A lo largo de su carrera profesional, el comisario Villarejo se ha dedicado a todo tipo de actividades privadas, pero entre ellas destaca una que no deja de resultar cuanto menos curiosa: personarse como acusación particular, a través de una misteriosa asociación, Transparencia y Justicia, en procesos judiciales que afectan a personajes políticos de primera línea de este país. Esta semana el diario El País está aireando los audios entre el polémico comisario y la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Según el periódico de tirada nacional, la expresidenta madrileña llegó a reunirse con Villarejo, que se presentaba como responsable de Transparencia y Justicia, y le pidió que archivara una causa abierta contra ella en 2014, cuando aparcó su coche en pleno carril bus de la Gran Vía de la capital, de forma irregular, para sacar dinero en un cajero. Dos agentes de movilidad intentaron multarla, pero Aguirre salió huyendo y golpeó la moto de uno de los agentes, que levantaron un atestado. La Justicia abrió causa contra la lideresa por su fuga por el centro de Madrid, pero el juez consideró que no se la podía juzgar por un delito, sino por una falta.
Y ahí es donde aparece Villarejo. La asociación Transparencia y Justicia recurrió para que Aguirre fuese juzgada por un delito de desobediencia. Y la acción judicial surtió efecto, ya que la Audiencia Provincial de Madrid ordenó al juez de primera instancia que investigara a la lideresa por un delito de desobediencia. La conocida política del PP estaba en un serio aprieto.
Algún tiempo después del incidente, Villarejo solicitó una reunión con la expresidenta alegando que se lo había pedido la dirección nacional del Partido Popular. La entrevista se produjo el 11 de septiembre de 2014 y en ella, según los audios de El País, Aguirre le pidió al comisario que retirara la acusación contra ella. La reunión se produjo gracias a la mediación de José Luís González Armengol, exjuez decano de Madrid, según el rotativo del grupo Prisa. «Con que no pidas diligencias…», le dice Aguirre al comisario en un momento de la conversación. «Yo no lo recurriré», afirma Villarejo con rotundidad al tiempo que se declara fan de la obra política aguirrista. «Vamos a hacerlo que parezca que los abogados míos son muy torpes», concluyó el comisario.
No era la primera vez que Villarejo y su asociación Transparencia y Justicia trataban de poner en apuros judiciales a políticos de ámbito nacional metidos en problemas. Se sabe que el comisario ponía al servicio de sus clientes asociaciones creadas solo para personarse en causas como acusación popular y ejercer de defensa encubierta, una artimaña que utilizó en el caso del Pequeño Nicolás y en el caso Campeón, que salpicó al exministro socialista José Blanco. En 2013, el Tribunal Supremo dio luz verde a la personación de Villarejo tras imponer una fianza por valor de 6.000 euros a la Asociación Transparencia y Justicia para que pudiera ejercer la acusación popular en la causa que se seguía contra Blanco por presunta concesión de subvenciones irregulares a cambio de comisiones a cargos públicos. La Operación Campeón fue iniciada por agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (dependiente de la Agencia Estatal Tributaria), y en ella fueron detenidas 15 personas, entre las que figuraba un empresario farmacéutico y dos directivos de IGAPE (Instituto Galego de Promoción Económica). La investigación afectó a dos diputados autonómicos y al entonces ministro de Fomento, José Blanco, por una presunta trama de concesión fraudulenta de ayudas públicas. Finalmente, Blanco salió absuelto pese a que Transparencia y Justicia ejerció la acusación popular contra él. El Tribunal Supremo archivó el asunto por tráfico de influencias al concluir que los hechos investigados no eran constitutivos de este tipo penal en contra de lo que sostenía el juez instructor y el fiscal.
Sin embargo, pese a la absolución de Blanco, el Supremo dio la opción a Villarejo de ejercitar la acción popular. ¿Cómo puede ser posible que un comisario de Policía, parapetado tras una asociación privada, pueda tomar parte en un juicio contra un político en activo? Le legislación española lo permite.
Finalmente, la Sala de lo Penal acordó dar luz verde a la personación de Transparencia y Justicia previa fianza. Antes de aprobar su inclusión en el pleito, el Supremo requirió a esta agrupación copia de su inscripción en el Registro de Asociaciones y un poder especial para ejercitar la acción popular en nombre de la sociedad.
La legislación vigente contempla la obligación del particular de prestar fianza para «responder de las resultas del juicio» y siempre que la cuantía atienda a la «necesidad de adecuación» con el objeto de que «no se erija en obstáculo insalvable para el ejercicio de la acción popular», regulada en el artículo 125 de la Constitución. Además, la doctrina del Tribunal Constitucional determina que la «exigencia de una fianza no es en sí misma contraria al contenido esencial del derecho, siempre que su cuantía, en relación a los medios de quienes pretenden ejercitarlo, no impida o obstaculice gravemente su ejercicio pues ello conduciría en la práctica a la indefensión que prohíbe el artículo 24.1 de la Constitución». Finalmente, el tribunal fijó en 6.000 euros la fianza para que la asociación de Villarejo pudiera intervenir en el proceso contra Pepe Blanco.
