En la última reunión del Pleno del Consejo Nacional del Agua, la Dirección General del Agua presentó varias iniciativas legislativas a consulta, entre las que destaca una sobre la reutilización del agua que promociona y regula el uso de las aguas regeneradas procedentes de depuradoras, ante la que las organizaciones ecologistas se muestran en contra «pues supone un nuevo enfoque de oferta de agua que podría reducir los caudales circulantes por los ríos, ya que aspira a duplicar el volumen de agua reutilizada, de 400 a 800 Hm3/año». Además, a su juicio, «la iniciativa legislativa permite poner un precio al agua reciclada, lo que supondrá un posible ingreso adicional para los municipios concesionarios del agua doméstica, favoreciendo la mercantilización del recurso».
Consideran que las aguas procedentes de las depuradoras son recursos que actualmente cumplen funciones importantes en el dominio público hidráulico, «donde son necesarios para terminar el proceso de depuración, la recarga de los acuíferos, la contención frente a su salinización en zonas litorales o el mantenimiento del caudal ecológico de los ríos, y en muchas ocasiones son el único aporte a los humedales que se nutren de acuíferos sobreexplotados». Al tiempo, alertan de que en las zonas litorales, se podría llegar a la ausencia de caudales en marismas y estuarios fluviales, ecosistemas vitales para la fauna y flora acuática y zonas claves para la pesca.
Por ello aclaran que para asegurar que no se genera un efecto negativo sobre los ecosistemas, «el uso de las aguas regeneradas sólo puede sustituir, y no ser adicional, a las extracciones actuales de mejor calidad, liberando recursos hídricos en la cuenca para las funciones ecológicas y evitando el efecto rebote del aumento de consumo de agua en las cuencas».
Se regulan los sistemas electrónicos de control de los volúmenes de agua utilizados
Entre otros temas, también se ha presentado una propuesta de Orden de contadores (Proyecto de Orden por la que se regula los sistemas electrónicos de control de los volúmenes de agua utilizados) que pretende avanzar hacia el control mediante la digitalización de los aparatos de medida, el control en tiempo real y las herramientas de colaboración con los usuarios, haciéndoles partícipes del autocontrol.
Según las organizaciones ecologistas, «esta iniciativa es positiva aunque no suficiente, si no se avanza igualmente en el control efectivo y la sanción de las extracciones ilegales, que pueden constituir un elevado porcentaje de las extracciones de las aguas subterráneas» y que, en su opinión, también deberían cuantificarse. En el mismo sentido, dicen, es importante garantizar la medición de la cantidad y calidad de los retornos de riego, unos caudales imprescindibles para asegurar el buen estado de los ecosistemas acuáticos.
Las organizaciones ha denunciado también que la extracción ilegal, sobre todo de aguas subterráneas, y la manipulación de contadores son un problema nacional que debe solucionarse con apoyo de las mejoras de la digitalización. Por ello, «este control con contadores es más fundamental si cabe en las aguas subterráneas, pues la decisión de extraer agua es de cada usuario en particular y no está controlada mediante un grifo por parte de la Administración del agua o los responsables de las comunidades de regantes». En este sentido recuerdan que los marcos de actuación aprobados o en preparación «no tendrán ninguna posibilidad de éxito si no se ataja en primer término el problema de la extracción ilegal del agua, y para ello es crucial la implicación y actuación ambiciosa de las autoridades competentes así como la coordinación con las administraciones agrarias»
«La Administración del agua no cuenta con medios personales ni los recursos suficientes para hacer el seguimiento»
Aunque las ONG valoran positivamente el avance planteado sobre el control de los aparatos de medida, advierten de que «la Administración del agua no cuenta con medios personales ni los recursos suficientes para hacer el seguimiento». Por otro lado, afirman que «delegar la competencia a las Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas (CUAS) crea desconfianza, debido al alto nivel de ilegalidad existente en la actualidad y que no han denunciado ni controlado por los propios usuarios legales».
Por último, en esta reunión, las organizaciones ambientales han manifestado al MITECO su deseo de que mejore «el funcionamiento y la eficacia del Consejo Nacional del Agua en la toma de decisiones relacionadas con la gestión hídrica». Estas organizaciones abogan por que el Consejo sea «un órgano realmente participativo de la sociedad civil organizada, que permita incorporar la representación de la comunidad científica, así como a otros usuarios e intereses distintos a los usuarios consuntivos tradicionales, y equilibrar así la actual mayoría de Administraciones Públicas». Solo así, creen, que podrán alcanzarse acuerdos, «lo más amplios posibles, sobre la base de discusiones y grupos de trabajo técnicos que aborden con tiempo suficiente el análisis de las propuestas de las administraciones en relación con el agua».
Las organizaciones han solicitado, asimismo, que en las reuniones del Consejo se incluya un punto fijo en el orden del día para el seguimiento de la ejecución y situación de los planes de cuenca y sus programas de medidas, que permita, como en otros ámbitos de planificación y comités participativos, aplicar el concepto de evaluación y mejora continua.
