Los próximos 27 y 28 de julio, tendrá lugar en Cartagena de Indias, Colombia, la primera Cumbre de Latinoamérica y el Caribe para una tributación global incluyente, sostenible y equitativa, un cónclave ministerial que buscará definir y coordinar una acción conjunta en materia tributaria que facilite el intercambio de información y reduzca la competencia fiscal con el fin de ampliar la recaudación en la región y, con esos recursos, afrontar de forma adecuada las numerosas crisis que asolan a los países.
De cara a la reunión, más de dos decenas de expertos de la ONU en derechos humanos* emitieron este martes una declaración en la que encomiaron la celebración del evento, que cuenta con el respaldo y asesoría de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
El grupo de relatores especiales señaló que la iniciativa regional tiene el objetivo de “acordar estándares tributarios comunes para combatir los flujos financieros ilícitos, la evasión y elusión fiscal, y otros problemas comunes, como el aumento de la pobreza, la desigualdad y la emergencia climática”.
Recaudación tributaria para servicios públicos
En este sentido, llamaron a los Estados a comprometerse con las negociaciones tributarias regionales para asegurar el máximo de recursos disponibles a la tarea de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos a nivel nacional y extraterritorial, además de recaudar fondos suficientes para financiar servicios públicos de calidad, incluida la protección social, la educación y la sanidad, como es su obligación.
También exhortaron a los países a tomar siempre en cuenta las cuestiones de género y a promover un desarrollo incluyente y sostenible.
Para los relatores, la participación de la CEPAL permitiría hacer de la Cumbre una plataforma permanente, transparente e incluyente de toma de decisiones para la cooperación tributaria regional.
Los expertos recordaron a los Estados y a las empresas sus obligaciones y responsabilidades de proteger y respetar los derechos humanos y afirmaron que la reunión es una oportunidad única para que Latinoamérica y el Caribe fortalezcan la coordinación en cuestiones tributarias y aúnen esfuerzos para que los Estados puedan cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, hacer frente a impactos negativos de las empresas sobre los derechos humanos, fortalecer el acceso a bienes, instalaciones y servicios públicos de calidad, y prevenir y responder a la emergencia climática.
Combate a los paraísos fiscales
La declaración conjunta también hizo una serie de peticiones específicas a los Estados, entre las que destaca luchar contra los paraísos fiscales y los flujos ilícitos, garantizando que los sistemas judiciales los combatan y recuperen los activos robados.
Asimismo, instaron a los países a acordar impuestos ecológicos y emprender políticas fiscales coordinadas sobre combustibles fósiles, emisiones de carbono e impuestos a las industrias extractivas y a los minerales de transición, con el objetivo de maximizar los beneficios públicos de estos sectores.
Pugnaron también por garantizar la transparencia mediante la creación de registros de titularidad real en todos los países, con acceso público, utilizando estándares homologados y sin umbrales mínimos, como paso previo a articular un registro regional de activos globales.
Reforzar la rendición de cuentas por medio de la participación pública en los procesos de toma de decisiones relacionados con la política fiscal es otro de los llamados de los expertos, al igual que fortalecer los mecanismos de coordinación de las negociaciones tributarias mundiales para lograr una mayor equidad en el sistema tributario mundial y promover la progresividad tributaria gravando las fortunas y rentas de capital con el objetivo de evitar la competencia desleal y acercarse a la igualdad económica.
