Juzgar a jueces no es buena idea

Andan diciendo por ahí que el Gobierno baraja la posibilidad de forzar al Consejo General del Poder Judicial a que, en un plazo de cinco días, elija a los dos candidatos al Tribunal Constitucional que les corresponde. Y si no lo hacen amenazan a los vocales con pedirles “responsabilidades penales”. No es una buena idea. Habría que procesarles por delitos de “desobediencia o prevaricación” y eso supondrá que jueces tendrán que juzgar a sus compañeros. Algo que se antoja muy difícil por no decir que imposible.

En este país el juez es muy corporativista. Es muy difícil que procese a otro juez. Tiene que estar la cosa muy clara para que accedan a condenar a un compañero de carrera. Y más en este caso.

Los vocales del Consejo General del Poder Judicial son aforados. En caso de ser imputados de un delito gozan del derecho a ser juzgados por un tribunal distinto al que correspondería a un ciudadano normal. En este caso, la sala de Lo Penal del Tribunal Supremo sería la encargada de instruir la causa contra ellos. Y se da la circunstancia de que los magistrados del TS los nombran los vocales del CGPJ. Al menos así ha sido hasta marzo pasado cuando se modificó la Ley prohibiendo tales designaciones mientras la Institución esté en funciones, lo que ocurre en estos momentos.

Además, se interpretaría como un asunto político. Probablemente la oposición parlamentaria, el PP, Ciudadanos y Vox, considerarían la medida como una “injerencia en la justicia”. Y las consecuencias de este nuevo enfrentamiento son muy poco previsibles en estos momentos. Probablemente, el Supremo, de mayoría conservadora, aceptaría esa tesis y archivaría la causa. Eso, en el mejor de los casos porque también se puede llegar a plantear un recurso de inconstitucionalidad obligando a la Alta Magistratura a pronunciarse en un momento en el que cuatro magistrados están en funciones a la espera de ser sustituidos.

Porque, y esa es otra, también se ha filtrado la posibilidad de que los magistrados propuestos para sustituirles dejen de ser “examinados” por el resto de los miembros. Según las informaciones publicadas, se baraja la posibilidad de que esas candidaturas sean estudiadas y aprobadas por el Congreso y el Senado en lugar del propio TC como viene siendo hasta ahora. Esta idea sí que puede llegar a prosperar porque sólo requiere la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Una reforma que sólo necesita la mayoría absoluta del Parlamento, una mayoría de la que ahora dispone el ejecutivo de Pedro Sánchez.

En cualquier caso, en Moncloa aseguran que la reforma tendrá mayor alcance. La idea que se maneja sigue siendo la propuesta por Unidas Podemos. Cambiar el sistema de elección de vocales del CGPJ para que sea el Parlamento por mayoría simple el que los designe y no como hasta ahora ocurre, que tengan que ser tres quintos de los miembros de las cámaras. Los conservadores insisten en que esta idea fue rechazada en su día por Bruselas. No consta que nadie de la Comisión Europea se haya pronunciado al respecto. Pero aun siendo así, en el Gobierno tienen claro que las protestas y reproches estarán servidos, tanto por parte de la oposición como, incluso, por la UE que puede advertir a España de que el nuevo sistema no es compatible con la normativa europea.

Lo que sí está claro es que hay urgencia en que este asunto se resuelva. Y a ser posible antes de que finalice el año. La solución puede pasar porque en el pleno del día 22 se voten los dos candidatos del Consejo General del Poder Judicial y se designen a los dos más votados. Y aunque esto pasara, está claro que la cosa no va a quedar así y que el Gobierno reformará, en profundidad, el CGPJ. Por la vía de urgencia y para tener solucionada la crisis en el primer trimestre del año que viene.