Tal y como hemos publicado en Diario16, el día 1 de junio de 2017, sólo cinco días antes de la resolución del Banco Popular, Emilio Saracho recibió un correo electrónico en el que se incluía un archivo adjunto que recogía una carta a enviar a Danielle Nouy, presidenta del Mecanismo Único de Resolución (MUR). El encabezamiento de ese documento señala con claridad y en mayúsculas que «parte del contenido de esta nota puede ser conveniente decirlo verbalmente», es decir, no dejar pruebas del mismo.
«El banco está al borde de incurrir en riesgo moral al continuar aceptando depósitos del público que permiten a otros depositantes retirar sus fondos, a riesgo de nuevos participantes. En mayo (hasta el 30) el banco ha perdido depósitos por 4.600 millones de euros, pero la realidad es que las salidas han alcanzado el doble: 9.200 millones de euros. Entradas de 4,6 mm €, más el colchón de liquidez y medidas especiales de financiación han apoyado las salidas, a riesgo de los propietarios del resto de depositantes, con un colchón de liquidez menor. La situación fue similar en abril (salidas netas de 5.300 millones de euros, salidas brutas de 9.000 millones de euros y entradas brutas de 3.700 millones de euros)», afirma la carta.
Esta confesión, teniendo en cuenta, en primer lugar, que la crisis de liquidez fue la única causa de la resolución y, en segundo término, la intención de Saracho de «acojonar» al BCE, es muy importante, puesto que demuestra las graves consecuencias de la gestión del presidente que llevó a la sexta entidad financiera de España a ser resuelta y que provocó la ruina de más de 1,2 millones de personas.
El documento afirmaba que esta situación se estaba agravando por la alta concentración de depósitos en grandes cuentas: los 20 principales depositantes tenían cerca de 9.000 millones de euros, lo que, según Saracho, suponía aproximadamente 3 veces el colchón de liquidez del Popular. «Los dos mayores depositantes han superado nuestro colchón de liquidez en algunos días: si deciden retirar sus depósitos, no podríamos hacerlo, excepto solicitando ELA inmediata, lo que hemos hecho hoy», señala el documento. Esta situación planteada por Saracho, y ya analizada por el BBVA en sus informes del mes de mayo, se produjo, casualmente, en el primer día laborable tras la reunión del 3 de junio de 2017 en la que se inició el proceso de resolución.
Saracho informaba al BCE de que, a principios del segundo trimestre de 2017, 20.000 millones de euros, de un total de 76.000, estaban en manos de inversores institucionales o grandes empresas, «especialmente sensibles a los eventos de calificación, ciertamente peligrosos para un banco calificado como bono basura».
«Como consecuencia de la fuga de depósitos, nos vemos obligados a restringir el crédito a nuestros clientes para preservar la liquidez. Esto erosionará el valor de nuestra entidad al tiempo que atenta contra la razón principal que justifica la existencia del banco, absteniéndose de atender a nuestros clientes», señala el documento.
Por otro lado, Saracho volvía a insistir en una situación de déficit de capital, que estamos tratando de cuantificar, que se había desarrollado bajo el actual régimen de supervisión del que, normalmente, se esperaría que asumiera activos inmobiliarios o préstamos que «debiera ser consciente del riesgo de liquidez que representan los importantes depósitos institucionales».
Sin embargo, la realidad es que Saracho tenía 3.200 millones de euros de plusvalías latentes que podía utilizar para reforzarse, sin necesidad de acudir a los accionistas, tenía el Proyecto Sunrise, la venta de TotalBank o el interés por el 50% de Wizink. Sunrise lo descartó, el Plan de Capital no lo implementó en su totalidad y las ventas de activos no estratégicos se realizaron cuando el Popular ya era propiedad del Santander.
Por otro lado, según se indica en la carta, Saracho hacía una dura crítica a la normativa regulatoria que, según él, afectaba mucho al Popular. «La situación actual de la banca está generando riesgos que rápidamente se vuelven inaceptables para depositantes y accionistas. De hecho, hemos tenido la necesidad de solicitar a la Comisión Nacional de Valores (CNMV) la liberación de nuestro deber legal de hacer pública cualquier información privilegiada relevante. Si esa autorización hubiera sido denegada, o si se la niega si se la solicita nuevamente debido a nueva información relevante, nos enfrentaríamos al pánico bancario. También nos abstenemos de comunicar la evolución de los depósitos a las agencias de calificación, a pesar de sus solicitudes».
Saracho no duda en señalar que los riesgos del Popular en junio de 2017, además de los derivados la situación a la que había llegado gracias a su nefasta gestión, surgían «de la combinación de (i) falta de un mecanismo estructural adecuado para brindar liquidez para enfrentar la fuga de depósitos que está sufriendo el banco, y (ii) percepción del mercado de un déficit de capital, sumado a una pobre estructura de balance y bajos niveles de provisiones».
Carlos Sánchez Villar, exdirector de la Unidad de Vigilancia del Mercado de la CNMV, comparecerá mañana en el Juzgado Central Número 4 de la Audiencia Nacional, que preside el juez José Luis Calama, para explicar el descontrol existente en las posiciones bajistas detectadas en el Banco Popular desde el verano de 2016 hasta su desaparición en junio de 2017 y, en concreto, por qué se archivó la investigación sobre el crecimiento exponencial que registraron esas pociones en los últimos meses de la presidencia de Ángel Ron.
Con la comparecencia de Sánchez Villar, el juez Calama intenta averiguar el impacto que tuvo en la huida de accionistas la actuación de los fondos que tomaron posiciones bajistas en el Popular y precipitaron el hundimiento de la cotización.
El propio presidente de la CNMV en esa época, Sebastián Albella, declaró posteriormente que “no hubo ningún momento especialmente alarmante en que detectáramos actividad vendedora de cortos que nos llamara especialmente la atención». Esta actitud contrasta con la rápida intervención de la CNMV en el caso Liberbank, que sufrió un acoso bajista similar en fechas muy próximas, prohibiendo las pociones cortas en el banco y prorrogando esa suspensión hasta en dos ocasiones. Fuentes jurídicas consultadas señalan que el juez Calama va a pedir explicaciones sobre esta diferencia de actuación en dos casos tan similares.
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cómo poder explicar lo inexplicable yo creo que si el juez Calama analiza bien las tonterías que le van a decir mañana tendría ya que imputar a Albella , Buenafuente y a Sánchez Villar por permitir esos ataques de cortos gigantescos en el banco popular que no permitió con Liberbank
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En agosto de 2016, cuatro meses antes de que Ángel Ron dejase la presidencia del banco, las posiciones cortas suponían el 2% del capital el banco; en diciembre, cuando se va Ron, las posiciones bajistas habían ascendido al 8% del capital y un mes antes de la caída del banco esas posiciones superaban el 12%.
La CNMV, de la mano de Sánchez Villar, archivó la investigación que había abierto cuando se conocieron esos porcentajes al considerar que el mercado tenía suficiente información para operar y no era necesario intervenir en la negociación bursátil.
El Saracho inicia el fuego y después lo alimenta más y más, para luego lamentarse ante Danielle Nouy de que el incendio está consumiéndolo todo. Y encima le afea a ésta que las mangueras del BCE no admiten el caudal suficiente para controlar el incendio. Además está preocupado por el comportamiento moral que el banco está teniendo con los ahorros de los depositantes (conmovedor)… La verdad es que ya no sé en qué categoría clasificar a este personaje inscrito en el Registro Civil como Emilio Saracho Rodríguez de Torres.