Las principales organizaciones de familiares y usuarios de residencias para personas mayores y con discapacidad han llenado la Gran Vía de Madrid para exigir que «un nuevo modelo de residencias es posible». La marcha partió de la Plaza de España a las 18 horas.
La Plataforma Estatal denuncia que en este tipo de centros se están vulnerando derechos fundamentales y constitucionales de los residentes, además de los derechos laborales de los trabajadores de las residencias.
Fue durante la pandemia donde se descubrieron las graves deficiencias que sufren tanto las personas mayores o con discapacidad. Según las diferentes asociaciones de familiares y usuarios este es el punto de inflexión para que desde los diferentes gobiernos se cree un modelo de residencias diferente al actual.
Las diferentes asociaciones han reclamado el fin de las macro-residencias, un incremento sustancial de las ratio de personal y de las inspecciones, el fomento de una atención sanitaria verdaderamente pública, la construcción de más centros de titularidad pública y la mejora de la situación en que se encuentran los trabajadores.
Las competencias de las residencias está en manos de las comunidades autónomas. Por eso las asociaciones de familiares y usuarios reclaman nuevas normativas para cambiar el actual modelo de gestión a través de concesiones a grandes multinacionales privadas, varias de ellas ni siquiera españolas. Sin embargo, los manifestantes que han llenado la Gran Vía se temen que lo que los organismos autonómicos pretenden es precisamente lo contrario, es decir, la perpetuación de un modelo que ya se ha demostrado que es absolutamente ineficiente.
La pandemia mostró la verdadera cara de ese modelo de gestión de esas empresas privadas: en las residencias fallecieron más de 35.000 personas mayores, en muchos casos por culpa de protocolos en los que se negó a estas mujeres el traslado a un hospital.
Por otro lado, los familiares y usuarios de las residencias denuncian que llevan años denunciando la marginación y el ninguneo que por parte de las comunidades autónomas se les está infligiendo, puesto que no tienen participación en los foros institucionales donde se debería debatir y estudiar el nuevo modelo que reclaman.
Las exigencias de las diferentes asociaciones pasan por el incremento de la ratio de cuidadores de 43 por cada 100 residentes a 113, lo que garantizaría la presencia de 1 cuidador por cada 4 usuarios en los turnos de mañana y tarde y 1 por cada 10 en el turno de noche. También reclaman un incremento sustancial de las inspecciones de control y frenar la privatización del sector que están implementando las comunidades autónomas.
Además, las plataformas de usuarios y familiares reclaman el fin del espíritu del hacinamiento que se está implementando con la construcción de edificios de 120 plazas y sin habitaciones individuales. Por esta razón, exigen que los nuevos centros sean de 60 plazas con una habitación por usuario para preservar su derecho a la intimidad.
