Las organizaciones participantes de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública expresan su preocupación “ante el escenario de la vuelta a las aulas de coste cercano a cero que se prevé en la mayor parte de las comunidades autónomas y territorios del Estado”, han señalado en un comunicado.
Por eso exigen que se garantice “una presencialidad segura de toda la comunidad educativa y en todos los niveles de la enseñanza”, y que es esencial en la vuelta a las aulas, y que esta garantía “requiere indudablemente de una inversión nítida y suficiente tanto en la contratación de docentes, personal laboral y de administración y servicios, como de la reducción de ratios en las aulas y la infraestructura escolar”.
Esta plataforma entiende que “cumplir con los protocolos establecidos por Sanidad, como el distanciamiento social, no se puede alcanzar sin una reducción significativa de las ratios”.
CCOO, UGT, CGT, CEAPA, STES ITERSINDICAL, FAEST, MRP, SINDICATO DE ESTUDIANTES Y EL FRENDE DE ESTUDIANTES, entienden que “el derecho a una educación integral solo puede ser presencial para que sea plenamente inclusiva”.
En el comunicado, la Plataforma Estatal por la Escuela Pública apuesta también por la “disminución sustantiva de ratios como mejor mecanismo para garantizar políticas de equidad e igualdad de oportunidades”, para ello reclaman al menos “el 10% de los fondos europeos anunciados a educación pública y al alumnado en situación de desventaja social o mayor vulnerabilidad”.
Se felicitan por que la comunidad educativa, “además de haber demostrado el ejercicio de sus funciones con eficacia en duras condiciones como las que estamos viviendo, haya sido y está siendo capaz de asumir la responsabilidad y exigir a las diferentes administraciones mediante movilizaciones y actos de protesta los recursos necesarios para una vuelta a las aulas presencial y segura de nuestros alumnos y alumnas, y del personal educativo”.
Por último, reclaman tanto al Ministerio como a las comunidades autónomas “a ejercer sus funciones para asegurar la vuelta a las aulas presencial y segura”, e impulsar el necesario “diálogo con la comunidad educativa y la Plataforma Estatal por la Escuela Pública”.
Todo ello, solo se conseguirá con “la contratación de, estimamos, en torno a 150.000 profesores y profesoras más para atender las nuevas aulas creadas, un plan de inversión y contingencia que permita hacer de nuestros centros educativos entornos seguros, la creación de protocolos claros de actuación para los centros en caso de existencia de contagios, y medidas claras que apuesten por el apoyo al alumnado más vulnerable y sus familias, garantizando así la igualdad y la equidad”.
