La evasión fiscal de los ricos y las grandes empresas provoca la vulneración de los derechos humanos

La austeridad ha seguido rápidamente los pasos de la pandemia y las crisis duales relacionadas con las desigualdades y el clima provocan la vulneración de los derechos humanos. En esto también tiene que ver la injusticia fiscal de la que se benefician los ricos y las grandes empresas que aumentan sus beneficios al evadir o eludir el pago de impuestos. Las consecuencias de esta evasión o elusión impactan en la vida de los ciudadanos porque restringe que los estados puedan implementar políticas de justicia social.  

Un ejemplo de ello está en Reino Unido e Irlanda y su historial deficiente en la implementación de la transparencia financiera, incluso en sus dependencias de la corona y territorios de ultramar. El impacto en los derechos humanos del abuso fiscal transfronterizo que ilustra que los ingresos adicionales estánasociados con 36 millones de personas y el acceso a su derecho la sanidad, la educación y la vivienda. 

Por otro lado, el brutal impacto en los derechos humanos del secreto financiero y el abuso fiscal transfronterizo facilitado por Suiza es brutal. Millones de niños de países en desarrollo o del tercer mundo no pueden disfrutar de su derecho a la educación o al acceso a agua potable por los miles de millones de dólares ocultos en paraísos fiscales.

Beneficiarios reales

Una de las luchas de los defensores de la justicia fiscal es la implementación en todos los países de leyes que hagan públicos a los beneficiarios reales y terminar con el secreto financiero.

En el año 2022, cerca de 100 países ya cuentan con leyes que establecen el registro de beneficiarios reales, donde las empresas, fideicomisos u otros tipos de vehículos legales deben presentar información a una autoridad gubernamental sobre sus beneficiarios finales (las personas físicas que en última instancia los poseen o los controlan). 

Si bien el registro de beneficiarios reales se mejoró y amplió, en muchos ámbitos los gobiernos impiden la exigencia de acceso público a la información sobre beneficiarios reales. 

El 22 de noviembre de 2022, el Tribunal de Justicia de la UE asestó un golpe aún más duro al invalidar el acceso público a la información sobre beneficiarios reales en un fallo que causó indignación en el movimiento de transparencia financiera. 

Si bien el TJUE aclaró que los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil involucradas en la lucha contra el blanqueo de capitales tienen un interés legítimo en acceder a la información sobre beneficiarios reales, implementar este tipo de acceso ya ha creado muchos desafíos y algunos países de la UE ya han cerrado el acceso, lo que afecta las llamadas y mejoras para el acceso público en países no pertenecientes a la UE, incluidos muchos territorios británicos de ultramar.