Un país puede emerger y establecer una cuota estable de crecimiento económico y social a pesar de que una parte de la clase política se empeñe en no ver los hechos y mantener la estrategia de llevar la anécdota a crisis nacional.
Esto, tal y como se puede comprobar con los análisis de los principales organismos internacionales, es lo que está sucediendo en República Dominicana. Mientras el resto del mundo avala y reclama que el “nuevo estilo de gobernar” o modelo de gobierno aplicado por Luis Abinader continúe otros cuatro años más, el líder de la oposición, Leonel Fernández, está reclamando lo contrario.
El proyecto de Leonel y de Fuerza del Pueblo es visto con recelo desde los organismos internacionales porque temen un retroceso respeto a los avances logrados desde agosto de 2020 desestabilizarían la región, sobre todo tras la victoria electoral de determinadas fuerzas populistas.
Sin embargo, hay un punto en el que miran con detalle a República Dominicana desde los distintos lugares políticos globales: la lucha contra la corrupción que ha colocado al gobierno de Luis Abinader en un punto de vanguardia en una región azotada por esta lacra.
Las políticas anticorrupción puestas en marcha en esta legislatura han sido avaladas tanto por el gobierno de los Estados Unidos, con su presidente Joe Biden a la cabeza, como por organizaciones independientes como Transparencia Internacional. Sólo Leonel Fernández, quien fue responsable de la implantación de un régimen político basado en la corrupción, la impunidad y el clientelismo, se opone porque ve una realidad que él desconoce: la de un país que se mueve por el efecto positivo de las acciones de gobierno y no por las mordidas o el enriquecimiento personal con el dinero público.
Hasta la fecha, más allá de declaraciones rimbombantes y un pequeño simulacro de arrepentimiento, Leonel Fernández está atemorizando al mundo. Los grandes inversores internacionales ven en la región de Centroamérica-Caribe una gran oportunidad de crecimiento en sus diferentes sectores de negocio. Sin embargo, no van a acudir a países con inseguridad jurídica o económica, que es lo que creó Leonel cuando gobernó. No hay más que recordar cómo en un caso de corrupción intentó engañar hasta al propio Fondo Monetario Internacional.
Leonel Fernández se está presentando ante la ciudadanía dominicana como el paladín de algo que no existe ni existió, lo que le resta legitimidad. Desde un punto de vista ético, político y humano, el líder de la oposición dominicana está totalmente deslegitimado a decir lo que dice a través de los medios de comunicación mientras no se dirija al pueblo con un mensaje de rendición de cuentas. Lo que hizo durante sus 12 años de mandato no se cura con una frase como «los errores del pasado no volverán a repetirse». Sobre todo cuando aún mantiene a su lado a Félix Bautista, un hombre que fue sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por la corrupción con los fondos de la reconstrucción de Haití.
Leonel critica mucho las nuevas leyes de inteligencia del presidente Abinader, pero no asume responsabilidad alguna sobre sus acciones cuando era presidente. El líder de Fuerza del Pueblo está obligado, moral, ética, política y humanamente a explicar al pueblo cómo logró saber lo que se hablaba en el despacho político privado de Guillermo Moreno un sábado de la primavera del 2014. Lo de escuchar y espiar ilegalmente lo que Moreno contaba sobre corrupción a un periodista, posiblemente no hubiera pasado con la nueva Ley 1/24 sin conocerse ni si ser conocido por la Fiscalía de la República, al menos desde la ética legal.
Mientras Leonel no rinda cuentas, entre otras cosas, por Sun Land, Super Tucanos, Vagones del Metro de Santo Domingo, Odebrecht, Universidad de Haití, OPRET y Funglode, no tiene legitimidad para arremeter contra nadie ni, por supuesto, contra las medidas anticorrupción de Luis Abinader.
Los organismos internacionales saben quién es Leonel Fernández y saben quién es Luis Abinader. En las últimas semanas han dejado claro cuál es el camino a seguir para que cientos de miles de millones de dólares puedan llegar a República Dominicana. De otro modo, no lo harán.
