En un despliegue masivo de descontento ciudadano, Argentina ha sido testigo de una ola de protestas sin precedentes en la era de Javier Milei, presidente desde hace apenas 45 días. La movilización, que ha marcado la primera huelga general desde 2019, atrajo a decenas de miles de personas en todo el país, con una concentración particularmente grande en Buenos Aires, donde se estima que cerca de 600.000 individuos tomaron las calles.
La agitación social, impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT), contó con el apoyo de diversos partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, incluyendo grupos de derechos humanos. El desencadenante de esta protesta ha sido el rechazo a las políticas del gobierno de Milei, particularmente su enfoque ultraliberal y las reformas propuestas, que han sido interpretadas por muchos como un desmantelamiento del estado argentino. Este sentir se reflejó claramente en el lema central de la protesta: «La patria no se vende».
La manifestación culminó en la Plaza del Congreso, un lugar emblemático y simbólico para la política argentina. Allí, líderes sindicales pronunciaron discursos enérgicos, prometiendo continuar la lucha contra las políticas del gobierno. La jornada transcurrió mayormente sin incidentes significativos, y aunque las cifras de participación varían —la CGT estima 600.000 personas, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires 130.000, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, 40.000—, lo cierto es que la protesta ha marcado un hito en la historia reciente de movilizaciones en Argentina.
Este gran pulso entre el sindicalismo argentino y el Gobierno de Milei se produce en vísperas del debate sobre la ley ómnibus, «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos», programado para la próxima semana en la Cámara Baja. La jornada de huelga y protesta refleja un momento crítico en la política argentina, resaltando las tensiones entre un gobierno de corte ultraliberal y sectores amplios de la sociedad que se oponen a su visión y métodos.
