La Comisión Colegiada Federal de Izquierda Unida ha emitido un comunicado en relación con la decisión ayer tomada por el Tribunal Constitucional. Considera que con su decisión se “ha impedido hoy que la voluntad popular se exprese por los cauces democráticos, esto es mediante el proceso legislativo que corresponde al Congreso y al Senado, negando el derecho que tiene la ciudadanía a participar en los asuntos públicos a partir de sus representantes elegidos precisamente para poder desarrollar funciones legislativas en las Cortes Generales”.
El Tribunal Constitucional
Para Izquierda Única “La decisión del TC vulnera todas las garantías que el Estado de derecho reconoce a cualquiera de las partes en procedimientos de este tipo, generando una total indefensión al no dar trámite de audiencia ni al Congreso ni al Senado.”
“Además que la decisión de la ajustada mayoría del Tribunal Constitucional (TC) de rechazar las recusaciones del presidente, Pedro González-Trevijano y del magistrado Antonio Narváez supone una pérdida de credibilidad del Tribunal, que por esta vía acepta las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP para frenar la tramitación parlamentaria de la reforma de la ley que cambiará el sistema de elección de los magistrados del órgano de garantías promovida por el PSOE”, señala el comunicado.
Falta de imparcialidad del Tribunal Constitucional
La falta de imparcialidad mostrada al intervenir magistrados que estaban claramente afectados por causas de abstención o recusación “convierte la decisión en nula de pleno derecho ya que fue adoptada por quien legalmente no debe adoptarla”, señala el comunicado. Además, en ningún caso el Tribunal Constitucional “tiene competencia para pronunciarse sobre un procedimiento legislativo que está inconcluso”.
Ante esta irregularidad Izquierda Unida considera que “no está previsto ni en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, (LOTC), ni en la Constitución que un recurso de amparo pueda impedir la actividad del legislativo, ya que no está concebido para interferir en la inviolabilidad de las Cortes Generales”.
Por eso para la formación de Izquierda, “lo que hay detrás de la modificación de la norma ahora bloqueada es la decisión de la mayoría parlamentaria de hacer cumplir la Constitución de renovar los órganos judiciales cuando corresponde”.
Hace cuatro años que debía haber sido renovado el Consejo del Poder Judicial y hace seis meses debía haber sido renovado un tercio del Tribunal Constitucional. “Y no están permitiendo la renovación porque eso les permite seguir controlando ambas instituciones”, acusan en el comunicado de la Comisión Colegiada Federal de Izquierda Unida.
Ofensiva de la derecha usando las instituciones
“La ofensiva de la derecha usando las instituciones como ariete supone amordazar al Parlamento y culmina un verdadero golpe de estado que a través de las togas busca ganar de esta forma lo que perdieron en las urnas”, acusa la formación dirigida por el ministro Alberto Garzón.
Exigen al Tribunal Constitucional que respete el derecho de las Cortes Generales
Por eso exigen “al Tribunal Constitucional que respete el derecho de las Cortes Generales a llevar adelante sus competencias constitucionales”. Creen que procede “que se exija el respeto a esos derechos por los cauces legales establecidos ante el Tribunal Constitucional exigiendo que cese la situación de indefensión que ha creado a las Cortes Generales llevando adelante un proceso sumario sin ninguna garantía”.
Sin perjuicio de lo anterior, y una vez estudiada con detenimiento la resolución del Tribunal Constitucional, “no cabe duda de que debe prevalecer el criterio de la mayoría parlamentaria, que a su vez representa la voluntad popular, y por tanto llevar adelante la correspondiente reforma legislativa que permita la renovación de los órganos judiciales e impida que un grupo de magistrados del Tribunal Constitucional y un grupo de vocales del Consejo General del Poder Judicial de forma coordinada con la derecha política permanezcan de forma indefinida incumpliendo la Constitución”, recuerdan en el comunicado.
Manifestación en defensa de la democracia
Izquierda Unida llama a organizar una gran movilización social “en defensa de la democracia y exigiendo a la derecha el cumplimiento de la Constitución y el respeto al Estado social y democrático de derecho”.
Llamar estas cosas por su nombre: Es un Golpe de Estado judicial. Unos individuos que son funcionarios por aprobar unas oposiciones, y que pagamos nosotros, con esta sentencia se ponen por encima de los ciudadanos, que estamos representados en el Parlamento. Si esto es una democracia, el Papa de Roma es Camilo Sesto.
Por dignidad, nuestros representantes en las instituciones parlamentarias no debieran acatar ni cumplir ninguna sentencia dictada por un tribunal con dos miembros sin potestad; pues no representan a nadie, salvo a si mismos. La mera existencia de un tribunal Constitucional fuera de la ley, lleva más de 4 años, es la prueba más evidente que estamos bajo una dictadura judicial. Pueden eternizarse en el puesto, y para más inri bien remunerados, y no pasar nada. Imaginemos que el Gobierno una vez caducado su mandato siguiera gobernándonos, todos diríamos que estábamos bajo un Golpe de Estado; exactamente es lo mismo con el Poder Judicial, estamos bajo sus togas como meros súbditos.