La jet set marbellí, agazapada en la multinacional Ferrovial, se va de España porque, dicen, que “aquí no hay seguridad jurídica”. Algo, para vergüenza institucional, que jalean también en la que dicen es “la patronal”, CEOE. (Alguien, alguna vez, tendría que contar la intrahistoria de la confederación empresarial y su verdadera representatividad). ¿Quién genera la inseguridad jurídica en este país? Para Ferrovial, esta administración. Para la mayoría de los analistas, los poderes detrás de los cuales están este tipo de multinacionales. Entre otros, el poder judicial español. Sobre todo, la élite de los jueces y magistrados que reciben consignas de la derecha más rancia.
Hay quien dice, con toda la razón del mundo, que la inseguridad jurídica es todo lo contrario a la seguridad jurídica, es decir, carecer de todos aquellos valores y derechos que ofrecen las normas legislativas. “Son las leyes, aplicadas por los jueces, las que deben establecer ese marco de seguridad y, no por el contrario, ofrecer una sensación de caos e inseguridad”.
Teorías conspiranoicas aparte, lo cierto es que el daño reputacional que está generando inseguridad jurídica no se puede atribuir exclusivamente al legislador, a los políticos. En la estrategia que mantiene la derecha, desde el principio del gobierno progresista, para recuperar el poder, primero con Casado y ahora con Feijóo y con el apoyo de la extrema derecha de Vox, se están utilizando recursos desleales al sistema. El Partido Popular viene incumpliendo la Constitución al no aceptar renovar el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces y magistrados donde se cometieron verdaderos abusos de poder en la época en que lo presidió Carlos Lesmes de tal manera que la gran mayoría de magistrados de las instancias judiciales del país proceden de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, el verdadero poder judicial en la sombra.
La APM parece haber dado la orden a sus afiliados que se encuentran en las altas magistraturas del Estado para ir desgastando al gobierno progresista. El sistema es muy sencillo. La izquierda tiene el poder de legislar, pero la interpretación de esas leyes está en manos de los jueces. Unos jueces que no sólo tienen la obligación de hacer cumplir la norma sino también la potestad de interpretarla. Y aquí es donde hacen su trabajo en favor del desgaste.
Y así, torciendo todo lo que pueden la ley que se ha hecho en el Parlamento, dictan resoluciones injustas procurando, eso sí, no traspasar la “línea roja” que les llevaría a prevaricar. Es lo que está sucediendo con la famosa interpretación de la ley del sólo si es si. Unos la aplican rebajando la pena a condenados por agresión sexual. Otros, la interpretan de forma más rigurosa tal vez intentando limitar los efectos que sobre la sociedad están teniendo las informaciones, (estas manipuladas convenientemente por los medios de comunicación afines) sobre las rebajas de penas y excarcelaciones a este tipo de delincuentes que están generando alarma social. El caldo de cultivo perfecto para desgastar al gobierno. Pero con daños colaterales. Porque la alarma social acaba por generar la inseguridad jurídica, la sensación de que nuestros jueces no están haciendo el trabajo que demandamos. Y como en este país tenemos la costumbre de mezclarlo todo, al final se culpa al gobierno de esa inseguridad jurídica.
Lo demás es fácil de hacer. Se empieza por ir por Europa cuestionando el “estado de derecho” en España. Se califican de chapuzas las leyes y se habla de caos político. Al final, la culpa la tienen todas las instituciones que están en el punto de mira: el Tribunal Constitucional, la Agencia Tributaria… Todos cometen “errores” que sólo se subsanarán cuando la derecha vuelva al poder. No existe una “estrategia de Estado”. Y la política que se lleva a cabo es de tierra quemada.
Por eso no es extraño que uno de los motivos esgrimidos por la multinacional Ferrovial para irse sea la “inseguridad jurídica que vive el país”. Los portavoces de la compañía que preside Javier Del Pino se encargaron de rectificar, pero el mal está hecho. Y más cuando, unos días después, la CEOE se descolgó con el mismo argumento. Según ellos, los autónomos están pagando las consecuencias de una administración caótica que dicta resoluciones incongruentes. Entonces es cuando se les pregunta que por qué no acuden a los tribunales de justicia para arreglar este estado de cosas. Y la respuesta, siempre en privado, es que todavía se fían menos de esa vía. La de la justicia.
¿Quién es el culpable de que en España exista una sensación de inestabilidad e inseguridad jurídica? Este análisis lo desvela todo.
Aunque hoy en día los errores no se aceptan con facilidad y se penalizan, en ocasiones, en exceso…Quizás el hecho de que una empresa no valore los beneficios obtenidos gracias al dinero público… El gobierno tendría que asumir que igual tienen que cambiar las bases, los contratos de adjudicación, contemplar el modificarlas para que no se vuelva a repetir ,cuando se de un caso como el de la empresa Ferrovial, S.A. Donde se contemple que tendrá que verse obligado a devolver toda las subvenciones con los intereses correspondientes. Otro es cerrar la posibilidad de retorno a ningún territorio español.