En el PP había un lobby judicial para tratar de controlar la información del caso Bárcenas y que afectara lo menos posible al partido. Es lo que los medios de Madrid conocen como Kitchen 2. La cadena Ser ha tenido acceso a la declaración íntegra en la Audiencia Nacional de Javier Gómez de Liaño, el abogado del extesorero del PP Luis Bárcenas al que supuestamente se habría tratado de chantajear para que no se filtraran datos del sumario.
En una pieza separada del caso Villarejo se investiga cómo se trató de extorsionar a este abogado para que silenciara las filtraciones de Luis Bárcenas o, de lo contrario, saldrían a la luz sus supuestos cobros por servicios profesionales en Suiza que han resultado falsos.
Según la Ser, en esa operación se investiga el papel de tres intermediarios y el del excomisario José Manuel Villarejo. Gómez de Liaño aseguró que sufrió una “persecución” desde que su despacho asumió la defensa del matrimonio de Luis Bárcenas y Rosalía Iglesias y apuntó a Dolores de Cospedal. La cadena de Prisa habla de “vías indirectas” que procedían del “lobby judicial” de Génova que dirigía un abogado del Estado muy cercano a la exsecretaria general del PP y ministra del gobierno de Mariano Rajoy.
En su declaración como perjudicado, Gómez de Liaño detalla lo que denomina “persecución”: moteros con cascos a la puerta de su despacho controlando entradas y salidas, fake news en diarios de tirada nacional sobre un presunto delito de blanqueo, impulsar una petición de entrada y registro en su despacho profesional o, incluso, agentes del CNI abordando a una de sus secretarias. “Fueron años de mensajes por vías indirectas que, concluye el abogado, siempre iban en la misma dirección”, asegura la Ser.
Las supuestas presiones de un “lobby judicial” provendrían de un “abogado del Estado cercano a Dolores de Cospedal”, cuya identidad desconoce Gómez de Liaño. “Este asunto estuvo también presente en el interrogatorio como testigo en esta misma causa al abogado Javier Iglesias. El fiscal le preguntó si conocía a Alejandro Lorenzo Auset Domper, abogado del Estado en excedencia”, informa la Ser.
El juez Manuel García Castellón asumió esta causa en julio de 2022 procedente de un juzgado de Marbella, pero en noviembre de ese año decidió archivarla. La Fiscalía Anticorrupción recurrió el archivo en un escrito muy duro con el proceder del juez en el que se preguntaba qué había cambiado desde que en julio aceptó la causa hasta noviembre que la archivó sin haber practicado ninguna diligencia de investigación.
Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, Gómez de Liaño fue juez de vigilancia penitenciaria antes de pasar a la Audiencia Nacional. Desde este tribunal asumió casos relacionados con los GAL como el de Lasa y Zabala. Entre 1990 y 1995 fue también vocal del Consejo General del Poder Judicial de España (CGPJ). Antes de ejercer como juez, fue secretario judicial.
Toda la caca del CNI va a parar a las manos de García Castellón.