«Estaba de rodillas en el confesonario, empezó a besuquearme, a meterme la lengua, a meterme la otra mano…»

El informe del Defensor del Pueblo sobre abusos en la Iglesia católica ha destapado una situación soterrada que nadie se hubiera podido imaginar. El documento ha registrado 444.000 casos, una cifra que supera con mucho las previsiones más pesimistas. Además, en el informe, el más completo hasta la fecha sobre este fenómeno, se recogen los testimonios de medio millar de víctimas, testimonios a cada cual más sórdido y escabroso.

En algunos casos, se optaba por culpar a la víctima, utilizando frases como que “habían provocado” al sacerdote o que “él/ella lo buscaban”, con el objetivo de desplazar la responsabilidad de los acontecimientos hacia el niño o niña, asegura el dosier. “Esta culpabilización tenía como consecuencia un trato injusto hacia la víctima, quien sufría no solo por los hechos ocurridos, sino también por la falta de apoyo y comprensión”, añade el informe. Además, al sentirse culpable, se disuadía de explicar lo que le había pasado a otras personas. Algunos de los testimonios provocan escalofríos. “Yo le dije al cura: ‘Confiéseme, que llevo tres meses sin confesarme y sin tomar la comunión, estoy en pecado mortal y tengo miedo’. Y el cura [abusador], se reía. Fui a confesar los abusos a otra parroquia y expliqué los abusos, pero el cura confesor no me hizo ninguna pregunta. Mi penitencia fue ir a unas cinco misas”.

En otros casos, convencían a la víctima de que no había entendido lo que sucedía. “Por la tarde fui a confesarme y, según estaba de rodillas en el confesionario… No había nadie en la Iglesia, absolutamente nadie, vacío todo… Él sentado, yo estaba delante sin nada, me puse de rodillas. Me cogió una mano por aquí para hablar, así como a la oreja, empezó a besuquearme, a meterme la lengua, a meterme la otra mano en los huevos… Yo estaba acojonado, asustado, no sabía ni lo que era, me pude zafar como pude, dos minutos que llevaba… Dos avemarías y tres padrenuestros… Me puse de rodillas en la iglesia y me fui corriendo. Y me encontré al tutor de EGB, [nombre del tutor], la persona más encantadora del seminario… Como me vio llorando saliendo de la iglesia me dijo qué te ha pasado, se lo conté y me dijo que fuera al patio y se fue a darle una charla al cura…. Esa noche llamé a mi padre, que viniera… Al día siguiente habló con ellos, (…) que me estaban enseñando sexualidad (…). El lunes ya empezó a hablar conmigo, nos reunimos, que no me preocupara, que era para enseñarme sexualidad, que no me sabía explicar, que no me sabía relacionar con la gente, que patatín, que patatán (…). El martes se hizo como una eucaristía por la tarde, los de nuestra clase y le tuve que pedir perdón al [agresor], de rodillas, besándole la mano”.

También se recurría a amenazas como una táctica para ejercer presión o intimidación sobre la víctima y su familia, según el Defensor del Pueblo. “El agresor me decía que era un pecado leve y que rezar un padrenuestro sería suficiente para que me perdonaran ese pecado y evitar que me confesara con otro. En abril de ese mismo año, aproximadamente, el agresor desapareció del internado y solo nos dijeron que el padre ya no estaba más. Luego, en mayo, el padre espiritual me llamó a su despacho y me culpó directamente por lo que había ocurrido con el padre. Me dijo que caerían sobre mí las penas del infierno y que lo que había hecho era el pecado más mortal. No me expulsó del seminario para no darles un disgusto a mis padres, pero me ordenó realizar numerosas penitencias en forma de rezos. Para mí, esto fue un trauma aún mayor”.

Estas amenazas podían manifestarse de diversas formas, desde advertencias veladas hasta acciones más directas, y tenían como propósito evitar que se revelara más información o influir en la conducta de la víctima mediante el miedo. “Con 14 años le dije al director del colegio, quien no me creyó y me amenazó con expulsarme si continuaba contándolo. No hubo ninguna consecuencia para el agresor”.

Los testimonios han relatado también casos en que se llevó a cabo una campaña de difamación contra la víctima. Se difundían rumores o información falsa con el fin de desacreditarla, acusándola, por ejemplo, de consumir drogas o de ser propensa a decir mentiras, sin tener pruebas concretas que respaldaran, tales afirmaciones difamatorias. Esta difamación ha tenido un impacto devastador en la reputación y el bienestar emocional de la persona abusada, contribuyendo a incrementar su sufrimiento.

Por último, también se han conocido prácticas de ocultación del delito a través de la expulsión de la víctima o de cualquier persona que intentara hacer públicos los abusos, según el informe. “Escribíamos panfletos a máquina denunciando a los curas abusadores y pidiendo a los niños que se negaran a ir a sus despachos, y aprovechábamos los recreos para hacer pintadas en las pizarras de las aulas con los nombres de los pederastas. El director en vez de investigar las denuncias, nos expulsó del colegio a los sospechosos, y organizó una campaña difamatoria acusándonos de maleantes y traficantes de droga. Para colmo, prohibieron a los alumnos cualquier relación con nuestros hermanos pequeños. Cuando fuimos a pedir explicaciones, los expulsaron también”.

En los casos más graves, a raíz de la vulnerabilidad derivada del primer abuso, la víctima sufría abusos posteriores. “En un caso en concreto, cuando un compañero del testigo –que también había sido víctima de abusos por parte de ese cura– le reveló al director [los abusos], este le dijo: ‘Enséñame cómo lo hace, en un intento de abusar de él’”.

A día de hoy, algunos testimonios informan de que continúan produciéndose estas acciones de ocultación e intentos de silenciar a las víctimas. “Me llamó una persona de la orden y me dijo: ‘Nuestro hermano ya está recibiendo el tratamiento que necesita. Así que este tema se queda aquí. Mejor que no digas nada’”.

Otras acciones indicadas por algunos testimonios han sido la destrucción de documentos, cartas y expedientes; el impedimento de las gestiones de investigación y procesamiento de sacerdotes denunciados; la intimidación a los denunciantes, amenazas o presiones ilegítimas, el interrogatorio a personas cercanas a la víctima o el ofrecimiento o efectivo pago para que personas guarden silencio, algunas relatadas como sospechas y otras apoyadas en datos contrastados aportados a este informe. Las cláusulas de confidencialidad forman parte del grupo de conductas que pueden considerarse encubridoras, al tener, como finalidad principal, el objetivo de evitar que los hechos salgan a la luz.

“Yo recibía ayuda psicológica y económica y me comprometía a no hacer público el nombre de la escuela, de la monja ni de la orden”, explica otra víctima.

Datos demoledores

El informe del Defensor del Pueblo estima que unas 444.000 personas han sido víctimas de los abusos sexuales en el ámbito religioso en España. Son datos extraídos de un estudio demoscópico encargado a GAD3. Este revela que un 0,6% de la población española mayor de 18 años, es decir, unas 236.000 personas, ha sufrido abusos sexuales en la Iglesia por parte de algún sacerdote o religioso católico. La cifra se eleva a un 1,13% cuando se habla de la población adulta actual que habría sufrido agresiones sexuales en el ámbito religioso (un dato más generalizado que incluye a laicos que trabajan en las instituciones), lo que se traduce en unas 445.000 personas afectadas.

Ese 0,6% es “una cifra similar a la encontrada en estudios realizados en otros países”, tal como ha detallado Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo, en la presentación del informe. No obstante, el estudio de GAD3 es mucho más amplio. La encuesta revela que un 11,7% de los 8.013 entrevistados han sido víctimas de abusos sexuales siendo menores de edad. De ellas, un 3,36% manifiesta que ese abuso se produjo en el ámbito familiar, lo que se traduciría en 1,3 millones de personas.

Las víctimas de este tipo de delitos son en un 17% mujeres y en un 6% hombres. Sin embargo, la prevalencia de las víctimas que son mujeres se invierte en el ámbito religioso, donde son los hombres quienes más han sufrido este tipo de abusos.

La encuesta revela además que este es un tema que preocupa a la sociedad española: un 72% de los encuestados consideraron que el abuso sexual infantil es un problema social muy grave y un 24,4% lo valoraron como bastante grave. Sin embargo, la mayor parte de las personas encuestadas cree que no se están tomando las medidas adecuadas para reducir el problema.