La deslealtad como traición máxima

La jerarquía de las lealtades impone a las obligaciones sociales por encima de las personales o las de grupo. Actuar alterando la jerarquía de prioridades es cometer la traición máxima a la democracia de un Estado.

La lealtad es el acatamiento de una persona o ciudadano con las normas de un Estado, dirigente, comunidad, grupo, persona o a los valores y creencias personales. Por tanto, la lealtad es un cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del honor.

Cuando se toman a la ligera aquellas conductas que transgreden la jerarquía de los principios de la lealtad hacia la fuente de la legitimidad, como son los votos de la ciudadanía, entonces significa que se han traspasado los límites de la decencia, del honor y del decoro democráticos. Sólo el cumplimiento de la ley emanada del marco constitucional nos separa de la dictadura. Por ello, no hay norma superior a la Constitución en un estado de derecho. Es la que otorga legitimidad al sistema. Según algunos, la lealtad se suele identificar directamente con el patriotismo. Sin embargo, ello no es correcto siempre.

Mientras que los patriotas pueden tener lealtad, no en todos los casos las personas leales son patriotas. En general es posible ver a la lealtad como una virtud. Sin embargo, la lealtad puede ser con personas o causas que no son dignas de ella. Esto es así porque en ocasiones la lealtad puede dar lugar a que patriotas apoyen políticas que son inmorales e inhumanas. Proponer fusilar a veintiséis millones de españoles, por ejemplo. Por lo tanto, la lealtad patriótica a veces pueden ser más un vicio que una virtud, cuando sus consecuencias exceden los límites de lo que es moralmente deseable.

Las devociones religiosas o filosóficas, cuando están por encima de las obligaciones constitucionales son una traición al estado de derecho y deberían ser sancionadas en consecuencia. No puede aludirse a la lealtad, el aceptar que una persona representante de una institución pueda haber cometido delitos económicos. La inviolabilidad no exime del cumplimiento de las propias lealtades del cargo. Pese a que se aluda a una legalidad que es obviamente discutible.

En el mundo de los negocios no es leal valerse de los cargos electos o no para beneficiar a grupos o personas en desmedro del interés general. La práctica de las llamadas “puertas giratorias” son una demostración de la decadencia del sistema. Un incumplimiento de la ética del cargo. Esto, pese a que haya sido una práctica surgida desde las entrañas de la dictadura franquista concebida como una remuneración a los servicios prestados o a prestar. Inclusive, cuando se incumple, por parte de miembros del gobierno, el contrato social adquirido durante la campaña, o para formar gobierno, se está quebrando la obligada lealtad asumida para el cargo.

Cuando nos preguntamos cómo hemos llegado hasta aquí, podríamos ver como ejemplo, los fundamentos con que la Asociación de Jueces y Juezas para la democracia han iniciado una recogida de firmas estos días.

“El actual CGPJ fue constituido en 2013 con los criterios marcados por el gobierno de Mariano Rajoy y debía haber acabado su mandato a finales de 2018. Sin embargo, no se procedió a modificar su composición al finalizar el periodo de 5 años previsto por la Constitución. Es como si un partido se negara a convocar elecciones y a abandonar el gobierno al acabar una legislatura de cuatro años. El principal partido de la oposición ha estado bloqueando la renovación con las más variadas excusas, al aprovechar que la ley exige mayoría cualificada del parlamento. El CGPJ ya lleva caducado y en funciones casi 3 años. Se acaban de cumplir los 1.000 días de esta lamentable situación, que provoca un enorme desprestigio al poder judicial y proyecta la imagen de que los intereses partidistas pueden controlar la justicia. Por eso es importante tu firma, ya que las cuestiones referentes a la separación de poderes tienen una gran relevancia para la sociedad.”

Esta situación irregular que mantienen los miembros de este organismo, está producida por lealtades que colisionan con las constitucionales. No puede admitirse que esto suceda en nuestro estado de derecho.