaciones sobre los incendios en Rusia o el exceso de lluvias en Canadá, algunos operadores prefieren no vender inmediatamente, mientras que los compradores buscan comprar lo más posible”. El Instituto para la Agricultura y la Política Comercial de Estados Unidos, (IATP, por sus siglas en inglés), culpó del aumento del 31% del precio del maíz en julio de 2008 a las actividades especulativas. Un mes antes, el secretario general de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación Agrícolas (IUF, por sus siglas en inglés), Ron Oswald, afirmó ante una sesión especial de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre la crisis alimentaria en la OIT, en Ginebra, que “La FAO considera que la especulación no juega un papel de importancia en la elevación de los precios, pero, mientras tanto, los fondos de inversión apuestan cientos de miles de millones de dólares a los precios más elevados, creando una burbuja especulativa que aumenta los precios”.
La volatilidad en el precio de los alimentos se ha convertido en norma en un mundo en el que unos 800 millones de personas pasan hambre. Los cambios en la oferta-debido a las sequías y otros problemas derivados del clima-y en la demanda-por las tendencias de consumo-son condicionantes decisivos a la hora de establecer el valor de productos como el maíz o la soja. Pero son la especulación con contratos agrícolas y la desregulación, que se han disparado durante los últimos 20 años afectando a toda la cadena alimentaria, tanto en los países pobres como en los más desarrollados, los fenómenos más determinantes en la subida de precios en todo el mundo. Las reglas que rigen Wall Street -que dicen que siempre habrá un comprador interesado en un producto financiero-se han expandido al resto del mundo y provocan enormes fluctuaciones en el precio final que paga el ciudadano.
