UGT y CCOO consideran inaceptable el Convenio suscrito el pasado miércoles, sin Diálogo Social, entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio Fiscal, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Trabajo y Economía Social para la Investigación Eficaz y Rápida de los Delitos contra la Vida, la Salud y la Integridad Física de los Trabajadores y la Ejecución de las Sentencias Condenatorias, y para la toma de Conciencia Social de este problema. La siniestralidad laboral es importante.
El Gobierno y Yolanda Díaz pasan de los sindicatos en siniestralidad laboral
Para la secretaria de Salud Laboral de UGT, Ana García de la Torre, que no se les haya “siquiera comunicado ni informado al respecto”, más aún cuando el sindicato ha reclamado en numerosas ocasiones la necesidad de “revisar y reactivar el Convenio sobre la materia firmado en 2007”, tanto ante la propia Fiscalía como ante el Ministerio de Trabajo, “resulta, cuanto menos, paradójico”.
En este sentido, Ana García de la Torre considera “un grave error” por parte del Gobierno, e “impresentable” desde el punto de vista institucional, no contar con la participación de los agentes sociales en la lucha contra la siniestralidad laboral. “Ya que somos parte de la solución porque, como sindicato, nuestra labor es velar por el respeto de los derechos de las personas trabajadoras y ayudar a las víctimas de los accidentes de trabajo”, ha señalado la responsable de Salud laboral.
La firma del convenio sin los sindicatos
A la firma de un convenio para “impulsar la investigación eficaz de delitos contra la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores” participaron el presidente del CGPJ, Rafael Mozo, la vicepresidenta segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, la ministra de Justicia, Pilar Llop, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz y un representante de una asociación de víctimas de accidentes de trabajo. Pero ningún representante de CCOO y UGT.
Los sindicatos son los representantes de los trabajadores
“Somos los representantes de las personas trabajadoras y contamos con más de 980.000 afiliados y afiliadas. La Constitución nos encomienda los intereses generales de los trabajadores y trabajadoras. Nuestra legitimidad procede de las elecciones que celebramos con carácter periódico en las empresas. Esto otorga nuestra representatividad. Defendemos los intereses del conjunto de los trabajadores en cualquiera de sus condiciones, trabajen o no, sean fijos o temporales. Defendemos a los trabajadores con carácter integral y no a un colectivo concreto”, ha recordado Ana García de la Torre.
Ley Orgánica de Libertad Sindical
Desde CCOO se ve en la lamentable obligación de recordarle al Gobierno, y en especial al Ministerio de Trabajo y Economía Social, que cuentan con un millón de cotizantes, que actualmente es el primer sindicato de este país con alrededor de 100.000 delegadas y delegados elegidos en las empresas, por lo que goza de la condición de sindicato más representativo a nivel estatal previsto en la Ley Orgánica de Libertad Sindical, y que la Constitución Española consagra a los sindicatos como organizaciones básicas para la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales de las personas trabajadoras.
Mantener al primer sindicato de este país ajeno a la presentación de la firma de un convenio de coordinación para mejorar la investigación de los accidentes de trabajo en este país es impresentable desde el punto de vista institucional. Pero también es lamentable desde el punto de vista práctico, ya que las delegadas y delegados sindicales presentes en los centros de trabajo deben ser una fuente de información de primera mano cuando se inicien investigaciones sobre los daños producidos con motivo de la actividad laboral.
El menosprecio a las organizaciones sindicales
Este menosprecio a las organizaciones sindicales es la última muestra del desinterés del Gobierno para abordar de manera urgente y enérgica el deterioro de la salud y la seguridad en el trabajo, uno de los principales problemas sociolaborales que sufre España en estos momentos. CCOO viene exigiendo desde hace meses la constitución de una mesa de diálogo social específica para atajar el aumento de la siniestralidad: 2021 se cerró con más de 600.000 accidentes de trabajo con baja de los que 741 fueron mortales, y en 2022 se están experimentando unos incrementos del 12,6% en el caso del conjunto de los accidentes y del 18,2% en el caso de los mortales. De mantenerse esta tendencia, 2022 podría cerrarse con 875 muertes en el trabajo cuando contemos con datos consolidados. En términos absolutos, habría que remontarse a 2008 para encontrar un año con un mayor número de accidentes mortales.
Prevención de las enfermedades profesionales
Tampoco la prevención de las enfermedades profesionales ha experimentado un impulso en el último periodo. La trasposición de las modificaciones de la Directiva de Cancerígenos y Mutágenos se ha realizado con retraso y de manera mecánica, trasladando de manera literal los textos aprobados en las Directivas o respetando a duras penas y tras la presión sindical los niveles de protección ya existentes en España, pero sin incorporar avances necesarios, como el establecimiento de un registro de personas trabajadoras expuestas a sustancias cancerígenas que pudiera hacer efectivo el derecho a la vigilancia de la salud post ocupacional a este colectivo.
Y el próximo 6 de febrero se cumplirá el quinto aniversario del incumplimiento del plazo máximo trasposición de la Directiva de Radiaciones Ionizantes, cuyo último borrador que hemos conocido deja a este riesgo fuera del ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo, con la consiguiente desprotección de trabajadores y trabajadoras. Por no hablar del recientemente conocido veto del Gobierno a la aprobación de una enmienda en la Ley de Presupuestos Generales del Estado que estableciera la exención fiscal de las indemnizaciones del Fondo de las víctimas del amianto, que dinamita por completo la eficacia de este instrumento.
Exigen a Yolanda Díaz que acaba con esta incción
Desde CCOO exigen al Gobierno, y en concreto al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que acabe con esta situación de inacción en lo relativo a la prevención de riesgos laborales y que empiece demostrándolo de dos maneras: impulsando el desbloqueo de una vez por todas de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022-2027, demasiados meses postergada. Y teniendo en cuenta a los sindicatos más representativos en todas aquellas cuestiones vinculadas a la salud laboral, incluido el convenio firmado ayer.
En relación con este nuevo Convenio, vuelve a ponerse de relieve el grave problema de la siniestralidad laboral en nuestro país, calificándolo como “drama social y humano”, requiriendo la acción de las administraciones públicas para conseguir “acabar con esta lacra y evitar la impunidad de sus responsables”, de la misma forma que se recogía en el anterior Protocolo Marco de 2007. Cinco años después de su firma, continúa vigente el mismo problema.
Es imprescindible abrir una mesa de diálogo social ya sobre siniestralidad laboral
UGT reclama al Gobierno la necesidad de abrir una mesa de diálogo social en materia de siniestralidad laboral para acordar medidas urgentes que pongan fin a esta situación. A través de esta mesa, se debe articular un Plan de choque contra la siniestralidad laboral de forma inmediata, que incluya la reducción de la incidencia de los riesgos psicosociales entre la población trabajadora, ya que la primera causa de muerte durante la jornada de trabajo son los infartos y derrames cerebrales, patologías asociadas a este tipo de riesgos laborales.
Para la secretaria de Salud Laboral de UGT, Ana García de la Torre es igualmente imprescindible dotar a la Inspección de Trabajo de mayores recursos, tanto humanos como materiales. Todo ello con el fin de vigilar y controlar el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. Además de aumentar los medios a la Fiscalía especializada en siniestralidad laboral para que investigue y depure responsabilidades. No podemos consentir que estas muertes queden impunes.
