La Iglesia Católica, una vez más, asume el papel de juez y legislador moral en las aguas turbulentas de la política estatal, poniendo en tela de juicio su propia relevancia y autoridad moral en una sociedad que ha abrazado la secularización y la diversidad como nunca antes.
En un escenario donde la independencia judicial y la separación entre la Iglesia y el Estado son piedras angulares de una democracia moderna, la intromisión eclesiástica en asuntos políticos es no solo inapropiada, sino también perniciosa. El pronunciamiento de los obispos españoles sobre la amnistía propuesta y la secesión unilateral es un caso flagrante de extremismo clerical.
La Iglesia, entidad obstruccionista y retrógrada
La Iglesia, lejos de ofrecer una voz conciliadora en tiempos de división, se ha posicionado como una entidad obstruccionista y retrógrada, más interesada en proteger sus anquilosadas interpretaciones doctrinales que en fomentar el entendimiento y la paz social. Al utilizar su plataforma para condenar la amnistía política como «profundamente inmoral», el obispo Munilla y sus colegas no solo descalifican el diálogo y la reconciliación política, sino que además usurpan el derecho de la ciudadanía a resolver sus dilemas mediante los procesos democráticos.
Es una ironía que, mientras los obispos critican el supuesto olvido del pecado que implicaría una ley de amnistía, la propia Iglesia ha tenido una historia tortuosa y nada transparente de lidiar con sus pecados internos. Los escándalos de abusos sexuales y las innumerables denuncias de corrupción son heridas abiertas que minan la credibilidad de la institución para pontificar sobre moralidad y ética en el ámbito público.
Además, es hipócrita que una institución que históricamente ha sido resistente a la autocrítica y lenta en su propia reforma, se erija como baluarte moral contra una posible solución política a una crisis que afecta profundamente a la sociedad española. La secesión unilateral, un tema de gran complejidad y sensibilidad, es manipulado por la jerarquía eclesiástica no como una oportunidad para el diálogo intercultural e interterritorial, sino como un caballo de batalla para reafirmar doctrinas obsoletas.
La arrogancia de la Iglesia
La arrogancia con la que la Iglesia se inmiscuye en la política evidencia una desconexión no solo con los principios democráticos, sino también con la juventud y las nuevas generaciones que ven cada vez más a la Iglesia como un relicario de intolerancia y de poder autoritario disfrazado de espiritualidad.
El clericalismo político que despliegan los obispos españoles no es un acto de fe, sino un ejercicio de poder y control que desvirtúa los fundamentos mismos de su mensaje «espiritual». La Iglesia ya puede reconsiderar su papel en la sociedad y buscar un camino de humildad y servicio, en lugar de uno de crítica y condena. Tal vez así, pueda comenzar a sanar sus propias crisis internas y a respetar el derecho de una sociedad plural a autodeterminar su destino sin la sombra pesada del dogmatismo eclesiástico.
La Igleia siempre está en todos los frentes, al mismo tiempo.
¡Qué novedad! La iglesia española es golpista; lo fue en el 36 del siglo pasado, financiando la guerra al genocida Franco; al cual posteriormente lo paseaba bajo palio, tal fuese un dios.
Por su contribución a la Guerra Santa, así calificaron la barbarie asesina de la guerra, aún hoy están cobrando millones de euros todos los años; y obligaron al Estado español a firmar un acuerdo político de sumisión a la monarquía sacerdotal vaticana; como siempre hacen, le buscan una denominación de camuflaje, le llaman Concordato.
También obligaron a que se le entregase la enseñanza de las clases medias, financiando sus colegios privados a través de otro contrato de sumisión: los Centros Concertados.
España es simplemente una colonia vaticana y yanqui.