La corrupción del PP valenciano también se cebó con el terremoto de Haití

El 12 de enero de 2010 el más terrible de los terremotos sacudía Haití. El peor desastre natural ocurrido en el mundo en las últimas tres décadas golpeaba al país más pobre del continente americano. Cerca de 300.000 muertos y 350.000 heridos, incluidos miles de amputados. Un millón y medio de personas sin hogar. Mil trescientas escuelas arrasadas, cincuenta hospitales derruidos. Todo un país devastado.

El monstruo divino Gudu Gudu, como conocen los haitianos al terremoto, supuso una de las catástrofes más graves de la historia de la humanidad. La solidaridad mundial no se hizo esperar. Estados Unidos envió 20.000 soldados y la Conferencia de Nueva York aprobó un envío de 10.000 millones de dólares para paliar los daños y empezar la reconstrucción del país. Fueron los días en que el gran Forges siempre rubricaba sus viñetas con aquel eslogan de “pero no te olvides de Haití”.

Sin embargo, pese al infierno haitiano algunos en España vieron la posibilidad de hacer negocio con el sufrimiento ajeno. A los pocos días del desastre tuvo lugar una reunión del Comité Permanente de Ayuda Humanitaria y de Emergencia de la Comunidad Valenciana, donde se acordó lanzar un programa de asistencia y reconstrucción en Haití. Una iniciativa que supuestamente trataba de canalizar el altruismo de los valencianos. Una especie de símbolo y tributo de la ayuda de los valencianos a los castigados habitantes del país caribeño. Rafael Blasco, el todopoderoso consejero de la Generalitat, se puso al frente del plan a través de la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía. Vídeos de la época muestran al político popular en los almacenes de comida, «al pie del cañón», supervisando personalmente las cajas con la ayuda humanitaria que salía con destino a Puerto Príncipe. Fue entonces cuando diversas oenegés pensaron que sería una buena idea construir un nuevo hospital en tierras haitianas que daría asistencia a unas 65.000 personas de las 3 millones que habían quedado sin casa, sin agua y en medio de terribles plagas de cólera, malaria y dengue. Los cooperantes aplaudieron la idea y la obra se puso en marcha.

El hospital se construiría en el municipio de Belle-Anse. Situada al sureste de la isla, frente al Mar Caribe y en la frontera con la República Dominicana, esta localidad, una de las más deprimidas del país, carecía de un centro sanitario para atender a miles de haitianos, sobre todo niños y mujeres que habían sufrido el azote de Gudu Gudu. El hospital iba a contar con 2.000 metros cuadrados de superficie útil, con decenas de camas, un helipuerto y una unidad materno infantil.

Rafael Blasco vendió el proyecto de la siguiente manera: “La construcción bajo los auspicios de la Generalitat Valenciana de un hospital en el municipio de Belle-Anse va a facilitar la atención sanitaria de más de 200.000 personas”.

La adjudicación tras el pertinente concurso público vio la luz en el Diario Oficial de la Comunitat. La inversión fue de 4 millones de euros y contó con asignación presupuestaria del Gobierno regional en aquel ejercicio. La oenegé Esperanza Sin Fronteras fue la beneficiada por el programa y su presidente, Fernando Darder, aseguró: “Es un proyecto de Estado, un proyecto muy necesario que va atender a un montón de gente en un momento en que el único hospital va a ser el nuestro”.

Sin embargo, la Generalitat acabó paralizando el proyecto y los fondos no llegaron a Haití. Alguien debió sacar tajada con el hospital y otros proyectos humanitarios, como tratará de determinarse en los próximos días durante el juicio que se celebrará en la Audiencia Provincial contra Blasco y otros empresarios y particulares encausados en el ‘Caso Cooperación’.

En febrero de 2012 las denuncias de las diputadas Clara Tirado, del PSPV-PSOE, y Mireia Mollà, de Compromís, dieron origen a una investigación por supuestas irregularidades en el desvío de fondos. Y empezó el desfile de detenidos por el juzgado. “Yo de todo eso no me enteraba de nada”, aseguró Darder al diario Levante-EMV. “La fiscalía ofrece seis meses de prisión y una multa. La multa no la puedo pagar, llevo cinco años sin trabajar, nadie confía en mí. Además tengo leucemia. Los seis meses los acepto, por imbécil, por no ver lo que estaba pasando, por no haber pedido explicaciones”, dijo el cooperante, que tras el escándalo montó un restaurante. “Me han hundido la vida”, añadió antes de aconsejar al exconseller Blasco que “deje de jugar al ratón y al gato con el fiscal” y lo confiese todo. Comienza uno de los juicios más escandalosos de los últimos años que pondrá encima de la mesa una gran operación de propaganda política con la excusa de los fondos de ayuda humanitaria. Un montaje que probablemente escondía nauseabundas segundas intenciones: el negocio de unos cuantos aprovechados.