Tal y como publicamos en Diario16, las cláusulas REDAL, Redito Ad Libitum (devolución a voluntad), significan que, en caso de dificultades económicas, el cliente tiene derecho a devolver un importe mucho menor del que marca la cuota mensual que le está cargando el banco. Esto sucede porque en el pacto de las cuotas no se establece el importe de las mismas, no aparece en el contrato.
El Informe Financiero sobre el sistema Rédito ad Libitum en los contratos hipotecarios, publicado por la Dirección General de Consumo de Islas Baleares señala una declaración de Mario Elffman, juez argentino, realizada cuando apenas llevaba unos meses como juzgador pero cuatro décadas como abogado:
«Así como se puede sorprender a un médico preguntándole qué es la salud, porque su experiencia es la detección de la enfermedad, abogados y jueces compartimos la deformación profesional de contemplar las relaciones sociales, y las jurídicas especialmente, desde el lugar del conflicto».
Los efectos de esta frecuente exposición al conflicto se acentúan por la parte testifical de los juicios. Un juez de lo Civil se pasa toda la mañana escuchando a personas que han jurado decir la verdad y, sin embargo, exponen versiones contradictorias de los mismos hechos. Esto se acentúa cuando una de las partes es un banco que es defendido por un ejército de caros abogados expertos en, precisamente, engatusar a los jueces con palabrería técnica pero vacía de contenido.
La misión de esos ilustres letrados, con corbatas rojas de Hermés o negras de Armani, es, precisamente, engañar a los jueces para que lo evidente parezca la mentira y lo que ellos dicen, que suele ser mentira, se convierta en una verdad incuestionable. Todo ello, evidentemente, con un objetivo es el de mantener la impunidad judicial de los bancos. Y si la verborrea no funciona, entonces hay otros métodos.
Este abuso de posición de los grandes despachos de abogados genera indefensión y, en consecuencia, viola los derechos constitucionales de los afectados por las estafas bancarias y las cláusulas abusivas.
Un afectado por abuso hipotecario se enfrenta a una ejecución. Ni sabía qué era el interés compuesto, ni sabía qué era la cláusula suelo de su contrato, ni sabía que la cuota era creciente y ahora, que es tarde, se da cuenta de que le han cobrado de más y que le han engañado. Esto es un hecho.
El problema jurídico es que una ejecución hipotecaria, por lo general, es un procedimiento rápido. Pocos temas se discuten en ella. De hecho, por ley, poco se puede discutir.
«Así las cosas, el sufrido juez civil se dispone a ejecutar y, de repente, salido de la nada, aparece un experto financiero. ¡Y encima sostiene que no se puede seguir con la ejecución! ¿Acaso no pensará el juez civil, que toda la mañana lleva aguantando a mentirosos, que tiene ante él un mentiroso más? Constituye una seria problemática de indefensión del cliente el formato de los juicios relativos a contratos REDAL, ya sean ordinarios o ejecuciones», señala el informe de Consumo Baleares.
La base del litigio es una cuestión financiera complicada, que se estudia en segundo de la carrera universitaria de Económicas, ADE o similares. Es imposible que, en una intervención de unos 15 minutos, un economista o un matemático puedan explicar a un juez un tema de este nivel de dificultad que por su formación no entiende. Es entonces cuando los togados de Hermés o Armani sacan a relucir su verborrea vacía y son capaces de decirle al juez sus argumentos y los contrarios para que pueda decidir lo que para ellos es lo correcto y que, en realidad, supone la perpetuación de la impunidad de los poderosos. El juez, como no tiene ni idea, hace lo más fácil: dar la razón al que mejor habla porque, tanto lo que dice el experto que declara en favor del afectado como lo que afirman los abogados del banco, le suena a chino.
