La dimisión de Carlos Lesmes parece haber abierto una nueva fase en las tormentosas relaciones entre el Gobierno y el PP a cuenta de la renovación de los altos cargos del Poder Judicial. Por momentos, parece que ha llegado el deshielo, que el bloqueo y la parálisis forman parte del pasado y que socialistas y populares están dispuestos a sentarse a negociar de una vez por todas. El ministro Bolaños reconoce que ahora la cosa va “en serio”, lo cual nos lleva a plantearnos qué demonios han estado haciendo PSOE y PP durante todos estos años cuando se sentaban a abordar los problemas de la Justicia. ¿Se reunían a jugar al mus, quedaban para comer y preguntarse por la familia, posaban para la foto sabiendo que todo era un paripé? El destrozo que ambos partidos han causado a la judicatura es ya irreparable, si bien habría que atribuir al PP un mayor peso en la balanza de la responsabilidad por haber utilizado los órganos jurisdiccionales como arma política para desgastar al Gobierno. Desde mucho antes de la pandemia, Pablo Casado decidió declararle a Pedro Sánchez la guerra judicial o lawfare, es decir, el obstruccionismo por sistema con el fin de derrocar al Ejecutivo de coalición.
Pero aceptemos que esta vez la cosa “va en serio”, tal como dice Bolaños, lo cual es mucho suponer. El Partido Popular se mantiene firme en sus posiciones y no piensa renunciar a su reforma de la Justicia para que sean los propios jueces quienes elijan a las personas que han de gobernarlos y representarlos. La propuesta tiene todos los visos de ser una trampa, una celada, ya que cualquiera sabe que la judicatura está controlada por las asociaciones profesionales, en su mayoría conservadoras, y que implantar ese modelo solo serviría para que la derecha continuara teniendo la sartén por el mango en una especie de yo me lo guiso, yo me lo como judicial. El PP jamás soltará las riendas de órganos como el Tribunal Supremo, el Constitucional y el CGPJ porque sabe que, domado ese caballo, en algún momento conseguirá tumbar leyes como la del aborto, la memoria histórica, la eutanasia y otras que tengan que ver con sus asuntillos turbios (tienen casos abiertos por corrupción para los próximos diez años). Dirigiendo la Justicia desde arriba, mediante peones bien colocados, la represión contra la disidencia catalana está más que asegurada, los bancos seguirán estafando a miles de clientes con las hipotecas y las cláusulas abusivas y todo quedará atado y bien atado. Si la Justicia es conservadora es única y sencillamente porque las élites políticas que la dirigen lo son. En esa línea se entienden las declaraciones de esta mañana de Feijóo, que insinúa que esta puede ser la última oportunidad de alcanzar un acuerdo, lo que suena a trágala o ultimátum a Sánchez. La única interpretación que cabe hacerse es que el Partido Popular no tiene una voluntad sincera de pactar ni negociar nada, sino que su objetivo prioritario es imponer su reforma o dejar que el tiempo pase hasta que lleguen las elecciones.
Por descontado, el Gobierno no quiere ni oír hablar de cambio de modelo en la elección de vocales del CGPJ y se sigue aferrando a que el principal partido de la oposición debe cumplir la ley y la Constitución renovando con urgencia, en una reforma exprés, los cargos institucionales. El partido socialista sabe que entregar la Justicia a las asociaciones profesionales es tanto como pegarse un tiro en el pie, ya que supondría crear un Gobierno de jueces, una casta de juristas que funcionarían al margen de cualquier tipo de control del Parlamento. Los jueces, como personas que son, con sus vicios y defectos, también deben estar sometidos a algún tipo de fiscalización democrática. Desde este punto de vista, un acuerdo a dos sigue antojándose más difícil que nunca.
Entre tanto, el barullo y la sensación de politización en el Poder Judicial crece por momentos. La dimisión de Lesmes, un hombre de Aznar, ha abierto la batalla por la sucesión. Su intención de colocar a dedo a su vicepresidente, Francisco Marín Castán, no ha gustado ni a unos ni a otros. A fin de cuentas, un juez es alguien a quien no le agrada que le digan lo que tiene que hacer, y la cúpula prefiere ir a un Pleno para nombrar al sustituto. Las ambiciones de poder, las mezquindades, las rencillas y los odios enconados entre magistrados vienen a sumarse al gallinero en que se ha convertido la Justicia. La silla de Lesmes es apetitosa y cada cual va a jugar sus cartas hasta apoderarse de ella, haciendo prevalecer sus intereses personales sobre la razón de Estado. El debate se centra en la fórmula para reemplazar al dimitido presidente, una cuestión que ha puesto encima de la mesa el sector progresista. El próximo jueves tendrá lugar una reunión a cara de perro, si tenemos en cuenta que la negociación está atascada y ambos bandos, juristas de derechas y de izquierdas, siguen siendo el espejo en el que se reflejan fielmente las pugnas políticas entre PSOE y PP. A esta hora, y pese a las declaraciones bienintencionadas de Bolaños y del negociador popular González Pons que apuntan a un final feliz de las conversaciones, la sensación que queda es que los peones togados de Feijóo siguen bloqueando entre bambalinas la renovación exigida por la Constitución. El pueblo está escamado tras años de compadreos y sospecha que en el Partido Popular están deseando que se vuelen todos los puentes, una vez más, para continuar con una situación de bloqueo que electoralmente les beneficia pero que para España es un auténtico desastre.
