Durante la precampaña electoral de las elecciones autonómicas de 2023, el actual presidente de la Generalitat Carlos Mazón anunció la aprobación de «una nueva ley de ordenación del litoral para compatibilizar su uso con la protección», que prevé el litoral en tres zonas en función de sus usos.
Con ello, el principal objetivo de la norma «es hacer un uso compatible desde el punto de vista turístico, social, económico, humano y de esparcimiento», señala Ecologistas en Acción del País Valenciano. Para ello, se pretende regular los metros de protección y la afección del dominio público terrestre, «lo que incrementaría, aún más, su antropización. Todo esto supondría dejar sin efecto el actual Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (PATIVEL)».
Según la organización, estas modificaciones, en realidad, muestran que el objetivo es «la ordenación del uso del litoral y no la protección de nuestras costas y playas; es decir, no se trataría de invertir, ni siquiera detener la degradación de la costa, sino que la Generalitat asuma en exclusiva la regulación del litoral para su explotación«.
El anteproyecto de ley tampoco cita documentos consolidados como el Convenio para la Protección del Mar Mediterráneo de 1976 o el Protocolo para la Gestión Integrada de las Zonas Costera del Mediterráneo de 2010. En ellos se especifica la importancia de preservar las zonas costeras por la presión antrópica e invertir su degradación limitando la extensión lineal del desarrollo urbanístico.
Por otra parte, según Ecologistas en Acción del País Valenciano, los problemas que pretenden solucionar con la nueva ley son «contabilizar los usos, actividades y asentamientos humanos en la costa» de forma «sostenible y compatible con la protección del medio ambiente». Pero confiesan que no acaban de entender «qué medidas se pueden adoptar para que la presión antrópica de las últimas décadas sea sostenible y compatible con la protección del medio ambiente, si no es poniéndole fin a la presión y revirtiéndola reduciendo las actividades humanas».
«Atribución de competencias a la Generalitat Valenciana que no le son propias»
La organización ha planteado algunas observaciones y propuestas respecto al nuevo anteproyecto de ley de costas del Consell. De este modo, señala que la nueva norma «debería tratar sobre la protección del medio ambiente del litoral y su sostenibilidad y concluir que los usos actividades y asentamientos humanos deben ser compatibles con esa protección y no al revés«. Pero no es así, dice. Se invierten los términos, lo que da como resultado que la prioridad sean los usos, actividades y asentamientos humanos, desplazando la protección del medio ambiente a un aspecto secundario.
«Se dice que nuestra tierra vive del mar», apunta, «mientras que lo que debería decirse es que nuestra tierra no puede vivir de la degradación del mar y de la costa». Considera que las verdaderas intenciones de la nueva ley, no son ni la ordenación, ni la protección de la costa del País Valenciano, sino la atribución de competencias a la Generalitat Valenciana que no le son propias y una mayor explotación de la costa, con el pretexto de los usos actividades y asentamientos humanos ya existentes, como los núcleos costeros «históricos» y los «chiringuitos».
Por último, añade que «debería tener en cuenta los planes estratégicos del MITECO sobre la protección de la costa y la adaptación del cambio climático en la planificación y gestión de la costa española», que proponen la restauración, conservación y aumento de la naturalidad del litoral español.
