Mientras muchos gobiernos, como en España, están intentando poner una tasa tributaria mínima para que los millonarios y las grandes compañías paguen una parte de los impuestos que les corresponderían, son los propios sistemas tributarios los que permiten que se produzca una elusión fiscal obscena por parte de esta minoría.
El límite de la impunidad con que afrontan los privilegiados sus obligaciones tributarias llega cuando utilizan los viajes que realizan en sus aviones privados y sus yates para evitar pagar una parte de sus impuestos. Es decir, en muchos países se están deduciendo esos viajes.
Las legislaciones tributarias, en muchos casos, permiten que se desgraven los gastos (o una parte de ellos) derivados de su actividad corporativa. Por tanto, dependiendo del país donde esté domiciliada la empresa, podrá deducirse un viaje en avión aunque haya sido por placer, dado que es muy difícil comprobar la finalidad real de ese traslado.
A esto ayuda que en muchos lugares los registros de los vuelos privados no sean todo lo exhaustivos que se esperan y no se puede determinar el número de pasajeros de un avión. Por ejemplo, un millonario se marcha con su familia de viaje de placer a Bahamas durante 15 días. Esa persona no tiene más que organizar un par de reuniones con otros ricos que estén por allí para justificar el objeto laboral del viaje y, por tanto, el coste del mismo se lo deduce en su declaración.
En Estado Unidos, por ejemplo, tras las reformas tributarias de Donald Trump que favorecían a los ricos y las grandes empresas, el precio de compra de un avión privado podía deducirse de la declaración de impuestos desde el primer año. A este beneficio se le llamó «bonificación de depreciación» y se aplica tanto para aviones nuevos como de segunda mano.
En septiembre de 2020, en plena pandemia del COVID-19, Ana Patricia Botín autorizó la compra a la filial Certidesa de un avión Bombardier para uso del banco y para alquilarlo a otras empresas o usuarios. Si esta compra la hubiera hecho a través de Santander Consumer USA, la entidad se habría podido desgravar el valor de la compra, estimada en más de 50 millones de euros.
