La ampliación del aeropuerto de El Prat, el gran proyecto en el que Pedro Sánchez ha depositado buena parte de sus esperanzas de que la Generalitat de Cataluña vuelva a la senda institucional tras el procés, va a tener enfrente una férrea oposición ecologista y vecinal. Los verdes y los habitantes de la zona denuncian que el acuerdo entre el Gobierno central y el catalán para llevar a cabo la obra puede dañar gravemente un paraje protegido como la laguna de La Ricarda, situada junto al aeródromo. Según Greenpeace, el pacto entre ambas administraciones demuestra una total falta de compromiso con el clima y el medioambiente al dedicar 1.700 millones de euros a una infraestructura que potencia el uso de combustibles fósiles en los aviones y que además perjudica notablemente la calidad de vida del área metropolitana.
La obra choca de lleno con todas las propuestas contenidas en la Agenda 2030, un plan con el que Sánchez pretende reducir en los próximos años las emisiones contaminantes que agravan el cambio climático y relanzar la economía verde y sostenible. Moncloa ha prometido que el nuevo aeropuerto de El Prat será el más verde de toda Europa, pero lo cierto es que aunque el proyecto puede gustar al Gobierno de la Generalitat levanta ampollas en la sociedad civil y en la izquierda ecologista catalana. Una vez más, los intereses políticos y la economía capitalista a gran escala parecen haberse impuesto a la lógica medioambiental, que debería ser la filosofía inspiradora en cada inversión que se acometa a corto plazo, tal como ha venido insistiendo estos días el propio Sánchez.
El plan de remodelación del aeropuerto de El Prat prevé ampliaciones de la pista de aterrizaje con una incursión urbanística de al menos 47 hectáreas en un paraje digno de protección (la desembocadura del Delta del Llobregat). Esta actuación ya ha sido criticada por las organizaciones ecologistas al considerar que la laguna es una delicada joya de la naturaleza que debe ser preservada en un momento especialmente crítico, cuando Europa trata de transformar el modelo productivo de los países de la Unión hacia la economía verde y sostenible.
“Con esta decisión, que se suma a la inversión de 1.600 millones para ampliar el aeropuerto de Madrid-Barajas, el Gobierno de Pedro Sánchez demuestra su falta de compromiso en el desarrollo de un modelo de transporte limpio y eficiente. Greenpeace recuerda que el avión es el modo de desplazamiento más contaminante por persona transportada, hasta veinte veces más que el tren”, asegura una nota de prensa de la organización ecologista.
En La Ricarda se pueden encontrar especies y hábitats de especial interés ecológico como lagunas litorales, prados y juncales mediterráneos, matorrales halófilos termoatlánticos, dunas movedizas embrionarias, dunas movedizas del cordón litoral, zonas boscosas, ramblas, arroyos, humedales y pinares mediterráneos. Dentro del lago o en sus cercanías anidan patos, fochas, gaviotas y cormoranes, entre otras especies. Esta zona húmeda es un importante punto de alimentación de pequeños pájaros como anátidas, rálidos y zampullines. El espacio lleva amenazado desde hace años por la proximidad del aeropuerto de El Prat y los cultivos de huerta. Además, el entorno está en peligro por la intrusión marina y por la regresión de la costa, y experimenta una fuerte contaminación sonora debido a la proximidad del aeropuerto. Las actividades cinegéticas periódicas y la caza frecuente de aves por motivos relacionados con la seguridad de los aviones, así como las líneas eléctricas instaladas en el lugar, se han convertido en trampas mortales para los pájaros que transitan por la laguna.
Ya el pasado 1 de julio, la organización ecologista Greenpeace llevó a cabo una acción en el propio aeropuerto catalán reclamando “Más trenes y menos aviones” para denunciar el impacto ambiental del sector aéreo y reivindicar el ferrocarril como alternativa sostenible y asequible frente al avión y la carretera. Esta petición coincide con la declaración del Año Europeo del Ferrocarril por parte de la Comisión Europea, organismo que denunció el impacto del aeropuerto de El Prat sobre los entornos naturales protegidos del río Llobregat.
“Tanto el Gobierno de España como la Generalitat de Cataluña presumen de su voluntad para luchar contra la emergencia climática mientras acuerdan ampliar aeropuertos, lo que incrementará aún más las emisiones contaminantes”, asegura Adrián Fernández, responsable de la campaña de Movilidad de Greenpeace. “La aviación no solo tiene un grave impacto sobre el clima, también perjudica a la población local con más ruido y más contaminación atmosférica y arrasa espacios protegidos por su biodiversidad, como sucede en El Prat”, añade.
La Ricarda, un paraje a proteger
Greenpeace denuncia además la opacidad del proceso administrativo durante el desarrollo de la ampliación de El Prat. De hecho, en el acuerdo de ayer no se concretan los detalles sobre los trabajos a realizar ni los impactos sobre los espacios protegidos –como la Laguna de La Ricarda– que quedarán pendientes del dictamen de la Comisión Europea. A pesar de ello, no han faltado multitud de referencias al compromiso ambiental durante la presentación del acuerdo.
“Ambos gobiernos saben que están aprobando un ataque medioambiental. Por eso insisten en resaltar las medidas de compensación, a pesar de que AENA todavía no ha cumplido las obligaciones en esta materia fijadas en la Declaración de Impacto de 1998”, ha recordado Fernández, quien también ha respondido a las declaraciones del vicepresidente Puigneró que ha afirmado que El Prat será el aeropuerto más verde de Europa: “Ningún aeropuerto es verde. El sector aéreo depende al completo de combustibles fósiles y su descarbonización es inviable a corto y medio plazo”.
Para Greenpeace, el acuerdo de ayer no impedirá seguir adelante con las reivindicaciones por un modelo de transporte descarbonizado y compatible con los objetivos del Acuerdo de París contra el cambio climático. Desde la Plataforma ZeroPort, de la que Greenpeace forma parte, se ha convocado una gran movilización ciudadana para el próximo 19 de septiembre, antes de que el Consejo de Ministros dé luz verde a los planes de AENA.
El acuerdo tampoco ha gustado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que tenía en mente un proyecto mucho más sostenible que finalmente ha sido desechado por Gobierno y Generalitat. Por su parte, los vecinos también están en contra. Elena Idoate, portavoz de la asociación vecinal Prat de Llobregat, aseguró ayer en Cuatro que la obra supondrá un “impacto terrible y la devastación de una de las zonas más ricas. Pero no solo eso, los aviones emiten gases que agravan el efecto invernadero y al aumentar hasta un 33 por ciento esos vuelos y esos gases aumentaremos también el impacto ambiental”.
